(Crux/InfoCatólica) La Justicia francesa ha confirmado la validez del decreto dictado por Gilles Platret, alcalde de Chalon-sur-Saône, que prohíbe los símbolos religiosos ostensibles en el consejo municipal de esa localidad. El tribunal administrativo de Dijon resolvió el miércoles que la medida no constituye «una vulneración grave y manifiestamente ilegal de la libertad de conciencia».
El juez añadió además que «la libertad de conciencia de un miembro elegido de un consejo municipal debe conciliarse con el principio de laicidad que está obligado a respetar». Con esa formulación, el tribunal dio cobertura jurídica a una restricción que afecta a la presencia visible de signos religiosos en el ejercicio del mandato municipal.
La impugnación había sido presentada por Damien Saley y Lamia Sabrina Sari, ambos cargos electos del grupo izquierdista radical La Francia Insumisa. Los dos sostuvieron que se sentían «directamente señalados» por el decreto. Sabrina Sari lleva pañuelo islámico, circunstancia que situó su caso en el centro de la controversia.
Platret recibió el fallo con satisfacción y lo presentó como un precedente para otros ayuntamientos. El alcalde afirmó que la resolución era «una fuente de satisfacción» y también «un ejemplo que podrían seguir todos los consejos municipales». Añadió además que la prohibición garantiza que «la laicidad no pueda ser atacada por cargos electos que acuden al consejo municipal para hacer proselitismo, despreciando el principio de neutralidad».
El decreto municipal había sido emitido el 14 de enero. Su base, según quedó expuesto en el procedimiento, fueron las normas de la Asamblea Nacional de 2018, que prohíben los símbolos religiosos ostensibles y que a su vez remiten a la legislación de 2004 aplicable a la enseñanza pública primaria y secundaria. Tras la vista, Platret defendió esa referencia con otra frase igualmente tajante: «Adoptamos el modelo de la autoridad más alta. ¿Cómo íbamos a imaginar que ellos podían tener esas normas y nosotros no?».
La defensa jurídica del alcalde insistió en que la medida no iba dirigida contra una confesión concreta. La abogada Julie Callot sostuvo que el decreto «no se dirige contra ninguna religión específica y se aplica por igual a una gran cruz al cuello o a una kipá». También afirmó que «el principio de laicidad se aplica a todos los cargos electos» y que no permite «atuendos de propaganda».
La parte recurrente no logró convencer al tribunal. La letrada Marion Ogier alegó que «la laicidad es ante todo la libertad de creer» y sostuvo que Sabrina Sari «quedaría excluida si acudiera con pañuelo, lo que vulnera su libertad de ejercer su mandato». Pese a esa argumentación, el recurso fue rechazado.
La decisión judicial llega además en un contexto marcado por otras polémicas protagonizadas por Platret. El alcalde, que ganó las elecciones locales del domingo con más del 61 por ciento de los votos, ya había impulsado otras medidas controvertidas. En junio prohibió la bandera palestina en todo el municipio, aunque los tribunales suspendieron después esa decisión. Años antes intentó sin éxito vetar los menús sin cerdo en los comedores escolares, trató de imponer el uso exclusivo del francés en las obras de construcción de la ciudad y se negó a validar una boda franco-turca hasta que la Justicia le obligó a hacerlo.
Platret fue además vicepresidente del partido conservador Los Republicanos, formación de la que ya se ha desvinculado, y se le situó cerca del movimiento Reconquista, de Éric Zemmour, descrito en la información original como un grupo de extrema derecha conocido por sus posiciones controvertidas sobre inmigración e identidad cultural. El fallo de Dijon refuerza ahora su línea política en un terreno especialmente sensible en Francia: el de la relación entre poder público, neutralidad institucional y expresión visible de la religión.
