(InfoCatólica) El Parlamento de Portugal ha aprobado una ley que prohíbe exhibir banderas «ideológicas, partidistas o asociativas» en todos los edificios de carácter público del país. La medida, que afecta entre otras a la enseña del colectivo LGTBIxyz…, obliga a las instituciones a retirar cualquier símbolo no oficial en un plazo de 30 días desde la publicación de la norma.
Una prohibición de amplio alcance material
El proyecto, de autoría del democristiano CDS-Partido Popular, fue aprobado el viernes 17 de abril en votación final global con los votos favorables del conservador Partido Social Demócrata (PSD), el Chega (derecha soberanista) y el propio CDS-PP. La Iniciativa Liberal se abstuvo, mientras que el Partido Socialista, el PAN, Livre, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués votaron en contra.
La norma prohíbe expresamente la exhibición de banderas de movimientos ideológicos, partidistas o de protesta, de asociaciones civiles o privadas (aunque estén legalmente constituidas), de clubes deportivos y de causas circunstanciales. También veta las insignias de origen extranjero, con la única excepción de los actos diplomáticos o protocolarios. En la práctica, según la agencia Lusa, la medida impide el izado de la bandera LGTBI en edificios oficiales al no tratarse de un símbolo institucional reconocido.
El alcance territorial de la ley es amplio: comprende edificios públicos, monumentos, mástiles, fachadas e interiores de uso oficial a todos los niveles de la administración, desde los órganos de soberanía y la administración central hasta las regiones autónomas, las entidades locales, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad, los institutos y empresas públicas y las escuelas públicas del país.
La neutralidad del Estado como argumento central
En la exposición de motivos, el CDS-PP justifica la iniciativa alegando que diversas entidades públicas venían izando banderas «no institucionales, asociativas, reivindicativas, ideológicas o de naturaleza circunstancial» en edificios oficiales, una práctica que, según los autores del proyecto, carece de respaldo legal y «hiere el principio de neutralidad del Estado». Los parlamentarios del partido subrayan que la medida no pretende limitar la libertad de expresión de ciudadanos ni de entidades privadas en el espacio público general, sino «preservar la identidad representativa institucional, la imparcialidad política y el respeto por los símbolos del Estado».
Régimen sancionador y excepciones
El incumplimiento de la norma acarrea sanciones económicas escalonadas según la intencionalidad: entre 200 y 2.000 euros en casos de negligencia, y entre 400 y 4.000 euros cuando medie dolo. A estas multas pueden sumarse sanciones disciplinarias o administrativas. La responsabilidad de garantizar el cumplimiento recae sobre las entidades gestoras de cada espacio.
La legislación excluye de su ámbito de aplicación los espacios privados (incluso los abiertos al público), los eventos de carácter cultural, deportivo o asociativo que «no impliquen representación oficial del Estado» y las ceremonias diplomáticas sujetas a protocolo internacional.
La ley entrará en vigor 30 días después de su publicación oficial en el Diário da República, plazo durante el cual las instituciones afectadas deberán adaptarse y retirar cualquier símbolo no conforme.
