(NCRegister/InfoCatólica) El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el 14 de abril un informe de más de 800 páginas que documenta cómo la administración Biden instrumentalizó la legislación federal para perseguir a activistas y organizaciones provida. El documento forma parte de un panorama más amplio en el que el movimiento provida estadounidense acumula victorias judiciales y denuncia el uso del poder del Estado en favor de la industria abortista.
Biden «utilizó como arma» la ley federal contra el movimiento provida
El informe detalla cómo el Departamento de Justicia bajo la administración Biden instrumentalizó la Ley de Libre Acceso a las Clínicas (FACE Act) en perjuicio de los activistas provida, llegando a colaborar con grupos proaborto para perseguirlos. Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia, este organismo «solicitó activamente a grupos proaborto información sobre los desplazamientos y la actividad de defensa constitucionalmente protegida de personas provida».
«El Departamento de Justicia de Biden y sus fiscales de carrera vigilaron a activistas provida durante años antes de acusarlos formalmente», subraya el comunicado. El informe añade que «los fiscales retuvieron deliberadamente pruebas que la defensa había solicitado para preparar sus alegatos, intentaron excluir a jurados por motivos religiosos y autorizaron tácticas de arresto agresivas en lugar de permitir que los acusados provida se entregaran voluntariamente».
La administración Biden también «ayudó a un grupo proaborto a obtener financiación» e «impulsó penas significativamente más severas para los acusados provida que para los acusados proaborto violentos», según el departamento.
«Ningún departamento debe llevar a cabo acusaciones selectivas basadas en las creencias de las personas», declaró el fiscal general en funciones Todd Blanche.
Demanda en Arkansas contra las leyes que protegen a los niños por nacer
Seis mujeres y el obstetra-ginecólogo Chad Taylor interpusieron una demanda contra las leyes de Arkansas que protegen a los niños por nacer, alegando su inconstitucionalidad. En una moción del 9 de abril, dos mujeres más se sumaron a las cuatro iniciales solicitando al tribunal que suspendiera dichas leyes mediante una medida cautelar preliminar.
La moción de 75 páginas, presentada por Amplify Legal —el brazo litigante de Abortion in America—, alega que las leyes provida son inconstitucionales según la Constitución estatal y que «carecen de cualquier relación racional con la protección de la vida, la salud o cualquier otro interés legítimo del Estado». La demanda se inició el 2 de febrero e incluye testimonios de mujeres a quienes se negó un aborto en Arkansas, entre ellos casos de embarazo ectópico, malformaciones fetales graves y concepciones por violación. La ley de Arkansas permite el aborto cuando la vida de la madre corre peligro en una emergencia médica, y todos los estados de EE.UU. permiten el aborto cuando la vida de la mujer está en riesgo.
Más de 70 organizaciones provida exigen al DOJ que deje de proteger la industria del aborto farmacológico
Más de 70 organizaciones provida dirigieron el 13 de abril una carta al fiscal general en funciones Todd Blanche urgiéndole a «dejar de ponerse del lado de la industria del aborto farmacológico en contra de los estados provida». La carta subraya el daño causado por la política federal que permite el envío por correo de fármacos abortivos, tanto a las mujeres como a la integridad de las leyes estatales.
Luisiana, Florida, Texas, Misuri, Idaho y Kansas demandaron a la FDA en tres casos separados para proteger a sus ciudadanos de los daños de los fármacos abortivos y frenar políticas que menoscaban sus leyes estatales. El Departamento de Justicia desestimó los tres casos.
«Trágicamente, hasta la fecha, este Departamento de Justicia ha minimizado los daños del aborto por correo y ha pedido que cada caso sea suspendido o incluso desestimado por completo», denuncia la carta. «Cuando los fármacos abortivos están disponibles por correo, no hay rendición de cuentas, las leyes estatales quedan sin efecto y las mujeres y las jóvenes resultan perjudicadas. Es un camino dañino y políticamente peligroso», continúa.
«El Departamento de Justicia y la FDA tienen la autoridad y el deber de actuar de inmediato. Los votantes de todos los sectores lo apoyan decididamente y la base del Partido Republicano lo exige», declaró Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America.
Un juez federal declara inconstitucional la ley de Oregón que obliga a los seguros a financiar abortos
El juez Mustafa Kasubhai, del Tribunal de Distrito Federal de Oregón, dictó un fallo provisional que declara inconstitucional la ley estatal que obliga a los planes de seguro médico a cubrir los abortos y los anticonceptivos, al considerar que viola los derechos constitucionales de Oregon Right to Life, organización defensora de la vida. El fallo completo no estará disponible antes de al menos una semana.
La resolución determina que la Ley de Equidad en Salud Reproductiva de 2017 de Oregón no puede aplicarse a Oregon Right to Life. Dicha ley obliga a todas las aseguradoras a no imponer franquicias, copagos ni ningún otro requisito de contribución al coste por anticonceptivos y abortos, y contempla una exención por creencias religiosas pero no por objeción de conciencia.
Oregon Right to Life demandó en 2023 alegando que, aunque no reunía los requisitos para la exención religiosa, la ley vulneraba sus derechos recogidos en la Primera Enmienda. En 2024, otro juez federal excluyó a la organización de la exención por no ser una entidad religiosa; el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revirtió esa decisión en 2025.
«Una victoria para todos los oregonianos provida», declaró Lois Anderson, directora de Oregon Right to Life.
