(AICA/InfoCatólica) Los obispos europeos han rechazado que el aborto pueda llegar a financiarse con fondos sociales de la Unión Europea. La presidencia de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, conocida como Comece, valoró positivamente que la Comisión Europea haya renunciado a impulsar una propuesta para costear el aborto transfronterizo con financiación europea específica, pero expresó al mismo tiempo su oposición a que los Estados miembros puedan recurrir a fondos sociales europeos para ese mismo objetivo.
La propuesta inicial había surgido de la iniciativa ciudadana europea «Mi voz, mi decisión». Esa campaña reunió 1,2 millones de firmas para reclamar una financiación que permitiera a mujeres de países donde el aborto está más restringido desplazarse a otros en los que la legislación es más permisiva.
El 26 de febrero, la Comisión Europea descartó la creación de un fondo específico para sufragar ese tipo de abortos transfronterizos. La presidencia de la Comece señaló que acogía favorablemente esa decisión, en especial después de que el Parlamento Europeo ya hubiera respaldado la iniciativa en diciembre.
En su comunicado, la presidencia episcopal afirmó que «acoge con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de no presentar al Parlamento Europeo y al Consejo» esa propuesta. A juicio de los obispos, «esta decisión reconoce claramente la necesidad de respetar los límites de las competencias de la Unión Europea y de salvaguardar el principio de subsidiariedad».
Sin embargo, la Comisión Europea añadió en su respuesta una alternativa que provocó el rechazo inmediato de los obispos. Bruselas indicó que «los Estados miembros pueden, si así lo desean, usar los fondos sociales FSE+ para mejorar el acceso igualitario a servicios sanitarios legalmente disponibles y asequibles, incluyendo un aborto seguro». A partir de esa posibilidad, consideró que «no es necesario» crear un nuevo fondo.
La Comece manifestó entonces una «seria preocupación» por esa salida. Los obispos recordaron que el programa FSE+ «fue concebido originalmente para promover la inclusión social, apoyar el empleo y prevenir que las familias -especialmente aquellas con hijos- caigan en la pobreza». Por eso advirtieron de que emplearlo para financiar el asesinato de bebes no nacidos «se aparta de su finalidad original».
La objeción de los obispos no se limita al destino indebido de unos recursos públicos. También afecta a la concepción misma de la ayuda que necesitan las mujeres en dificultades. La presidencia de la Comece subrayó que financiar abortos «no constituye un verdadero apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad».
Frente a esa lógica propia de la cultura de la muerte, los obispos insistieron en que lo que las mujeres necesitan «es una asistencia social, económica y sanitaria eficaz» para poder seguir adelante con su embarazo «sin sufrir consecuencias sociales o económicas negativas». Añadieron además que las mujeres europeas «deben ser realmente ayudadas a acoger la maternidad y nunca deberían sentirse obligadas a abortar debido a presiones» de carácter económico o social.
La Comece alertó también de las consecuencias políticas de esa orientación. Según indicó, este uso de los fondos sociales «corre el riesgo de generar fricciones políticas en lugar de reforzar la cohesión». En cambio, sostuvo que las políticas que «promueven verdaderamente la dignidad de la mujer y fortalecen la cohesión dentro de la Unión» son aquellas que refuerzan la protección de la maternidad, el apoyo a la familia y la inclusión social.
De este modo, los obispos europeos han dejado claro que no basta con rechazar un fondo específico para el aborto si luego se abre la puerta a costearlo con instrumentos creados para combatir la exclusión y sostener a las familias. Su posición es que los recursos sociales de la Unión Europea deben servir para proteger la vida, ayudar a las madres y fortalecer el tejido social, no para financiar el aborto bajo una apariencia de política sanitaria o de igualdad.
