(NCR/InfoCatólica) El senador estadounidense Josh Hawley, republicano por Misuri, anunció el 11 de marzo la presentación de una iniciativa legislativa para prohibir la mifepristona como fármaco destinado al aborto químico. La propuesta se fundamenta en preocupaciones de seguridad para las mujeres y en la convicción de que este producto, presentado durante años por el movimiento abortista como una supuesta solución fácil y segura, entraña graves riesgos físicos y favorece una mayor expansión del aborto.
El proyecto retiraría la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para el uso de la mifepristona en abortos químicos. Además, establecería una vía federal de responsabilidad civil «por daño a mujeres causado por drogas de aborto químico». Esto permitiría que las mujeres perjudicadas por el fármaco pudieran presentar reclamaciones contra el Gobierno de Estados Unidos en relación con la mifepristona.
La mifepristona también se utiliza en el tratamiento de abortos espontáneos tempranos, por lo que la ley no prohibiría ese uso. La iniciativa se dirige específicamente al empleo del medicamento para provocar el aborto.
La propuesta cuenta con el respaldo de grupos que defienden la vida. Su presentación se produce después de que la administración Trump prometiera investigar la seguridad del fármaco, aunque posteriormente aprobara una versión genérica de la píldora abortiva en octubre de 2025. Ese contexto ha contribuido a reavivar el debate político y moral sobre un producto que sigue siendo objeto de fuerte controversia.
Un estudio reciente del Ethics and Public Policy Center concluyó que la eliminación de la obligación de visitas presenciales provocó un aumento de los efectos adversos en mujeres sometidas a abortos químicos. Ese trabajo figura entre varios que apuntan a una mayor frecuencia de problemas graves asociados al uso de estas drogas.
Junto a ello, otros estudios han mostrado elevadas tasas de hospitalización entre las mujeres que toman la píldora abortiva. Según uno de esos trabajos, el aborto químico presenta una tasa de complicaciones cuatro veces superior a la del aborto quirúrgico. Otro informe sostuvo además que las complicaciones derivadas de la píldora abortiva a menudo no se notifican correctamente o quedan mal clasificadas, lo que impide conocer con exactitud la verdadera magnitud del daño.
Hawley se expresó con contundencia al presentar su propuesta. En una declaración, afirmó: «La ciencia es clara: la droga del aborto químico es inherentemente peligrosa para las mujeres y propensa al abuso. Sin embargo, grandes empresas como Danco Laboratories están ganando miles de millones con ella».
En la conferencia de prensa del 11 de marzo intervino también la doctora Christina Francis, directora de la American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists. Francis, ginecóloga-obstetra certificada y médico hospitalista obstétrica en Indiana, habló de su experiencia atendiendo a mujeres que sufrían complicaciones como «hemorragias severas, infecciones severas que requieren múltiples antibióticos intravenosos, e incluso cirugía de emergencia».
La médica explicó además que, pese a que el aborto es en gran medida ilegal en Indiana, ella y sus colegas son llamados con regularidad a urgencias para atender a mujeres que llegan con graves complicaciones. En una de sus declaraciones, dijo: «Trabajo en el estado de Indiana, donde el aborto es en gran medida ilegal, y aun así a mí y a mis colegas regularmente nos llaman a la sala de emergencias para atender a mujeres … que están sufriendo complicaciones graves». Y añadió: «Les diré quién no las está atendiendo en la sala de emergencias: los vendedores de píldoras impulsados por el lucro que les enviaron esas píldoras ya sea por internet, por correo o incluso en una instalación de aborto».
Francis insistió en que el ejercicio de la medicina no puede separarse de su finalidad auténtica. Según sus palabras, «El propósito de la medicina es la salud, la sanación y la integridad, y las peligrosas drogas abortivas son exactamente lo contrario de esto». Por ello reclamó una actuación decidida de las autoridades sanitarias y afirmó: «Así que es hora de que la FDA haga su trabajo y proteja a las mujeres y a los niños estadounidenses de los daños de la mifepristona».
En paralelo, la distribuidora neoyorquina de drogas abortivas Mayday Health aceptó retirar anuncios calificados de «engañosos e ilícitos» tras un acuerdo con el estado de Dakota del Sur, según informó el fiscal general Marty Jackley.
El grupo habría «apuntado» a Dakota del Sur con publicidad de píldoras abortivas a pesar de que esas píldoras son ilegales en ese estado. Ya en diciembre de 2025, Jackley había remitido a Mayday Health una orden de cese y desistimiento por sus prácticas publicitarias.
En el acuerdo alcanzado, Mayday Health se comprometió a retirar anuncios que «ayuden, faciliten o soliciten conducta ilegal» en Dakota del Sur. El fiscal general fue explícito al denunciar el modo en que la publicidad buscaba atraer a mujeres y menores, minimizando al mismo tiempo los riesgos físicos. Jackley afirmó: «Mayday Health apuntó a mujeres y chicas jóvenes animándolas a tomar píldoras abortivas mientras las engañaba sobre los riesgos físicos». Y añadió: «Mi postura ha sido clara e inquebrantable: la ley de Dakota del Sur gobierna, y los anuncios engañosos deben ser, y son, detenidos».
El conjunto de los hechos dibuja un panorama de creciente oposición al aborto químico, tanto por la vía legislativa como por la denuncia pública de sus consecuencias. Frente a la propaganda que presenta estas drogas como una simple prestación sanitaria, las voces citadas insisten en que la mifepristona comporta riesgos serios para la mujer, se beneficia de controles insuficientes y se ha convertido en un instrumento privilegiado de la cultura de la muerte. La nueva ofensiva legislativa en el Senado y la actuación judicial en Dakota del Sur muestran que la batalla por la defensa de la vida y por la protección de las mujeres frente al aborto químico sigue plenamente abierta.
