(InfoCatólica) El Papa León XIV parece estar afrontando el escándalo que ha supuesto para muchos fieles el tratamiento dado en múltiples casos por el Papa Franciso (Becciu, Zanchetta, Rupnik, Gaztelueta, …) especialmente por no haber salvaguardado las más elementales garantía procesales. Al menos en las palabras, las de León suponen un rayo de esperanza.
El Papa León XIV presidió el sábado 14 de marzo la ceremonia de apertura del Año Judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el Aula de las Bendiciones, ante el presidente del Tribunal, sus oficiales, los abogados, los colaboradores y representantes de los órganos jurisdiccionales del Estado italiano.
En su primer discurso ante esta institución desde su elección, el Pontífice situó la justicia en el centro de la vida eclesial e institucional, y subrayó que el respeto a las garantías procesales no es una cuestión meramente técnica, sino la condición de la que depende la autoridad misma de la función jurisdiccional.
El cumplimiento de las garantías procesales, la imparcialidad de los jueces, la eficacia del derecho a la defensa y la duración razonable de los juicios no son meros instrumentos técnicos del proceso judicial, sino que constituyen las condiciones que otorgan al ejercicio de la función judicial una autoridad especial y contribuyen a la estabilidad institucional.
La justicia como virtud ordenada a la comunión
León XIV abrió su intervención evocando la tradición teológica cristiana sobre la justicia, arrancando de San Agustín, quien definía el orden de la sociedad como fruto del orden del amor: «ordinata dilectio est iustitia». Para el Papa, este principio no es una abstracción filosófica: cuando el amor está rectamente ordenado y cada persona es reconocida en su dignidad, «la entera vida personal y social recobra su orientación justa».
Sobre esa base agustiniana, León XIV convocó también a Santo Tomás de Aquino, que, siguiendo el derecho romano, define la justicia como «constans et perpetua voluntas ius suum unicuique tribuendi», la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde. El Doctor Angélico añadía, según recordó el Papa, que «iustitia ad bonum commune ordinatur»: la justicia se ordena al bien común, y no puede reducirse a la satisfacción de intereses particulares.
De ambas fuentes extrae León XIV una conclusión teológica y jurídica: la unidad entre justicia y caridad. La sabiduría de la tradición lo ha expresado con la fórmula «caritas perfecta, perfecta iustitia est»: en la plenitud de la caridad, la justicia alcanza su cumplimiento más auténtico. Y de ahí se sigue que, donde no existe justicia verdadera, tampoco puede existir derecho genuino.
Garantías procesales como condición de autoridad
El núcleo práctico del discurso llegó al aplicar ese marco doctrinal a la realidad concreta del Tribunal vaticano. León XIV fue preciso: «El cumplimiento de las garantías procesales, la imparcialidad del juez, la efectividad del derecho de defensa y la duración razonable de los procesos no representan únicamente instrumentos técnicos del procedimiento judicial. Constituyen las condiciones a través de las cuales el ejercicio de la función jurisdiccional adquiere particular autoridad y contribuye a la estabilidad institucional».
La formulación es significativa: el Papa no presenta esas garantías como exigencias externas al sistema impuestas desde fuera, sino como los elementos constitutivos de los que la propia jurisdicción extrae su legitimidad y su peso institucional. Un tribunal que no respeta estos principios no es simplemente menos eficiente; es, en sentido propio, menos autoridad.
El Tribunal vaticano, instrumento de la independencia de la Santa Sede
León XIV inscribió esta reflexión en el marco específico del Estado de la Ciudad del Vaticano, cuyo ordenamiento jurídico, como recordó citando el Preámbulo del Tratado de Letrán, es instrumental a la misión del Sucesor de Pedro y sostiene la independencia de la Santa Sede también en el campo internacional. En ese contexto, administrar justicia con integridad no es solo una obligación técnica: es una contribución directa a la tutela de ese valor de unidad «que constituye un elemento esencial de la vida eclesial».
El proceso, dijo el Papa, no es simplemente el escenario del conflicto entre pretensiones opuestas. Es un «espacio ordenado» en el que, mediante el enfrentamiento regulado entre las partes y la intervención imparcial del juez, el disenso queda reconducido a un horizonte de verdad y justicia. La cita de clausura del bloque doctrinal volvía a ser de San Agustín, ahora en términos más severos: «Sin justicia no se puede administrar el Estado; es imposible que haya derecho en un Estado donde no hay verdadera justicia. (…) El Estado en el que no hay justicia no es un Estado».
Ministerio jurídico y misión espiritual
León XIV cerró su discurso dirigiéndose directamente a los miembros del Tribunal con palabras que sintetizaban los dos registros de su intervención: «Vuestro servicio asume un valor, además de institucional, profundamente eclesial». El discernimiento atento de los hechos, la escucha respetuosa de las personas y la correcta aplicación de las normas, explicó el Papa, son participación en una misión «a la vez jurídica y espiritual».
La justicia en la Iglesia, precisó, «no es mero ejercicio técnico de la norma, sino ministerio al servicio del Pueblo de Dios». Requiere, además de competencia jurídica, sabiduría, equilibrio y «una búsqueda constante de la verdad en la caridad». León XIV concluyó con una exhortación: «Continuad ejerciendo este servicio con integridad, prudencia y espíritu evangélico. La justicia esté siempre iluminada por la verdad y acompañada por la misericordia, pues ambas hallan su plenitud en Cristo». El Papa encomendó el trabajo del Tribunal a la intercesión de la Virgen María e impartió a los presentes la bendición apostólica.
