(LSN/InfoCatólica) Un jurado de Los Ángeles ha declarado responsables a Meta y a Google en un proceso judicial de gran trascendencia sobre la adicción a las redes sociales. La condena asciende a 6 millones de dólares y recae sobre Instagram, propiedad de Meta, y YouTube, perteneciente a Google. El caso ha sido presentado como un hito judicial porque afronta de lleno una acusación que desde hace años pesa sobre las grandes plataformas: haber sido concebidas para captar y retener a los menores hasta generar en ellos dependencia y graves daños personales.
La demandante es una joven de 20 años identificada como «Kaley». En el juicio sostuvo que, siendo todavía una niña, desarrolló una obsesión con Instagram y con YouTube, y que esa dependencia contribuyó al empeoramiento de su salud mental. Su acusación no se limitaba a denunciar un uso excesivo de las aplicaciones, sino que señalaba directamente a la lógica misma con la que fueron construidas. Según esa tesis, no se trataba de un abuso accidental, sino del fruto de un diseño orientado a enganchar.
El jurado asumió esa línea argumental y concluyó que las compañías incurrieron en negligencia en el diseño de ambas plataformas. Además, consideró que no advirtieron adecuadamente a los usuarios del peligro de adicción, de un modo especial cuando se trata de niños. La resolución impone 3 millones de dólares en daños compensatorios y otros 3 millones en daños punitivos. De la cantidad total, Meta deberá asumir el 70 por ciento y Google el 30 por ciento.
La decisión judicial supone un revés de gran magnitud para el poder casi incontestado de las grandes tecnológicas. Sacha Haworth, directora ejecutiva del Tech Oversight Project, valoró el fallo con palabras muy contundentes: «La era de la invencibilidad de las grandes tecnológicas ha terminado; este fallo es un terremoto que sacude hasta los cimientos el modelo de negocio depredador de las grandes tecnológicas». En su declaración, Haworth sostuvo además que durante años empresas como Google y Meta trataron de desacreditar o minimizar los daños denunciados por jóvenes y familias, pero que nuevas pruebas y testimonios han dejado al descubierto la gravedad de lo que estaba ocurriendo.
La misma responsable afirmó: «Estos productos fueron diseñados intencionadamente para hacer daño, volver adictos a millones de jóvenes y provocar consecuencias duraderas para la salud mental». Esa acusación va al núcleo del caso, porque presenta a las plataformas no como instrumentos neutros, sino como productos elaborados para explotar la debilidad humana, especialmente la de los más jóvenes.
Haworth añadió también: «Este juicio demostró que, si pones a directores ejecutivos como Mark Zuckerberg en el estrado ante un juez y un jurado, el desprecio temerario de la industria tecnológica por las personas quedará plenamente expuesto. Tenemos los documentos, tenemos las pruebas, y ahora es el momento de que el Congreso dé un paso al frente y apruebe por fin la Kids Online Safety Act del Senado, para que finalmente podamos proteger a los niños y salvar vidas».
Durante el proceso se debatió una cuestión fundamental: si el perjuicio alegado por la demandante provenía del contenido de vídeos y publicaciones que había visto en las plataformas o de defectos en el diseño mismo de esas aplicaciones. El jurado se inclinó finalmente por la segunda interpretación. Es decir, entendió que el problema no residía solo en lo que circulaba por Instagram o YouTube, sino en la propia arquitectura de unas herramientas digitales construidas para fomentar la permanencia, la repetición y la dependencia.
Esa conclusión tiene una importancia jurídica enorme. Kimberly Pallen, socia de litigación del bufete Withers, explicó el alcance del fallo al afirmar: «Esto es un avance decisivo porque valida una nueva teoría según la cual el diseño de una plataforma puede constituir un producto defectuoso». La novedad es decisiva porque la legislación estadounidense protege con fuerza a las compañías de redes sociales frente a la responsabilidad por los contenidos que alojan. Por eso, centrar la acusación en el diseño del producto y no en el contenido permite abrir una vía de responsabilidad que hasta ahora parecía mucho más difícil de consolidar.
En la misma línea, el abogado principal de la demandante declaró: «El veredicto de hoy es un referéndum, de un jurado a toda una industria, que demuestra que ha llegado la hora de rendir cuentas». La frase resume bien el sentido del proceso: no se trata solamente del caso concreto de una joven, sino de un juicio que interpela a todo un sector acostumbrado a enriquecerse mientras se presenta como un simple intermediario inocente.
En este mismo litigio figuraban también Snap y TikTok como demandadas, pero ambas empresas llegaron a acuerdos con la demandante antes del inicio del juicio. Por eso el veredicto final recayó sobre Meta y Google.
El Tech Oversight Project recordó además que hay más de 2.000 demandantes que acusan a empresas como Meta, Snapchat, TikTok y Alphabet de haber diseñado conscientemente productos adictivos que exponen a los menores a depredadores, explotación y autolesiones. Según esa organización, estas causas constituyen hasta ahora la litigación más importante de rendición de cuentas contra la gran tecnología, hasta el punto de que se las compara con los pleitos que en su día marcaron un antes y un después frente a la industria del tabaco.
Las pruebas ya incorporadas al registro público muestran que las compañías habrían diseñado sus productos con elementos como el desplazamiento infinito, las notificaciones automáticas y la amplificación algorítmica. Bajo esa lógica, la atención juvenil deja de ser una realidad humana que deba ser protegida y pasa a convertirse en una mercancía. Lo que cuenta es mantener cautivo al usuario el mayor tiempo posible.
Las plataformas sociales generan miles de millones de dólares al año en ingresos publicitarios procedentes de la juventud estadounidense. Según datos recientes del Pew Research Center, el 36 por ciento de los adolescentes de Estados Unidos afirma usar TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat o Facebook «casi constantemente». La dimensión del problema, por tanto, no es marginal. Se trata de una penetración masiva de entornos digitales diseñados para absorber la atención de los jóvenes y convertirla en beneficio económico.
Tras el veredicto, Meta anunció que recurrirá. Su portavoz, Andy Stone, declaró: «La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación. Seguiremos defendiéndonos con firmeza, ya que cada caso es diferente».
Google también adelantó que apelará la sentencia. José Castañeda, portavoz de la compañía, afirmó: «Este caso malinterpreta YouTube, que es una plataforma de transmisión construida responsablemente, no una red social».
Pese a esas reacciones, el fallo representa un serio golpe para la narrativa defensiva de las grandes empresas tecnológicas. La resolución del jurado no las presenta como actores pasivos, sino como compañías que habrían desarrollado productos peligrosos sin advertir adecuadamente de sus efectos. El caso de «Kaley» pone así un rostro concreto al drama de tantos menores atrapados por instrumentos digitales concebidos para enganchar, retener y rentabilizar su fragilidad.
Lo ocurrido en Los Ángeles no cierra la batalla judicial ni legislativa, pero sí marca un punto de inflexión. Por primera vez en este caso, un jurado ha afirmado con claridad que el diseño de estas plataformas puede generar responsabilidad por los daños sufridos. Y eso coloca bajo una luz cada vez más dura a una industria que, mientras proclama conectar a las personas, ha sido acusada de degradar la salud mental de una generación entera para sostener un modelo de negocio multimillonario.
