(NCR/InfoCatólica) La Santa Sede ha vuelto a alzar la voz ante la comunidad internacional para denunciar una realidad demasiado a menudo silenciada o minimizada: los cristianos son hoy la comunidad religiosa más perseguida del mundo. Así lo afirmó Mons. Ettore Balestrero, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, durante una conferencia celebrada en Ginebra el 3 de marzo.
La intervención del prelado llevó por título «Junto a los cristianos perseguidos: defender la fe y los valores cristianos», y en ella expuso con claridad la gravedad de la situación que padecen millones de fieles en distintos continentes. Mons. Balestrero, que ejerce como observador permanente de la Santa Sede ante la ONU desde 2023 y es además representante ante la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional para las Migraciones, aportó cifras que muestran la dimensión del drama.
Según explicó, durante 2025 «casi 5.000 fieles fueron asesinados por su fe», lo que equivale a 13 personas cada día. A ello se suma una cifra todavía más amplia y estremecedora: «Casi 400 millones de cristianos en todo el mundo se enfrentan a la persecución o a la violencia, lo que los convierte en la comunidad religiosa más perseguida del mundo».
Mons. Balestrero subrayó además el verdadero significado del testimonio de estas víctimas. Afirmó que quienes sufren y mueren por Cristo «son mártires en el sentido etimológico del término», porque son testigos «de su credo que encarnan valores que desafían la lógica del poder». Con estas palabras recordó que la sangre de los cristianos perseguidos no puede reducirse a una estadística ni a un asunto secundario de política internacional, sino que constituye una prueba dolorosa de fidelidad religiosa frente a la violencia y la opresión.
El representante de la Santa Sede insistió también en que, desde la perspectiva del derecho internacional, no se trata solo de una cuestión espiritual o interna de las comunidades creyentes, sino de auténticas «escandalosas violaciones de los derechos humanos». Por ello, advirtió que el heroísmo de las víctimas no puede servir de excusa para desviar la atención de la responsabilidad de los Estados.
En ese sentido, fue tajante al recordar cuál es el deber de las autoridades civiles: «Es deber del Estado proteger la libertad de religión o de creencia, lo que incluye impedir que terceros violen este derecho. Esta protección debe salvaguardar a los creyentes que son objetivo de ataques, antes, durante y después de un atentado». La afirmación apunta directamente a la obligación de los poderes públicos de garantizar de manera efectiva la libertad religiosa, y no solo de proclamarla de forma retórica mientras los creyentes quedan indefensos.
Uno de los puntos centrales de su discurso fue la denuncia de la impunidad. Mons. Balestrero llamó la atención sobre el hecho de que quienes asesinan cristianos o promueven su persecución con demasiada frecuencia quedan sin castigo. Calificó esta impunidad como «una de las cuestiones más graves en el panorama global de la persecución religiosa». No se trata, por tanto, solo de la existencia de ataques, sino del fracaso de muchos sistemas políticos y judiciales a la hora de llevar a los culpables ante la justicia.
Tras manifestar su preocupación por los millones de cristianos perseguidos, señaló que este «flagelo» afecta a países de todo el mundo y a varios continentes, incluida Europa. De ese modo desmintió implícitamente la idea de que la persecución anticristiana sea un fenómeno lejano o restringido a determinadas regiones. La hostilidad contra la fe cristiana, en sus diversas formas, se extiende de manera mucho más amplia de lo que muchos están dispuestos a reconocer.
Para ilustrar esa realidad en el continente europeo, citó un informe reciente sobre delitos de odio elaborado por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, que registró más de 760 crímenes de odio contra cristianos solo en Europa durante 2024. La cifra confirma que la cristianofobia no es una invención ni una exageración, sino un fenómeno real que golpea también a sociedades que durante siglos estuvieron marcadas profundamente por la fe cristiana.
Mons. Balestrero advirtió asimismo de que la persecución no siempre adopta la forma abierta y sangrienta del asesinato, el atentado o la violencia física. Existen también formas «más sutiles y a menudo silenciosas de persecución», como la marginación gradual o la exclusión de la vida social y profesional, «incluso en tierras tradicionalmente cristianas». Se trata de una observación especialmente relevante en un tiempo en el que el secularismo militante pretende arrinconar la fe al ámbito privado y castigar su presencia pública.
El prelado precisó que esta persecución más discreta se manifiesta mediante restricciones y limitaciones menos visibles, «a través de las cuales las normas legales y las prácticas administrativas restringen o, de hecho, anulan los derechos legalmente reconocidos de la población predominantemente cristiana, incluso en algunas partes de Europa». La denuncia es grave, porque señala que la opresión contra los cristianos no proviene únicamente de turbas violentas o grupos extremistas, sino también de mecanismos institucionales que socavan en la práctica derechos que formalmente se declaran protegidos.
La intervención de la Santa Sede en Ginebra puso así de relieve una vez más que la persecución contra los cristianos sigue siendo una herida abierta en el mundo contemporáneo. No solo se mata a fieles por confesar a Cristo, sino que también se les margina, se les discrimina y se les priva de sus derechos mediante procedimientos menos estridentes, pero no menos injustos. Frente a esta realidad, la Santa Sede reclamó que la comunidad internacional y, de modo particular, los Estados, asuman su deber de proteger con verdadera eficacia la libertad religiosa y la dignidad de quienes permanecen fieles a su fe.
