(LSN/InfoCatólica) La dictadura comunista de Daniel Ortega y de su esposa y copresidenta Rosario Murillo ha prohibido las ordenaciones de sacerdotes y diáconos en cuatro diócesis de Nicaragua cuyos obispos han sido castigados con el destierro. La medida afecta a Jinotega, Siuna, Matagalpa y Estelí, y llega acompañada de otra decisión igualmente reveladora de la saña del régimen: ni siquiera obispos de diócesis vecinas pueden acudir a ordenar en esos territorios.
La situación se ha vuelto especialmente grave en las diócesis que han quedado sin pastor propio por la persecución directa del poder. Carlos Herrera, obispo de Jinotega y presidente de la conferencia episcopal, fue expulsado a Guatemala en noviembre de 2024 después de reprender a un alcalde afín al orteguismo por poner música a gran volumen junto a la catedral durante la Santa Misa y calificar ese acto de «sacrilegio».
Ese mismo año, Herrera había ordenado a un sacerdote y a siete diáconos en la vecina diócesis de Matagalpa, cuyo obispo, Rolando Álvarez, fue enviado al exilio en Roma en enero de 2024 después de pasar dieciocho meses encarcelado. Álvarez es además administrador apostólico de Estelí. También Isidoro Mora, obispo de Siuna, fue desterrado en esas mismas fechas.
Tres sacerdotes nicaragüenses que viven en el exilio hablaron de esta situación bajo condición de anonimato, por temor a represalias del régimen. Uno de ellos explicó que «especialmente en las diócesis sin obispo, la vigilancia es aún más extrema para impedir que llegue un obispo de otra diócesis» a una celebración litúrgica.
Ese mismo sacerdote aseguró que en Siuna hay siete candidatos al sacerdocio que terminaron sus estudios en 2025 y que siguen esperando la ordenación, además de otro grupo que ya había concluido en 2024 y tampoco ha podido recibir el sacramento del orden. Pese a ello, sostuvo que esta situación «no parece haber afectado» a los nuevos ingresos en el seminario.
Otro sacerdote exiliado afirmó que el régimen pretende «suplantar a los obispos» y lamentó que algunos clérigos «no plantan batalla para no complicarse más la vida, con la idea de salvar sus diócesis, pero al final están entregando su mandato a lo que diga el gobierno». A su juicio, Matagalpa es probablemente la diócesis que más sacerdotes ha perdido por expulsión, con al menos treinta y dos presbíteros viviendo fuera del país.
Un tercer sacerdote explicó por qué en otras diócesis sí se siguen celebrando ordenaciones. Según dijo, «León, Granada, Juigalpa y Bluefields son diócesis que tienen allí a su obispo diocesano y mantienen una línea muy prudente, aunque algunos medios han etiquetado a uno de ellos como aliado del régimen». Y añadió: «Eso no es verdad; simplemente son más prácticos por el bien de sus pastores y de su grey».
En noviembre de 2025 fueron ordenados ocho diáconos como sacerdotes en Managua. A pesar de la persecución desatada por el orteguismo, los sacerdotes consultados coincidieron en que «el Señor sigue suscitando jóvenes valientes que lo escuchan y entran en el proceso de discernimiento vocacional».
Uno de ellos subrayó además que la Iglesia ha buscado caminos para no dejarse paralizar por la tiranía. «Aunque el gobierno quiera impedir las ordenaciones sacerdotales, ha habido modos en que la Iglesia, los obispos, han logrado y buscado hacerlas realidad sin que el gobierno lo note. Esto demuestra la creatividad de la Iglesia frente a la adversidad, cómo se reinventa, cómo sigue evangelizando», afirmó.
Esa resistencia ya se ha manifestado fuera de Nicaragua. En febrero se informó de la ordenación sacerdotal de dos nicaragüenses en la diócesis de Limón, en Costa Rica, en una ceremonia celebrada en secreto para evitar represalias del régimen de Ortega.
El mismo sacerdote resumió el sentido sobrenatural con que la Iglesia afronta esta cruz: «Los obstáculos no son un problema para la Iglesia, sino más bien una cruz que la Iglesia abraza valientemente, como nos enseñó Nuestro Señor, y que la impulsa en este camino hacia la resurrección».
La prohibición de ordenar sacerdotes y diáconos intensifica así una persecución ya sistemática contra la Iglesia católica en Nicaragua. El régimen ha detenido injustamente a sacerdotes, ha expulsado congregaciones religiosas, ha cerrado emisoras católicas y, según se denuncia, también ha prohibido ordenaciones diaconales y ha ordenado el cierre de páginas de redes sociales dedicadas a la evangelización.
La participación de algunos sacerdotes en las protestas contra el régimen en 2018 habría llevado a Ortega a considerar a la Iglesia católica como el enemigo principal de su dictadura. Desde entonces, la paranoia del poder se ha agravado y cualquier foco de reunión, predicación o vida eclesial es visto como una amenaza potencial.
El analista político nicaragüense Enrique Sáenz lo expresó con crudeza al afirmar que los gobernantes «se sienten amenazados por muchos fantasmas». Y precisó: «Uno de ellos está vinculado a la gente que se reúne. La idea de personas visitándose unas a otras y compartiendo un mensaje aterroriza a Ortega y a Murillo».
Sáenz añadió además que «la naturaleza totalitaria del régimen, ese elemento paranoico y su obsesión por aferrarse al poder, forman parte de ello», y sostuvo que todo eso conduce «al intento absurdo de controlar la mente de la población».
La nueva prohibición confirma que la dictadura no persigue solo a personas concretas, sino a la propia misión de la Iglesia. Ya no le basta con desterrar obispos, encarcelar sacerdotes o clausurar medios católicos. Ahora pretende obstaculizar incluso la transmisión del ministerio ordenado, como si el poder político pudiera sofocar la gracia o someter la vida de la Iglesia al capricho de los tiranos. Pero, precisamente en medio de esa persecución, sigue brotando la fortaleza de quienes no renuncian a servir a Cristo y a su Iglesia.
