(InfoCatólica) Un nuevo episodio de presión contra la Iglesia Católica se ha producido en Nicaragua. Según lo informado, el régimen ha ordenado al clero de la Diócesis de León permanecer en sus parroquias y abstenerse de predicar fuera de los templos, una directiva emitida días antes de una oleada de misiones pastorales. La instrucción refuerza la drástica restricción que sigue padeciendo la vida religiosa en el país bajo el gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La prohibición afectó de modo directo la labor pastoral programada para el 24 de enero, en el marco del Año Eclesiológico proclamado por el obispo Sócrates René Sándigo, quien gobierna las diócesis de León y la vecina Chinandega. La iniciativa diocesana pretendía renovar la presencia misionera de la Iglesia, incluyendo las tradicionales visitas “puerta a puerta” y la proclamación pública del Evangelio. Sin embargo, los sacerdotes habrían recibido una instrucción tajante de las autoridades: «Hagan su trabajo dentro».
La denuncia fue difundida inicialmente por la abogada e investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina, cuya documentación sobre la persecución religiosa en el país se ha convertido en un punto de referencia para observadores internacionales. De acuerdo con lo señalado, el mensaje fue transmitido directamente por agentes policiales que actuaban en nombre del régimen. En esa línea, se ordenó explícitamente al clero no abandonar sus parroquias para realizar actividades pastorales, neutralizando así el carácter misionero del programa diocesano.
Fuentes cercanas a la Iglesia confirmaron que la prohibición se aplicó mediante presencia policial e intimidación, en un contexto en el que las fuerzas del orden han asumido un papel cada vez más invasivo en la vida social. Aunque no se habría publicado un decreto formal, la orden verbal habría bastado para asegurar su cumplimiento, reflejando el clima de temor instalado en comunidades religiosas y fieles.
El caso de León resulta especialmente significativo. El obispo Sócrates René Sándigo ha sido percibido a menudo como uno de los prelados menos confrontativos con el gobierno, y en el pasado sus diócesis habrían contado con concesiones limitadas que no se concedían en otros lugares. En algunas ocasiones, incluso se permitieron procesiones en zonas universitarias, algo inusual en un país donde las expresiones religiosas públicas han sido sistemáticamente prohibidas o desmanteladas. La intervención actual, sin embargo, sugiere que ni siquiera esa aparente moderación ofrece una protección estable.
Estas restricciones suponen un cambio drástico respecto de la práctica católica ordinaria en la región. En Hispanoamérica, las misiones parroquiales y las visitas casa por casa no son algo accesorio: forman parte de la atención pastoral habitual, con especial importancia en comunidades pobres y rurales. Impedir que los sacerdotes salgan de los recintos eclesiásticos equivale, en la práctica, a forzar que la religión quede reducida a un ámbito privado, sin su dimensión social y comunitaria.
La prohibición impuesta en León se inserta, además, en un patrón más amplio. En los últimos años, el régimen de Ortega y Murillo ha expulsado órdenes religiosas, confiscado bienes de la Iglesia, encarcelado o exiliado al clero y prohibido procesiones públicas en el país. Lo que distingue a este episodio es la precisión del control: no se trataría de cerrar iglesias, sino de dictar cómo puede ejercerse el ministerio, acotando incluso los límites de la acción pastoral.
Para los fieles de León y Chinandega, el mensaje queda formulado sin ambigüedades: la Iglesia puede existir, pero solo dentro de los márgenes impuestos por el Estado. En el propio relato de lo sucedido, se presenta la orden de «quedarse en casa» como algo más que una indicación logística: un símbolo de un poder decidido a confinar la vida religiosa al silencio y a los muros, incluso cuando el afectado es un obispo considerado durante años como relativamente tolerable para el régimen.
Este nuevo cerco golpea directamente una de las tareas esenciales de la Iglesia: anunciar a Cristo y llevar el Evangelio a las personas, también en sus hogares y comunidades. Cuando un Estado pretende encerrar la acción pastoral dentro de cuatro paredes, no solo restringe actividades: pone en cuestión, de hecho, el ejercicio mismo de la libertad religiosa y la misión evangelizadora de la Iglesia.
