(ACI/INfoCatólica) El reciente triunfo judicial de Matthew Grech en Malta ha devuelto al debate público la prohibición legal de las llamadas «terapias de conversión», una figura que, según advierten desde la plataforma jurídica Alliance Defending Freedom International, puede ser utilizada como instrumento de censura.
Grech se hizo conocido por su participación en la versión maltesa del programa de talento X Factor. En los últimos años quedó envuelto en un proceso judicial después de contar públicamente cómo se convirtió al cristianismo y dejó atrás su estilo de vida homosexual. En Malta, donde estas prácticas están prohibidas desde 2016, su testimonio acabó siendo objeto de una denuncia judicial.
El proceso terminó con su absolución el 4 de marzo, después de que las autoridades consideraran que sus declaraciones constituían un testimonio de fe y no una infracción de la ley. El caso ha puesto de relieve hasta qué punto este tipo de legislación puede acabar alcanzando no solo prácticas coercitivas, sino también expresiones personales, religiosas y pastorales.
Guillermo A. Morales Sancho, asesor jurídico para Europa de Alliance Defending Freedom International, explicó que el primer paso consiste en distinguir con claridad qué se entiende exactamente por “terapia de conversión”. A su juicio, existe una tendencia por parte de los activistas a mezclar prácticas coercitivas o electrochoques con la terapia bajo un mismo concepto general, de modo que la etiqueta sirva para censurar el asesoramiento psicológico.
Morales Sancho sostuvo que «primero tenemos que distinguir qué se entiende exactamente por ‘terapia de conversión’». Después denunció: «Los activistas suelen mezclar prácticas coercitivas o electrochoques con la terapia bajo el concepto global de ‘terapia de conversión’ para censurar el asesoramiento psicológico».
El abogado añadió que «las conversaciones consensuadas sobre los propios sentimientos, la ayuda libremente elegida para la atracción no deseada hacia el mismo sexo o la guía espiritual nunca pueden prohibirse en una sociedad libre». Su planteamiento subraya que una cosa es condenar abusos reales y otra muy distinta impedir que una persona, por propia voluntad, reciba acompañamiento psicológico o espiritual conforme a sus convicciones morales y religiosas.
La advertencia no se limita a Malta. Morales Sancho alertó de que en España el Ministerio de Igualdad ha iniciado una investigación contra varias diócesis que ofrecen programas de acompañamiento espiritual. Además, señaló que en el Congreso se estudia un proyecto de ley que «pretende criminalizar esta terapia consensuada» y que, en su votación inicial, recibió un respaldo abrumador, con 311 votos a favor y 33 en contra.
El jurista recordó también el caso de Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante, quien criticó «la ley española de prohibición de las terapias de conversión, es decir, la censura de la consejería». A raíz de esas declaraciones, fue investigado penalmente por la división de delitos de odio de la Fiscalía General del Estado de España y, durante varios meses, no recibió ninguna notificación, sino únicamente ataques personales en los medios.
Esa investigación terminó siendo archivada porque sus palabras estaban amparadas por la libertad de expresión. El episodio, sin embargo, mostró de nuevo el riesgo de que este tipo de normas se conviertan en un arma para intimidar, desgastar y silenciar a quienes se oponen al discurso dominante sobre sexualidad e identidad.
Morales Sancho considera que estas leyes forman parte de una estrategia mucho más amplia. En sus palabras, «las leyes de censura de la consejería son sólo un aspecto de una estrategia de despliegue de la ideología de género más amplia que incluye: leyes de autoidentificación, sanciones por ‘misgendering’ [uso incorrecto de pronombres], leyes de discurso de odio, intervenciones irreversiblemente dañinas y experimentales en menores y adultos vulnerables».
También afirmó: «Es decir, no sólo sufre la libertad religiosa, sino también la libertad de expresión, la salud de los niños y —particularmente con las leyes de autoidentificación— la privacidad de las mujeres, la seguridad en espacios de un solo sexo, así como la equidad en los deportes». La denuncia presenta un panorama en el que la ideología de género no se limita al plano cultural, sino que busca imponerse mediante normas legales, sanciones y persecución social.
El asesor jurídico criticó igualmente la llamada transición social. Aseguró que «la llamada transición social es en sí misma una intervención psicológica con muchas consecuencias» y que, «en muchos casos, es el comienzo de un camino de ida hacia nuevas intervenciones de modificación corporal en un niño sano y en desarrollo durante la pubertad».
En esa misma línea, denunció: «Las leyes de terapia de conversión impiden que los padres busquen ayuda de profesionales (psicólogos, psiquiatras) que ofrezcan terapia en lugar de empujar a niños y adolescentes hacia intervenciones médicas experimentales y dañinas». La acusación es grave, porque sostiene que estas leyes no solo restringen libertades fundamentales, sino que además pueden dejar a los menores más expuestos a intervenciones irreversibles.
Morales Sancho identificó además un marco ideológico global detrás de estas políticas. Dijo: «Este esfuerzo global tiene un nombre: ‘Educación Sexual Integral’, que promueve la sexualización temprana de los niños antes de la pubertad en lugar de una instrucción adecuada a su edad sobre la sexualidad humana, que los equipe contra los desafíos que enfrentan». Entre esos desafíos mencionó la exposición a la pornografía.
Pese al avance de estas políticas, el experto señaló también algunas señales de reacción en distintos países occidentales. Destacó «el hecho de que hayan aparecido grupos de apoyo de padres de familias afectadas por la ideología de género en todos los países occidentales, incluidos España y América Latina». Añadió que «esto afecta sus derechos parentales, el bienestar y la salud de sus hijos».
Junto a ello, subrayó como signo relevante «el giro de 180 grados del Reino Unido con el cierre de la Clínica de Género Tavistock», perteneciente al sistema nacional de salud británico y cerrada definitivamente en 2024. También mencionó «el análisis independiente de Cass (Cass Review) y la prohibición de los bloqueadores de la pubertad para menores que experimentan la llamada disforia de género».
El caso de Malta, unido a estos acontecimientos, vuelve a mostrar que bajo el pretexto de combatir supuestos abusos pueden aprobarse leyes que terminan cercando libertades básicas y castigando el acompañamiento espiritual, la consejería y hasta el simple testimonio cristiano de una vida transformada por la gracia. El fondo del conflicto no es solo jurídico, sino profundamente moral y cultural: si el Estado puede decidir qué orientación interior puede buscar una persona, qué ayuda puede pedir y qué verdad puede expresar sin exponerse a sanciones.
