(InfoCatólica) El viaje apostólico del Papa León XIV a España va a ser una bendición en muchos ámbitos. En el de los temas pendientes especialmente, y más concreto en el de los acuerdos firmados por quienes no tienen competencia para ello.
Bolaños y los responsables de la Conferencia Episcopal Española (CEE) «tienen que hablar». Después de la situación todavía no aclarada de la firma del Cardenal Cobo en el documento que permite la profanación de la Basílica del Valle de los Caídos, ahora viene la firma de un acuerdo que no lo es tal, con, desgraciadamente, las víctimas como teloneros.
El pasado 8 de enero, Félix Bolaños compareció ante las cámaras junto al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, y al de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, para anunciar lo que calificó de «deuda histórica saldada» con las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Hubo foto, apretón de manos y un eslogan que recorrió todas las portadas: «el Estado decide la indemnización y la Iglesia paga». Siete semanas después, el propio Ministerio ha reconocido por escrito que ese acuerdo no está elaborado ni firmado. Y el Defensor del Pueblo, pieza central del mecanismo anunciado, añade que nadie le pidió permiso para incluirle.
Un convenio que no existe
La exclusiva la destapó Religión Confidencial mediante una consulta al Portal de Transparencia formulada el 14 de enero, al amparo de la Ley 19/2013 de transparencia y acceso a la información pública. La pregunta era sencilla: qué recursos cabían en vía administrativa contra el convenio suscrito el 8 de enero entre el Ministerio de Justicia y la CEE.
La respuesta llegó el 11 de febrero firmada por Mercedes Murillo Muñoz, directora general de Libertad Religiosa. La funcionaria inadmitió la solicitud invocando el artículo 18.1.a) de la misma ley, que permite rechazar peticiones referidas a información «en curso de elaboración». El motivo declarado resulta revelador: el convenio preguntado «no ha sido elaborado ni suscrito por las partes», sino que «el acuerdo alcanzado el 8 de enero de 2026 se limitó a expresar la voluntad de las partes firmantes de negociar y formalizar, a través de un futuro convenio, las bases del referido acuerdo».
Por otro lado Iglesia Noticias, con una investigación independiente, señala la situación «pone de manifiesto la distancia entre el relato político difundido desde el Gobierno y la realidad administrativa reflejada por escrito»: mientras el Ejecutivo vendió el anuncio como un paso decisivo y ya cerrado, el documento oficial acredita que no existe compromiso firmado de ningún tipo.
Lo que se anunció y lo que había
La perplejidad crece al repasar lo que se presentó aquel 8 de enero. Bolaños no habló de intenciones ni de negociaciones en curso: proclamó que se cumplía «escrupulosamente» el informe del Defensor del Pueblo de 2023 y detalló un mecanismo de reparación con cuatro modalidades (económica, moral, restaurativa y psicológica), exención fiscal de las indemnizaciones con carácter retroactivo, y una comisión mixta Iglesia-Estado con garantías de protección de datos. Describió incluso el procedimiento caso a caso: si víctima e Iglesia acordaban la cantidad, la Iglesia pagaba; si no, intervenía una comisión con las asociaciones de víctimas; y si tampoco había acuerdo, prevalecería la decisión del Defensor del Pueblo.
Nada de eso está recogido en ningún texto con validez jurídica. Todo era, según reconoce el propio Ministerio, una declaración de intenciones.
El Defensor del Pueblo no estuvo
El segundo golpe llegó días después. El gabinete de comunicación del Defensor del Pueblo, cuya institución figuraba en el centro del mecanismo prometido como alternativa al Plan PRIVA para víctimas que no quisieran acudir directamente al órgano eclesial, remitió el 17 de febrero una resolución oficial en la que acredita que tampoco esta institución ha suscrito convenio alguno, «ni directamente, ni mediante representante».
El escrito del organismo presidido por Ángel Gabilondo precisa además que el acuerdo del 8 de enero «no constituye propiamente un convenio de los previstos en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público», y que, de serlo, «en todo caso crearía obligaciones jurídicas para las partes firmantes del mismo, no respecto a terceros que pudieran ser aludidos en el mismo». El «tercero aludido» es, obviamente, el propio Defensor.
Religión Confidencial fue más lejos y preguntó directamente si la institución había solicitado al Ministerio que la representara ante la Iglesia en las conversaciones del 8 de enero. La respuesta fue tajante: no. Nadie pidió esa representación. El Alto Comisionado de las Cortes Generales simplemente fue mencionado en un acuerdo que no existe, sin que nadie le consultara.
Negociación abierta, víctimas en espera
Según informa también Religión Confidencial, desde enero se han celebrado ya varias reuniones de trabajo entre la CEE y el Gobierno para redactar un convenio con verdadera validez jurídica. Las conversaciones se prolongan por la divergencia de pareceres entre las partes y la complejidad de la materia.
Mientras tanto, las asociaciones de víctimas que celebraron públicamente la «firma» del 8 de enero se encuentran ante un escenario en el que el mecanismo prometido sigue sin existir. La comisión mixta, las indemnizaciones fijadas por el Estado, el canal alternativo al PRIVA: todo ello fue anunciado como un logro ya cosechado. La realidad es que aún no hay texto, no hay firma y no hay cauce. Solo queda pendiente la pregunta que nadie en el Gobierno ha respondido todavía: ¿por qué se convocó a los medios a presenciar la firma de algo que no se firmó?
