(InfoCatólica) El secretario general de la CEE, monseñor César García Magán, ha negado de forma categórica que la Santa Sede haya suscrito el acuerdo sobre la llamada «resignificación» del Valle de los Caídos, contradiciendo así las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien aseguró esta semana que el pacto se alcanzó «con el cardenal Cobo y con el Vaticano».
Sin embargo, la correspondencia entre Bolaños y el Cardenal José Cobo, a la que ha tuvo acceso Religión Confidencial, revela que las negociaciones se desarrollaron con conocimiento y coordinación directa de la Secretaría de Estado vaticana.
El desmentido formal de García Magán
Las declaraciones de García Magán, obispo auxiliar de Toledo, se produjeron al término de la 129.ª Asamblea Plenaria de la CEE, celebrada del 20 al 24 de abril en Madrid. «El Vaticano no ha sido firmante, no ha habido ningún representante del Vaticano que haya firmado», reiteró en varias ocasiones ante los periodistas.
El secretario general quiso además deslindar la responsabilidad de la Conferencia Episcopal en el asunto: «En la CEE no tenemos competencia en este asunto», afirmó, recordando que la institución «no es un órgano superior de los obispos, sino un órgano de coordinación».
En el mismo sentido, calificó como «magnífico» el discurso inaugural pronunciado el lunes por el presidente de la CEE, monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, en el que instó «al Gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de Cuelgamuros [sic] a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes que, además, sea un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro».
Las cartas que complican el desmentido
La afirmación de García Magán es formalmente exacta: no consta firma vaticana en ninguno de los documentos intercambiados entre Bolaños y el Cardenal Cobo. Pero la correspondencia publicada por Religión Confidencial muestra una implicación directa de la Santa Sede en el proceso.
En su carta del 4 de marzo de 2025, Bolaños escribe al Cardenal Cobo que ha mantenido conversaciones «tanto con usted como con el cardenal Parolin» sobre el futuro de la basílica. La respuesta del arzobispo de Madrid, fechada al día siguiente, es aún más explícita: Cobo afirma que la interlocución se estableció «bajo la coordinación de la Santa Sede» y que el contenido de la carta de Bolaños fue comunicado a la Secretaría de Estado vaticana, «después de varias reuniones y de sus conversaciones con el Cardenal Parolin».
A esta correspondencia le acompaña un documento titulado «Términos del Acuerdo», firmado por separado por el ministro y por el Cardenal Cobo, en el que se definen los espacios de la basílica susceptibles de intervención. Ahí sí, solo está la firma de Cobo. Una firma recurrida por los benedictinos, porque si Cobo no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre el asunto.
Más aún: el primer comunicado de la Archidiócesis de Madrid, del 26 de marzo de 2025, se refirió al pacto como «el acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno de España» e indicó que «cualquier otro aspecto relacionado con la resignificación es competencia exclusiva de la Santa Sede y el Gobierno, que son las partes que han llevado a cabo las negociaciones». El segundo comunicado, del 16 de abril, mencionó «notas pro memoria de las reuniones celebradas en Roma entre el Gobierno de España y la Santa Sede».
En otras palabras: la propia Archidiócesis de Cobo atribuyó a la Santa Sede un papel de parte negociadora antes de que García Magán, semanas después, negara toda participación vaticana.
Qué prevé el acuerdo firmado
Según los «Términos del Acuerdo» publicados por Religión Confidencial, se conservará como espacio destinado al culto «la zona que ocupa el Altar y las bancadas adyacentes». El resto de espacios interiores de la basílica (vestíbulo, atrio, nave desocupada y cúpula) se consideran «no destinados al culto» y podrán ser objeto de «intervenciones de naturaleza artística y museográfica».
El documento prevé además que el acceso al espacio de culto será independiente, por la entrada principal, y que el jurado del concurso internacional de ideas contará con un miembro propuesto por la Iglesia. Ese representante fue el sacerdote Daniel Escobar Portillo, delegado de Liturgia de la Archidiócesis de Madrid, según la información trasladada por Bolaños a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
No obstante, el segundo comunicado del Arzobispado (16 de abril) amplió las líneas que debían respetarse, incluyendo «el mantenimiento de las capillas con sus símbolos religiosos y espacios litúrgicos» y señalando que «la intervención museográfica y artística debe respetar las capillas y los símbolos religiosos existentes en ellas». La diferencia entre lo firmado y lo reclamado después por la Archidiócesis resulta significativa.
La basílica sigue vigente canónicamente
García Magán subrayó que «la basílica de la Santa Cruz sigue siendo basílica, por lo que la legislación canónica sigue estando vigente», dando a entender la obligación de respetar la integridad del templo consagrado. La calificación de la cúpula como espacio «no destinado al culto» en los Términos del Acuerdo ha suscitado objeciones entre canonistas consultados.
El propio Cardenal Cobo, en la presentación de la Memoria de Actividades de la Provincia Eclesiástica de Madrid en noviembre de 2025, definió su papel como el de «facilitador del diálogo» y «defensor de los bienes religiosos», subrayando que el actor principal ha sido el Gobierno, que «lanza el proyecto, marca los tiempos y las formas». Cobo recordó entonces que los monjes benedictinos son «soberanos» en su abadía y que cualquier modificación en la basílica debe ajustarse a los acuerdos con la Santa Sede.
Argüello señala las prioridades del Gobierno
En su discurso del lunes ante la Asamblea Plenaria, monseñor Argüello fue más allá del llamamiento al acuerdo. El presidente de la CEE enmarcó la cuestión del Valle en una crítica más amplia a las relaciones con el Gobierno, al señalar que, entre todos los temas tratados con el Ejecutivo (inmigración, vivienda, educación), «el interés prioritario de este Gobierno, el único en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos».
La formulación de Argüello, al hablar de «forzar acuerdos» y pedir uno «razonable y satisfactorio», sugiere que el presidente de la CEE no considera plenamente satisfactorio el marco negociado por el Cardenal Cobo, a pesar de que este estaba sentado a su derecha durante el discurso.
El Gobierno prevé iniciar obras en junio
En paralelo al desmentido de los obispos, el Gobierno ha anunciado que prevé presentar en junio el proyecto de urbanización vinculado a las obras de «resignificación». El calendario coincidiría con el viaje apostólico del Papa León XIV a España, previsto entre el 6 y el 12 de junio, con visitas a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, avanzó estos planes durante una jornada organizada en el Congreso de los Diputados por la Plataforma por la Comisión de la Verdad. Martínez reconoció que el Gobierno da por hecho que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, gobernado por PP y Vox, intentará obstaculizar la intervención urbanística. «Pero iremos directamente a una de las facultades que tiene el Consejo de Ministros para que nadie obstaculice las obras del proceso de resignificación», adelantó.
El secretario de Estado anunció también que el Consejo de Ministros podrá aprobar en los próximos días el decreto relativo al banco de ADN previsto en el artículo 23 de la Ley de Memoria Democrática, una base de datos estatal adscrita al Ministerio de Justicia para almacenar perfiles genéticos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, así como de personas afectadas por el llamado «robo de bebés», con el fin de facilitar la identificación de restos humanos.
