(UCANews/InfoCatólica) La Iglesia católica en India ha lanzado una seria advertencia ante la reforma promovida por el Gobierno federal sobre la normativa que regula la recepción de fondos extranjeros por parte de organizaciones no gubernamentales. Según dirigentes y activistas católicos, la modificación prevista de la llamada FCRA podría permitir que el Estado se haga con el control de bienes y recursos levantados con aportaciones exteriores, golpeando duramente a numerosas entidades caritativas que hoy sirven a los pobres, a los marginados y a quienes carecen de protección social.
La medida fue aprobada por el Gobierno de India el 18 de marzo y, según la explicación oficial, pretende reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad jurídica en el uso de los fondos procedentes del extranjero. Sin embargo, las voces católicas que han reaccionado a la iniciativa sostienen que el alcance real de la reforma va mucho más allá del mero control administrativo y abre un cauce para una intervención estatal mucho más agresiva sobre instituciones de la sociedad civil.
Uno de los puntos que más alarma ha suscitado es la previsión de que las autoridades puedan asumir el control de los bienes creados con contribuciones extranjeras cuando la inscripción de una organización bajo la FCRA quede suspendida, cancelada, entregada o simplemente no renovada. A ello se añade una nueva disposición de «cese presunto», por la que, una vez expira el registro o se deniega su renovación, el Gobierno podría pasar a controlar bienes y propiedades de la entidad afectada. Para los críticos, esto dejaría a miles de organizaciones de ayuda en situación de extrema vulnerabilidad.
La reforma también introduce plazos más estrictos para la recepción y utilización de las aportaciones extranjeras. Quienes se oponen a la medida consideran que esos límites complicarán todavía más el trabajo ordinario de las instituciones sociales y religiosas, muchas de las cuales dependen de esos recursos para sostener programas educativos, sanitarios y humanitarios en zonas de pobreza.
El jesuita Cedric Prakash, activista por los derechos humanos en el estado de Gujarat, advirtió con claridad sobre el efecto de esta reforma. Según explicó, la medida «afectará enormemente a las ONG vinculadas a la Iglesia y también a las dirigidas por otras minorías». Añadió además: «Todos los bienes comprados con fondos extranjeros están en peligro. Una vez se apruebe esta enmienda, el Gobierno podrá fácilmente tomar el control de tierras, edificios y fondos».
El sacerdote calificó la iniciativa como una «flagrante instrumentalización de la ley» y sostuvo que el Estado está pasando de la supervisión al control directo de la sociedad civil. Su advertencia fue tajante: «Los pobres van a ser los mayores perdedores». Con esas palabras subrayó que el daño no recaería solo sobre estructuras jurídicas o patrimoniales, sino sobre los más necesitados, que son precisamente quienes reciben ayuda de esas instituciones en forma de educación, atención médica y asistencia humanitaria.
En la misma línea se pronunció sor Mary Scaria, abogada con sede en Delhi y miembro de las Sisters of Charity of Jesus and Mary. La religiosa señaló que la reforma representa un desafío grave para la independencia de las instituciones de la sociedad civil. Según dijo, «limitará el acceso a fondos extranjeros y restringirá la libertad de asociación». Y añadió una advertencia igualmente severa: «Los pobres o los desfavorecidos se verán todavía más arrinconados».
Otro alto responsable eclesial, citado sin revelar su nombre, fue aún más lejos al sugerir que detrás de la medida puede existir un propósito ideológico. Según esa fuente, «parece como si las autoridades quisieran asegurarse de que solo aquellos grupos alineados con su narrativa nacionalista hindú puedan acceder a financiación extranjera». La acusación refleja la creciente inquietud de los cristianos ante un poder político al que muchos reprochan actuar con desconfianza hacia minorías religiosas e instituciones independientes.
La preocupación de la Iglesia no surge en el vacío. Desde la llegada al poder de Narendra Modi en 2014, miles de organizaciones han visto revocadas sus licencias FCRA. Los datos oficiales citados en la noticia indican que se han cancelado las licencias de 20.702 entidades, mientras que en la actualidad quedan 16.122 ONG activas autorizadas para recibir fondos extranjeros. Los críticos consideran que esta política forma parte de una estrategia más amplia para asfixiar a organismos que cuestionan al poder o trabajan con comunidades especialmente vulnerables.
En ese contexto, la reforma legal es vista por muchos católicos no como una simple medida técnica, sino como un nuevo paso en el estrechamiento del espacio de libertad para la acción caritativa, social y religiosa. Las organizaciones cristianas, que en tantas regiones pobres de India sostienen escuelas, dispensarios, centros de asistencia y programas de promoción humana, temen que la nueva normativa convierta en precaria su existencia jurídica y ponga bajo sospecha su labor.
Cedric Prakash resumió esa preocupación con una frase rotunda: «La sociedad civil debe ser libre para servir». Y añadió una reflexión de fondo que ilustra el alcance moral del problema: «Si el Gobierno asume ese papel, la compasión se vuelve condicional y la justicia se vuelve política». La advertencia no se refiere solo a un conflicto administrativo, sino al peligro de que la ayuda a los pobres quede sometida a criterios de conveniencia ideológica o control estatal.
Así pues, la alarma expresada por dirigentes católicos y activistas en India apunta a una cuestión de gran gravedad: la posible subordinación de la caridad cristiana y de otras obras de servicio al poder político. Lo que está en juego, según ellos, no es únicamente el futuro de determinadas ONG, sino la libertad misma de la sociedad civil para servir al necesitado sin verse sometida a una tutela abusiva del Estado.
