(NCR/InfoCatólica) Los obispos católicos de Inglaterra y Gales han condenado con firmeza la votación celebrada el miércoles por la noche en la Cámara de los Lores, después de que los pares rechazaran las enmiendas presentadas para frenar una cláusula que deja el aborto prácticamente despenalizado hasta el nacimiento.
La reacción ha sido inmediata por la gravedad de lo aprobado. La cláusula 208 del proyecto de ley sobre crimen y policía saca a la mujer del ámbito penal en relación con su propio embarazo. Eso significa que no cometería infracción penal alguna si se procurara un aborto o se lo practicara a sí misma en cualquier momento de la gestación. Los médicos y terceras personas seguirían expuestos a posibles acciones penales conforme a la ley de aborto de 1967 y otras disposiciones conexas, pero la mujer quedaría fuera del alcance de la ley penal.
El arzobispo John Sherrington de Liverpool, obispo responsable de las cuestiones relativas a la vida, calificó la votación de «profundamente angustiosa» y advirtió de que es «probable que conduzca a más abortos tardíos, poniendo en riesgo a las mujeres embarazadas y a sus bebés». Añadió además que muchas mujeres podrían verse expuestas ahora a «riesgos aún mayores de aislamiento, coacción y presión».
La archidiócesis de Southwark se expresó en términos todavía más duros. Describió lo ocurrido como «un momento devastador para nuestro país», y su arzobispo, John Wilson, afirmó que se trata de «un momento verdaderamente trágico para nuestra nación». También se preguntó cómo una legislación tan alarmante puede tener cabida «en una sociedad civilizada». Reconoció que hombres y mujeres afrontan decisiones muy difíciles, pero subrayó que «hay otra vida implicada que ahora va a ser ignorada y silenciada». A ello sumó una advertencia clara: «Hay también serias preocupaciones por la seguridad de las mujeres».
Liam Gibson, de la Academia Juan Pablo II para la Vida Humana y la Familia, dijo que «sería difícil exagerar la realidad espantosa que resultará» de la votación del miércoles. En su opinión, la medida «abrirá paso a niveles cada vez mayores de violencia contra los más vulnerables de nuestra sociedad».
La Cámara de los Lores rechazó por 185 votos frente a 148 una enmienda presentada por la baronesa católica Rosa Monckton de Dallington Forest. Esa enmienda pretendía suprimir del proyecto de ley la cláusula 208, introducida originalmente por la diputada laborista Tonia Antoniazzi y aprobada en la Cámara de los Comunes el pasado mes de junio.
La baronesa Monckton buscaba mantener las protecciones penales vigentes para los niños no nacidos viables y evitar que la nueva redacción facilitara abortos tardíos, abortos selectivos por discapacidad y abortos selectivos por sexo. Ya el mes pasado había advertido de que la medida constituía «una propuesta aterradora» y «un paso bárbaro». A su juicio, abriría la puerta a abortos tardíos coercitivos en casa y sin supervisión médica, especialmente en perjuicio de mujeres vulnerables. También denunció que el cambio se hubiera tramitado con precipitación, sin pruebas suficientes y sin la debida consulta pública.
La legislación actual ya permite que mujeres con menos de diez semanas de embarazo tomen en casa píldoras abortivas previamente prescritas. Esa posibilidad fue introducida en marzo de 2020, durante el primer confinamiento por la covid, cuando el gobierno relajó las normas para permitir abortos químicos tras una consulta telefónica o por videollamada. Pero la nueva situación va bastante más lejos, porque elimina la responsabilidad penal de la mujer incluso en fases mucho más avanzadas del embarazo.
Gibson destacó además que la Cámara de los Lores votó ese mismo miércoles a favor de indultar a todas las mujeres que hubieran sido condenadas previamente por un aborto ilegal. También rechazó una propuesta que pretendía convertir en delito la obtención de fármacos abortivos mediante engaño. A su juicio, esta legislación incentivará abortos inseguros, justo lo contrario de lo que, según sus promotores, decía querer evitar la ley de 1967.
Tras la votación, la baronesa Monckton declaró que estaba «profundamente triste, pero no sorprendida». Explicó que, aunque «un puñado de pares laboristas votó conmigo», en general existía una fuerte presión para secundar una cláusula ya respaldada de forma masiva por los diputados laboristas en la Cámara de los Comunes.
Otra enmienda, presentada por la baronesa Philippa Stroud de Fulham, pretendía restablecer la consulta presencial con un profesional sanitario antes de que pudiera llevarse a cabo un aborto en casa. El objetivo era garantizar que se evaluaran previamente los riesgos para la salud y que no existiera «riesgo de coacción» antes de recetar las píldoras abortivas. También esa propuesta fue derrotada, esta vez por 191 votos frente a 119.
La nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, miembro de la Cámara de los Lores como otros obispos anglicanos, se opuso igualmente a la cláusula 208 y respaldó las enmiendas de Monckton y Stroud. En su intervención dijo: «Equilibrar justicia y misericordia es el desafío que estamos debatiendo hoy». Añadió que no considera que las mujeres deban ser procesadas por actuar en relación con su propio embarazo, pero dejó claro que tampoco desea un aumento de los abortos tardíos y teme que la cláusula empeore una situación ya de por sí defectuosa.
Por parte católica, Sherrington agradeció a los parlamentarios y defensores de la vida «que han trabajado valientemente para proteger a las madres y a sus hijos no nacidos frente a este movimiento». Señaló además que la labor de las organizaciones que ayudan a las madres con embarazos inesperados para que conserven a sus hijos no nacidos es ahora «más urgente que nunca». También animó a los fieles a apoyarlas de forma concreta, incluida la oración.
Los obispos de Inglaterra y Gales anunciaron además para el 19 de abril una Hora Santa con la intención de pedir por la promoción de una cultura de la vida. La convocatoria refleja hasta qué punto consideran que no se trata de una mera discusión técnica, sino de una grave crisis moral y espiritual.
El movimiento provida insiste también en que esta deriva parlamentaria no refleja necesariamente el sentir real del país. Right to Life UK destacó sondeos según los cuales «solo el 1 % de las mujeres apoya la introducción del aborto hasta el nacimiento», mientras que «el 60 % de la población general y el 70 % de las mujeres quieren ver reducido el límite del aborto a 20 semanas o menos».
En la misma línea, la baronesa Monckton aseguró que no cree que la votación del miércoles signifique un giro general del Reino Unido contra el derecho a la vida. Según afirmó, por lo que ha podido comprobar, la mayoría de la gente habría apoyado su enmienda si hubiera conocido realmente lo que estaba en juego. Añadió que muchas de las personas que se pusieron en contacto con ella por este asunto «no tenían ni idea» de la existencia de esta cláusula sobre abortos tardíos y «estaban horrorizadas» al conocerla.
Parte de ese desconocimiento público podría explicarse por la escasa atención que el asunto recibió en buena parte de los medios británicos antes y después de la votación. Pese a la enorme trascendencia de la medida, pocos diarios nacionales se ocuparon de ella al día siguiente.
El proyecto de ley sobre crimen y policía todavía no ha recibido la sanción real y ahora vuelve a la Cámara de los Comunes para los ajustes finales. Pero al tratarse de una norma emblemática del gobierno y contar con amplio respaldo transversal en sus disposiciones principales, sus posibilidades de salir adelante siguen siendo muy altas. Tampoco hay señales claras de que la cláusula 208 vaya a ser eliminada o modificada en su regreso a los Comunes, salvo que se produjera una rebelión parlamentaria de envergadura.
Gibson advirtió de que, una vez promulgada la ley, «será imposible saber cuántas mujeres habrán sido presionadas o coaccionadas para matar a sus hijos». También aseguró que su aprobación «pondrá seriamente en peligro la vida de las mujeres e institucionalizará un nivel sin precedentes de crueldad hacia los niños». Y remató su juicio con una acusación severísima: «Quienes apoyaron este cambio en la ley lo hicieron sabiendo perfectamente lo que hacían. Es una decisión verdaderamente malvada».
La votación en la Cámara de los Lores deja así al Reino Unido ante un nuevo paso en la degradación legal del aborto. Lejos de reforzar la protección de la madre y del hijo, la nueva orientación ha sido denunciada por obispos y provida como una invitación al aborto tardío, a la coacción oculta y a una forma todavía más brutal de abandono del no nacido. La respuesta católica no ha sido burocrática ni tibia, sino la de quienes perciben en esta maniobra legislativa un avance especialmente siniestro de la cultura de la muerte.
