(Crux/InfoCatólica) El arzobispo Joseph Arshad, de la diócesis católica de Islamabad-Rawalpindi, ha manifestado una profunda preocupación y alarma ante una reciente resolución de la Corte Federal de la Sharía que ha dado por válido el matrimonio forzado de una niña cristiana de 13 años con un musulmán. La reacción de la Iglesia no responde a una mera impresión subjetiva, sino a la gravedad objetiva de un caso que afecta a la protección de los menores y a la seguridad jurídica de las comunidades más vulnerables.
Según la legislación paquistaní, la edad legal para consentir matrimonio es de 18 años. Sin embargo, el tribunal, creado en 1980 para revisar si las leyes del país se ajustan a los principios islámicos, ha respaldado en este caso un matrimonio que, a juicio de los obispos y de otros dirigentes religiosos y civiles, contradice resoluciones anteriores y puede sentar un precedente sumamente peligroso.
La menor, natural de Lahore, fue dada por desaparecida en junio de 2025. Su padre, Masih Shahbaz, sostiene que fue secuestrada y manipulada por Shehryar Ahmad, un mecánico de la zona. A pesar de que ante el tribunal se presentaron documentos oficiales de nacimiento que indicaban que la niña tenía 13 años en el momento de su desaparición, un panel de dos jueces mantuvo la validez del matrimonio.
La corte calificó de «poco fiables» los documentos oficiales del Gobierno y prefirió aceptar la versión de la parte demandada, según la cual la menor había alcanzado una «edad madura» y se habría convertido al islam voluntariamente. Precisamente ahí radica una de las mayores inquietudes de la Iglesia: que interpretaciones religiosas o apreciaciones subjetivas terminen imponiéndose sobre el registro civil y sobre las leyes destinadas a proteger a los menores.
Mons. Arshad fue tajante al valorar lo sucedido. «Esta situación es profundamente preocupante», afirmó. Y añadió que «la aparente inconsistencia en la aplicación de las leyes diseñadas para proteger a los menores socava la confianza en el sistema judicial y suscita graves preocupaciones sobre la seguridad y la dignidad de las comunidades vulnerables».
El arzobispo insistió en que estos casos deben abordarse estrictamente de acuerdo con la ley del país, que establece con claridad los 18 años como edad mínima para el matrimonio. Expresó además su preocupación porque las salvaguardas legales previstas para proteger a los niños no se están aplicando de manera coherente.
Asimismo, reiteró el compromiso de la Iglesia de defender la justicia, la dignidad y la igual protección de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. También pidió a las autoridades competentes que adopten medidas inmediatas y eficaces para garantizar la protección de los menores, respetar las garantías constitucionales y cumplir los compromisos internacionales de Pakistán en materia de derechos humanos.
La Conferencia Episcopal Católica de Pakistán y la Comisión Nacional episcopal de Justicia y Paz difundieron también una declaración conjunta en la que advirtieron que los casos que afectan a niñas cristianas secuestradas están siendo juzgados de una manera incompatible con la legislación vigente. En ese texto señalaron: «Los tribunales no están aplicando de manera coherente la legislación que prohíbe el matrimonio de cualquier persona menor de 18 años». Y añadieron: «Esta aplicación selectiva de la ley es profundamente preocupante».
Los obispos subrayaron además que, aunque la independencia judicial debe ser respetada, los tribunales tienen igualmente la obligación de garantizar que las acusaciones de conversión forzada y matrimonio de menores sean investigadas de forma transparente, imparcial y plenamente conforme tanto a las protecciones constitucionales como a los estándares internacionales de derechos humanos. No basta, por tanto, con invocar la autonomía de los jueces si las menores quedan desamparadas ante decisiones que consagran la injusticia.
La reacción no ha procedido solo de la Iglesia. Organizaciones de derechos de la mujer y de derechos humanos, entre ellas Minority Rights March, Aurat March y Minority Forum Pakistan, celebraron una protesta y una rueda de prensa en el Karachi Press Club contra la decisión del tribunal relativa a la hija del señor Shahbaz.
Según lo difundido, esas organizaciones pidieron a las autoridades competentes que revisen el fallo y defiendan los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos, sin distinción de fe. Los participantes reclamaron una revisión del veredicto, expresaron un profundo dolor y una viva indignación por la sentencia y recordaron que la niña es víctima de secuestro y de matrimonio infantil, por lo que ahora se enfrenta al riesgo de sufrir daños todavía más graves.
Los manifestantes advirtieron que la resolución socava en la práctica las leyes contra el matrimonio infantil y puede tener consecuencias de gran alcance para las niñas menores de edad en todo el país. También reclamaron que la decisión sea retirada y urgieron a las instituciones del Estado a actuar, alertando de serias repercusiones si no se adopta ninguna medida.
Los participantes sostuvieron además que el fallo contradice sentencias anteriores, incluidas algunas de la propia Corte Federal de la Sharía, y que su peligro no afecta solamente a las niñas de las minorías religiosas, sino también a las musulmanas. De este modo, el caso ha dejado de ser visto como un episodio aislado para convertirse en una seria advertencia sobre la fragilidad de la protección jurídica de las menores en Pakistán.
En otra declaración, Mons. Arshad recordó un principio elemental de justicia al afirmar que «los tribunales tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que todas las acusaciones, especialmente las que implican conversión forzada y matrimonio de menores de edad, sean investigadas de manera transparente, imparcial y justa». La denuncia de los obispos paquistaníes, por tanto, no es un gesto retórico, sino un llamamiento urgente para que la ley proteja de verdad a las niñas y no las entregue, bajo apariencia de legalidad, a situaciones que claman al cielo.
