(InfoCatólica) La bioeticista Susanne Kummer ha acogido con satisfacción la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (VfGH) sobre la asistencia al suicidio, considerándola como una «señal importante de que se mantiene el enfoque prioritario en la prevención del suicidio». Los jueces del VfGH han preservado el «cinturón de seguridad» necesario contra el suicidio al confirmar que se mantiene la prohibición vigente de la ayuda al suicidio y que las condiciones establecidas en la ley de directrices de muerte, que entró en vigor en 2021, no son contrarias a la Constitución. Así lo expresó la directora del Instituto de Antropología Médica y Bioética (IMABE) en una entrevista con la agencia de noticias Kathpress el viernes.
Kummer destacó como punto central de la sentencia la constatación de los jueces de que las regulaciones, que los defensores de la eutanasia suelen calificar negativamente como «obstáculos», en realidad actúan como mecanismos de protección. «Actúan como un cinturón de seguridad, que impide que las personas, ya sea por presión externa o autoimpuesta, tomen una decisión irreversible que termine en su muerte», comentó Kummer. El VfGH ha considerado legítimo y constitucional el establecimiento de tales salvaguardias, «porque la vida es un bien demasiado valioso».
La sentencia también validó la espera de al menos doce semanas entre la primera consulta médica y la redacción de una directriz de muerte. Aunque desde la perspectiva de la investigación sobre el suicidio Kummer señaló que se desearía un período más largo, dado que las fases suicidas suelen durar varias semanas, al menos se ha evitado una reducción adicional de este plazo, lo cual «iría en contra de toda prevención del suicidio», afirmó.
La protección de estas medidas en la ley de directrices de muerte es clave porque, según estudios internacionales, la legalización de la asistencia al suicidio suele llevar a un aumento significativo en el número total de suicidios. Este fenómeno también se está observando en Austria. «Como sociedad, debemos pensar cuidadosamente si queremos condiciones como las de los Países Bajos, donde 26 personas mueren cada día por suicidio asistido», advirtió Kummer.
Afortunadamente, el reciente fallo del VfGH envía una señal en la dirección opuesta y confirma el consenso social de que «esos no son el ideal de un final digno de la vida que queremos promover en nuestro país». En lugar de buscar la mayor cantidad posible de suicidios asistidos, el Tribunal Constitucional subrayó que «la principal tarea del Estado es la prevención del suicidio, no su facilitación».
Regulación actual confirmada en su mayor parte
El VfGH se pronunció después de que varios solicitantes, incluyendo una asociación y cuatro personas, entre ellas dos personas gravemente enfermas y un médico, presentaran solicitudes en 2023. Los solicitantes argumentaron que los «costosos y que consumen mucho tiempo» procedimientos obligatorios hacían prácticamente imposible que las personas que sufren pudieran morir de forma rápida, acompañada y autodecidida con la ayuda de terceros.
El Tribunal Constitucional decidió el viernes que las restricciones establecidas en la ley de directrices de muerte, entre ellas que la persona que solicite la ayuda para suicidarse debe estar gravemente enferma, no infringen el derecho a la autodeterminación. También se consideró constitucional la obligación de recibir una consulta de dos médicos, uno de los cuales debe tener una calificación en medicina paliativa. Esta disposición busca asegurar que la persona pueda tomar una decisión informada, según los jueces.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló la necesidad de un procedimiento adicional para renovar la directriz de muerte después de un año de validez, con el fin de obtener un producto letal en una farmacia pública. Esta modificación entrará en vigor el 1 de junio de 2026.
