(CNA/InfoCatólica) La negociación del plan de salud del presidente Donald Trump con el Congreso ha despertado una vigilancia especial por parte de los obispos estadounidenses y de organizaciones católicas pro vida, que quieren comprobar si el texto final incorpora las protecciones más estrictas posibles para impedir que fondos federales terminen financiando el aborto.
En la última semana, Trump recibió críticas de activistas pro vida después de instar a legisladores republicanos a ser «flexibles» con la Enmienda Hyde durante las conversaciones para ampliar los subsidios de atención médica relacionados con la Ley de Atención Médica Asequible. La cuestión no es menor: la Enmienda Hyde, presente desde hace tiempo en proyectos de ley de gasto federal, impide que el dinero de los impuestos se utilice para abortos electivos.
En este contexto, el plan sanitario, presentado como un esquema de cuatro puntos, entra ahora en fase de negociación con el Congreso. De esa negociación dependerá si el texto final mantiene con claridad el principio de que el Estado no debe obligar a los ciudadanos a sufragar, mediante sus impuestos, la eliminación deliberada del no nacido.
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha intervenido públicamente para que no se rebaje esa protección. En su llamamiento al Congreso, los obispos advirtieron: «La atención médica auténtica defiende la dignidad de toda vida humana, y la política de atención médica no debe violar esta dignidad».
Mientras se afila el debate, la Casa Blanca difundió un memorando de una página con prioridades para el plan de salud, aunque sin publicar todavía los detalles legislativos completos. El documento, de 827 palabras, no incluye mención expresa a la Enmienda Hyde, lo que alimenta la inquietud de quienes exigen que la defensa de la vida quede blindada sin ambigüedades.
Según el planteamiento presentado, el plan se articula en cuatro grandes objetivos: reducir los precios de los medicamentos, reducir las primas de los seguros, exigir responsabilidades a las grandes compañías de seguros y maximizar la transparencia de los precios. En un mensaje de video, Trump prometió un cambio favorable para los ciudadanos y afirmó: «Recibirán un mejor trato y una mejor atención médica». También pidió al Congreso, controlado por los republicanos, que actúe con rapidez para redactar y aprobar leyes encaminadas a esos fines.
En el apartado de medicamentos, el memorando sostiene que el Congreso debería permitir que se vendan más fármacos sin receta y convertir en ley acuerdos recientes de la administración con compañías farmacéuticas, orientados a que los medicamentos se vendan en Estados Unidos a precios comparables a los de otros países desarrollados.
Para reducir las primas, el plan propone que los subsidios de atención médica se entreguen directamente a los estadounidenses, en vez de canalizarse a través de compañías de seguros. Además, el esquema respaldaría un programa de reducción de costos compartidos con el objetivo de rebajar en más del 10% las primas más comunes vinculadas a la Ley de Atención Médica Asequible.
Otra línea del plan busca aumentar la rendición de cuentas de las aseguradoras. El memorando plantea obligarlas a publicar comparaciones de tarifas y cobertura en un «inglés sencillo» que resulte más fácil de entender. También se contempla exigir que informen del porcentaje de sus ingresos destinado a pagar reclamos, en comparación con gastos generales, y que hagan público el porcentaje de reclamos que rechazan.
En cuanto a la transparencia, la Casa Blanca sostiene que las compañías de seguros deberían mostrar de forma destacada sus precios y tarifas para evitar facturas médicas sorpresa. Trump reforzó esta idea con un mensaje de tono populista frente a corporaciones y lobbies: «En lugar de priorizar las necesidades de las grandes corporaciones y los intereses especiales, nuestro plan finalmente los prioriza a ustedes y les da más dinero». Y añadió una explicación del mecanismo que propone: «El gobierno les pagará el dinero directamente. Les llega, y luego ustedes usan el dinero para pagar su propia atención médica».
En el ámbito católico sanitario, la Asociación Católica de Salud de Estados Unidos reaccionó acogiendo con satisfacción algunas de las prioridades anunciadas. La organización suele alinearse con enseñanzas de la Iglesia, aunque ha recibido críticas por posturas en asuntos como el aborto. Su presidenta y directora ejecutiva, la hermana Mary Haddad, RSM, que representa a numerosos hospitales católicos, emitió un comunicado en el que valoró positivamente la iniciativa: «Aplaudimos el compromiso de la administración con la vital labor de ampliar el acceso a una atención médica asequible y de calidad». Y añadió: «Garantizar que las personas y las familias puedan obtener la atención que necesitan es fundamental para la misión de la atención médica católica».
Haddad pidió al Congreso y a la administración que impulsen un acuerdo bipartidista sobre los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible. En ese punto, recordó que dicha normativa se aprobó en la Cámara de Representantes por un margen estrecho, con amplio apoyo de los demócratas y poco respaldo de los republicanos. Uno de los focos de controversia fue precisamente la Enmienda Hyde: no fue incluida en la versión aprobada por la Cámara, y esa ausencia podría complicar las negociaciones en el Senado.
En su mensaje, Haddad defendió la renovación de los subsidios por su impacto económico inmediato en las familias: «Renovarlos aliviaría inmediatamente la presión financiera de los hogares, a la vez que ayudaría a garantizar que las personas mantengan su cobertura médica». Y concluyó afirmando: «Seguiremos trabajando con la administración y el Congreso para fortalecer el acceso a la atención médica en las comunidades de todo el país».
Con la negociación parlamentaria por delante, queda abierto el punto decisivo que preocupa al mundo pro vida: si el plan sanitario incorporará o no con claridad las protecciones necesarias para impedir que el dinero federal se convierta, directa o indirectamente, en combustible financiero para el aborto. En juego no está solo un diseño técnico de subsidios y primas, sino la exigencia moral elemental de que la política pública no contribuya a la cultura de la muerte ni viole la dignidad de toda vida humana.
