(LSN/InfoCatólica) Luxemburgo se convierte en el segundo país del mundo en constitucionalizar la «libertad» de abortar, tras Francia, que lo hizo en 2024. La Cámara de Diputados del Gran Ducado aprobó el pasado 1 de marzo la reforma constitucional con 48 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, superando con holgura la mayoría de dos tercios requerida para modificar la Carta Magna.
La iniciativa partió en 2024 del partido de izquierda déi Lénk («La Izquierda»), que presentó un anteproyecto de ley en mayo de 2025. El Consejo de Estado del Gran Ducado, que actúa como cámara alta, lo revisó y aprobó en junio de ese mismo año.
Como advirtió el Cardenal Hollerich, el proceso ha sido rápido. Hace cuatro años se votó por mayoría el aborto libre.
Un término de compromiso tras el debate sobre los deberes del Estado
El texto de la reforma no incorpora el término «derecho» al aborto, sino «libertad». El cambio de palabra no es menor: el Partido Popular Social Cristiano (CSV) se había opuesto a la fórmula del «derecho», argumentando que ello generaría teóricamente una «obligación» del Estado de garantizarlo activamente. Los partidos mayoritarios acordaron el término «libertad», que asegura la legalidad del aborto pero permite mantener restricciones legales. Fueron rechazadas tanto una propuesta para ampliar el plazo legal a las 14 semanas como una enmienda que garantizase un «derecho» a la anticoncepción.
El aborto es legal en Luxemburgo a petición de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. En julio de 2025, fueron suprimidos el período de reflexión obligatorio de tres días y la sesión de asesoramiento previa a la intervención. Las interrupciones del embarazo están también permitidas en fases más avanzadas cuando se diagnostica una anomalía fetal considerada letal.
Voces críticas dentro y fuera del hemiciclo
No todos los grupos respaldaron la reforma sin fisuras. El diputado del Partido Demócrata (DP) Gérard Schockmel votó en contra, argumentando que la medida no tiene en cuenta los derechos del niño no nacido. Según recoge Luxembourg Times, Schockmel calificó además el debate como impulsado por lo que denominó «una ideología feminista despiadada». El DP, con 14 escaños, permitió a cada uno de sus miembros votar en conciencia.
Desde la derecha, el diputado Fred Keup cuestionó durante su intervención las credenciales conservadoras del CSV, tras conocerse que el partido democratacristiano había decidido apoyar la propuesta. El portavoz del grupo, Laurent Zeimet, justificó el voto afirmando que reflejaba los cambios en la sociedad.
El mes anterior a la votación, un grupo de académicos internacionales de instituciones como Harvard u Oxford suscribió una carta abierta instando a los diputados a rechazar la enmienda. Los firmantes advertían que el término «libertad», pese a no ser «derecho», sería inevitablemente interpretado por los tribunales como tal.
El peso del precedente monárquico
Luxemburgo es una monarquía constitucional en la que el Gran Duque ostenta un papel político muy limitado. Esta situación tiene un origen concreto: en 2008, el entonces Gran Duque Enrique se negó a sancionar la ley que legalizaba la eutanasia. La respuesta del Parlamento fue reformar la Constitución para convertir la firma del monarca en un trámite sin efecto jurídico real. Su hijo, el actual Gran Duque Guillermo V, no tendrá, por tanto, capacidad alguna de vetar la reforma aprobada.
Francia fue el primer país del mundo en inscribir la «libertad» de interrumpir el embarazo en su constitución, en 2024, en un movimiento que varios legisladores europeos vincularon a la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revocó el precedente Roe v. Wade y declaró que el aborto no es un derecho constitucional en aquel país.
