(Crux/InfoCatólica) En un informe titulado «Ríos de Sangre y Lágrimas Fluyendo Incesantemente en Nigeria», la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, conocida como «Intersociety», acusa a las fuerzas de seguridad en la nación más poblada de África de ignorar los derechos de los no musulmanes así como de participar en desapariciones y asesinatos extrajudiciales.
Una de las principales causas de la violencia sectaria en Nigeria ha sido la tensión entre los pastores en su mayoría musulmanes de la etnia Fulani y los agricultores sedentarios que suelen ser en su mayoría cristianos. Una serie de ataques de terroristas Fulani contra objetivos cristianos durante la pasada Navidad, por ejemplo, dejaron aproximadamente 300 personas muertas.
Según el informe de Intersociety, cada vez que hay una amenaza percibida contra las vacas propiedad de los pastores Fulani, las fuerzas de seguridad nigerianas entran en acción con una operación a la que se llama «humanización de las vacas».
La rápida respuesta militar resulta en «arrestos, secuestros, desapariciones y 'neutralización'» contra los atacantes, pero tal cosa no ocurre cuando los pastores Fulani y bandidos, a menudo vestidos de negro y gritando eslóganes yihadistas, atacan a cristianos y no musulmanes.
El informe sostiene que desde 2015, ha habido un esfuerzo consciente respaldado por el gobierno nigeriano para promover la islamización de las fuerzas de seguridad, con el resultado de que las fuerzas se han vuelto «radicalizadas, sesgadas y bastardizadas».
El director de Intersociety, Emeka Umeagbalasi, le dijo a Crux que la administración del expresidente nigeriano Muhammadu Buhari «radicalizó a las fuerzas de seguridad, les dio órdenes de proteger a los pastores Fulani y ayudó a su invasión de tierras de cultivo, bosques y arbustos del sur».
Emeka acusó a las fuerzas de seguridad de ser «grosera e incurablemente parciales y partidistas», describiéndolas como «una Gendarmería Islamista emergente». El director de Intersociety afirmó que la protección de los pastores fulani y su ganado, junto con la indiferencia simultánea ante el asesinato de cristianos, formaba parte de una amplia agenda de islamización que comenzó en 2009 cuando los insurgentes de Boko Haram iniciaron ataques en Nigeria.
Desde entonces, según Emeka, al menos 18,500 iglesias cristianas han sido afectadas, actividad que se ha extendido a otras naciones africanas. El informe sostiene que el gobierno de Buhari financió la escalada del terrorismo fulani en África, con consecuencias en la República Centroafricana, Mozambique, la República Democrática del Congo y otras naciones.
El informe llama a una reestructuración militar en el país, abogando por una urgente reestructuración de las fuerzas de seguridad, la capacitación integral y desradicalización del personal y sus superiores, y abordar de frente el factor de «fulanización» en las fuerzas de seguridad.
Se expresa preocupación en el informe por la falta de capacitación en tecnología de la información y medidas de seguridad de comunicación en más del 85 por ciento de los soldados nigerianos.
El informe señala que, durante el período del 30 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2023, las fuerzas de seguridad nigerianas llevaron a cabo vientiocho operaciones atroces que llevaron a la muerte directa o indirecta, fuera de la ley, de más de 100,000 ciudadanos desarmados e indefensos, con miles gravemente torturados, detenidos sin juicio justo y varios miles desaparecidos permanentemente durante secuestros y encarcelamientos.
El informe afirma que las muertes «indirectas» incluyeron personas que murieron por «tortura y heridas de bala o las que fueron secuestradas y desaparecidas; y hambre, hambrunas y privaciones sufridas por sus dependientes debido a su ausencia».
Según el informe, aproximadamente el 70 por ciento de los asesinatos, torturas, secuestros y desapariciones directas documentadas en el informe afectaron a personas de regiones predominantemente cristianas y no musulmanas de Nigeria.
Según el estudio, aproximadamente la mitad de las víctimas eran cristianas o practicantes de religiones africanas tradicionales, en su mayoría miembros del grupo étnico Igbo. El informe afirmó que estas personas fueron asesinadas «bajo acusaciones falsas; o fueron secuestradas en sus hogares o lugares de trabajo, o en su camino hacia casa, trabajo o actividades sociales, y torturadas o dejadas morir de hambre; otras desaparecieron permanentemente; otras fueron detenidas en secreto fuera de las disposiciones de las leyes escritas sin un juicio justo y basado en pruebas».
El treinta por ciento restante de las víctimas, según el estudio, eran víctimas musulmanas «asesinadas o mutiladas durante las operaciones de contrainsurgencia en partes musulmanas de los estados del noreste de Borno, Yobe, Bauchi y Adamawa».
