(LifeSiteNews/InfoCatólica) Más de sesenta líderes e influencers provida y conservadores de Estados Unidos quieren que se pongan sobre la mesa sanciones penales para quienes provocan abortos. Impulsada por Seth Gruber y la organización White Rose Resistance, la «Declaración en favor de la protección de la igualdad de derechos» sostiene que el crecimiento de los fármacos abortivos ha socavado las leyes provida de los estados.
Entre los firmantes figuran la exactivista del aborto Abby Johnson, la nadadora Riley Gaines, la comentarista de Turning Point USA Alex Clark y numerosos pastores protestantes, que defienden que las penas contra quienes abortan son necesarias para detener la matanza de niños inocentes. «La igualdad de protección exige que cualquiera que consciente y voluntariamente quite la vida a un niño no nacido —ya sean autores principales, cómplices o coconspiradores— esté sujeto a responsabilidad legal», declara la resolución.
Al mismo tiempo, el texto deja margen a la discrecionalidad judicial, al afirmar: «Las leyes justas distinguen entre quienes actúan por ignorancia, miedo o coacción y quienes actúan con pleno conocimiento, voluntad e intención.» La declaración formula dos resoluciones firmes: afirmar el principio de igual protección para el niño no nacido, reconociendo que las mismas leyes que protegen a las personas ya nacidas de la violencia deben amparar a los no nacidos, y reclamar a los legisladores que supriman las inmunidades legales que permiten la muerte intencionada de niños no nacidos y que promulguen leyes que ofrezcan plena e igual protección desde el momento de la fecundación.
El telón de fondo: el aborto químico
Entre los firmantes destacados figuran también Mark Lee Dickson, fundador de Ciudades Santuario para el No Nacido; Trevor y Christen Pollo, de Protect Life Michigan, y Catherine Short, fundadora de Life Legal Defense Foundation, así como influencers conservadores como Allie Beth Stuckey, Eric Metaxas, Kaitlin Bennett y Maison Dechamps, conocido como «Pro-Life Spiderman».
La petición de penalizar el aborto llega en el contexto de un nuevo informe de la Society for Family Planning, que cifra en torno a 1,13 millones los abortos cometidos en Estados Unidos en 2025. De ellos, unos 180.000 se realizaron ilegalmente en estados con legislación provida, según el propio análisis de ese grupo abortista. La declaración despertó el interés del New York Times, que la contrapuso a la posición predominante entre los activistas provida, contraria a procesar a las mujeres por abortar, y constató que «un número creciente de líderes conservadores empieza a defender que la única forma de impedir que las mujeres pongan fin a sus embarazos podría ser detenerlas».
Una propuesta que divide
El diario señala que la idea ha sido criticada por algunos directores de centros de ayuda al embarazo, que temen que las mujeres acudan menos a ellos por miedo a ser procesadas, y rechazada por los operadores de abortorios. Dos importantes organizaciones provida mantienen su postura contraria a las penas. «No apoyamos una legislación que imponga penas a las mujeres y las exponga a la pena de muerte. Ninguna ley provida de ningún estado hace eso, y eso no va a cambiar», declaró al Times Kelsey Pritchard, directora de comunicación de Susan B. Anthony Pro-Life America. «Mi mensaje es: “ahora no”, pero no digo “nunca”», matizó Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America.
Otros, en cambio, se muestran entusiastas con la idea. «Estoy increíblemente orgullosa de aparecer mencionada en este artículo del NYT», escribió Alex Clark en X. «Absolutamente a todo vapor con la criminalización del aborto.» El intercambio refleja la tensión, no siempre fácil, entre la afirmación plena del derecho a la vida desde la concepción y la prudencia pastoral hacia mujeres frecuentemente presionadas o engañadas.
