(EWTN/InfoCatólica) Aunque el Gobierno indio, de signo nacionalista hindú, estaba preparado para debatir el 1 de abril en el Parlamento una controvertida reforma sobre las donaciones extranjeras, la fuerte oposición dentro de la propia cámara, unida a las protestas públicas y a la intervención de dirigentes de la Iglesia, terminó obligándolo a aplazar la medida hasta la próxima sesión parlamentaria de julio.
La decisión del Ejecutivo del BJP de dar marcha atrás fue acogida con rapidez y satisfacción por la Conferencia Episcopal Católica de la India. La reacción no fue menor, porque la reforma afectaba a un asunto especialmente sensible para muchas diócesis, congregaciones y entidades caritativas: el acceso, la gestión y la continuidad jurídica de fondos procedentes del extranjero.
La Conferencia Episcopal había enviado el 31 de marzo una carta de protesta a Amit Shah, ministro del Interior de la India, que es además quien lleva este asunto. En esa carta se pedía que el proyecto fuese remitido a una comisión parlamentaria permanente para una consulta más amplia. El episcopado no reclamaba un mero retoque técnico, sino una revisión seria de un texto que consideraba cargado de riesgos.
El punto más grave de la reforma era la previsión de crear una autoridad gubernamental con capacidad para incautarse de propiedades compradas o desarrolladas con fondos extranjeros si la licencia correspondiente era cancelada o no renovada por el Gobierno. Ahí residía una de las mayores alarmas de la Iglesia: no se trataba solo de una cuestión administrativa, sino de la posibilidad de castigos desproporcionados con consecuencias patrimoniales de gran alcance.
En su carta, la Conferencia Episcopal sostuvo que era esencial «garantizar que fallos administrativos no conduzcan a sanciones desproporcionadas como la confiscación de bienes». La advertencia es de enorme peso, porque señala el peligro de que simples irregularidades burocráticas o decisiones discrecionales de la administración terminen convirtiéndose en un instrumento de asfixia contra instituciones que llevan años sirviendo al bien común.
La resistencia al proyecto creció de manera particular en Kerala, bastión cristiano del sur de la India, que acudirá a las urnas el 9 de abril para elegir una nueva asamblea legislativa. En ese contexto político, comunistas gobernantes y dirigentes de la oposición se unieron a obispos veteranos en ruedas de prensa en las que la reforma fue descrita como «draconiana, bárbara y antidemocrática».
También el Consejo de Obispos Católicos de Kerala celebró una reunión extraordinaria en línea el 31 de marzo y dirigió una carta firme al primer ministro Narendra Modi. En ella expresó una «profunda preocupación por ciertas disposiciones» incluidas en la reforma propuesta. La gravedad de la formulación dejaba claro que no se trataba de una objeción menor, sino de una alarma seria ante un posible atropello institucional.
Los obispos de Kerala advirtieron concretamente que «las enmiendas, tal como ahora se entienden, pueden crear posibilidades de abuso de autoridad, lo que podría afectar negativamente a muchas organizaciones voluntarias, organizaciones no gubernamentales e instituciones auxiliares —incluidos lugares de culto— que se han establecido durante décadas para el servicio público, independientemente de la casta o la religión». Con ello, la jerarquía católica puso el dedo en la llaga: una ley de esta clase podía terminar golpeando obras de misericordia, estructuras de servicio y espacios sagrados que han beneficiado al pueblo durante generaciones.
Los obispos pidieron además a Modi que el proyecto fuera remitido «al comité parlamentario competente para un estudio ulterior, consulta con las partes interesadas y debate detallado». En otras palabras, reclamaron tiempo, transparencia y un examen más riguroso, frente a una iniciativa que, tal como estaba planteada, despertaba serios temores.
En Kerala, donde más del 18% de sus 37 millones de habitantes son cristianos, la inquietud no era teórica. El vice secretario de los obispos de ese estado, el padre Thomas Tharayil, declaró desde Kochi el 2 de abril que la Iglesia se sentía aliviada por el aplazamiento y que ello ofrecía una oportunidad real para abordar las preocupaciones planteadas. Añadió además una acusación concreta y muy significativa: licencias en virtud de esta normativa correspondientes a varias diócesis, congregaciones y organizaciones caritativas habían sido «canceladas sin ninguna razón adecuada».
La preocupación de la Iglesia se comprende mejor a la vista de lo ocurrido en los últimos años. Desde que el BJP llegó al poder en 2014, miles de licencias de grupos eclesiales y de acción social cristiana han sido canceladas o no renovadas, junto con las de grupos de defensa seculares e incluso organizaciones internacionales sin ánimo de lucro.
El propio panel oficial en línea del Gobierno sobre esta normativa recoge datos que muestran el alcance de esa restricción, con cerca de dos tercios de unas 50.000 cuentas canceladas o no renovadas. Esa cifra da idea de la amplitud del control ejercido sobre las entidades que dependen de este marco legal para recibir ayuda exterior.
A ello se sumó otra medida adoptada en 2020 por el Gobierno del BJP: la obligación de que todos los titulares de licencias abrieran una cuenta específica para estas contribuciones únicamente en la sucursal principal de Nueva Delhi del Banco Estatal de la India, controlado por el Estado. Esa centralización ya había sido vista por muchos como un endurecimiento del control administrativo sobre las obras sostenidas con ayuda exterior.
Mientras tanto, una campaña en línea para revisar el controvertido proyecto ha reunido miles de firmas. Según esa iniciativa, las donaciones extranjeras «desempeñan un papel crucial en el apoyo a proyectos de desarrollo en la India, con miles de millones de dólares en ayuda que contribuyen a aliviar la pobreza, apoyar la educación y mejorar la salud pública».
Así pues, el aplazamiento de la reforma ha sido recibido por la Iglesia como un respiro, pero no como el final del problema. Lo sucedido muestra, en todo caso, que la intervención clara y valiente de los obispos, unida a la presión pública y parlamentaria, logró frenar por ahora una medida que muchos temían que pudiera convertirse en un instrumento de arbitrariedad contra instituciones religiosas, organizaciones caritativas y obras de servicio al prójimo. En un contexto en el que la libertad de acción de la Iglesia puede verse amenazada por mecanismos administrativos cada vez más duros, la reacción del episcopado indio ha puesto de manifiesto que no está dispuesto a callar cuando percibe un riesgo serio para el bien común y para la vida de las instituciones que sirven al pueblo.
