(Cáritas/InfoCatólica) El resultado de una fórmula, aparentemente sencilla pero profundamente influyente, define las condiciones de vida de las familias: ingresos menos gastos. El equilibrio entre ambos componentes -que marca la salud de cualquier economía, ya sea doméstica o de gran escala- encuentra en la vivienda el elemento central que más desajustes genera.
En los últimos años, la vivienda se ha convertido en un gran pozo sin fondo para numerosas familias, sobre todo para aquellas con menos ingresos. Los gastos relacionados con el pago de la casa y sus suministros son -con diferencia- los que más se han incrementado en los presupuestos familiares, desequilibrando así las economías de millones de familias en nuestro país.
De hecho, las familias con menos ingresos invierten más de seis de cada 10 euros (63%) a gastos de vivienda, suministros y alimentación frente a los menos de cuatro de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos.
Tres millones de hogares (16,8%) quedan además por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagado estos gastos básicos. Así lo refleja el informe ‘Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’, presentado este martes por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de la Fundación FOESSA.
«Desde la aparición del impactante tsunami que desencadenó la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias abarcaron tanto la esfera social como la económica, junto con su inmenso coste en términos de salud, diversos eventos han continuado azotando a las familias y sus economías. Desafíos como el conflicto en Ucrania, el aumento en los costes de los suministros energéticos o la crisis inflacionaria, persisten en poner a prueba la capacidad de los hogares para hacer frente a gastos esenciales como la alimentación y la vivienda», afirmó la secretaria general de Cáritas Española.
El estudio señala que, si bien es alentador que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11% desde 2008, lo cierto es que el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30%. Esta disparidad es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que el incremento de ingresos en estas familias ha sido prácticamente inexistente (0,5%).
Esta disparidad entre el crecimiento de los ingresos y el aumento de los gastos -unido al elevado porcentaje de trabajadores pobres (11,7%), y la baja cobertura e intensidad protectora de los ingresos mínimos (solo lo perciben el 44% de la población en pobreza severa)- está provocando que se desborde la capacidad de muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. De hecho, el porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúa ya en el 8,1% de la población (3,8 millones de personas).
«Uno de los elementos que queremos poner sobre la mesa es que si bien es necesario abordar la ecuación ingresos-gastos de manera simultánea, probablemente el déficit más pronunciado se encuentra en la actualidad en la esfera de los gastos. Así, a pesar de un crecimiento moderado pero constante en los ingresos, los gastos, con mención especial a la vivienda, se han elevado de manera notable lo que ha generado desafíos significativos en términos de asequibilidad y sostenibilidad financiera para numerosos hogares», apuntó Daniel Rodríguez.
De hecho, la tasa de privación material severa no ha mostrado una disminución proporcional al aumento de los ingresos totales. «Esto sugiere que otros factores, y en particular los gastos, pueden estar desempeñando un papel crítico en la determinación de las condiciones de vida de la población», insistió.
Vivienda, factor determinante
En este contexto, la vivienda se presenta como el factor determinante que desequilibra la ecuación «ingresos menos gastos». Según el último dato de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022), el número de familias que no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada aumentó un 189% con respecto a 2008. En concreto, el gasto en electricidad aumentó un 82%, mientras que en el caso de los combustibles líquidos para el suministro de calefacciones fue del 180%.
«Esta situación se traduce en un constante equilibrio precario entre garantizar el pago de la mensualidad de la vivienda y sus suministros en los primeros días del mes, a expensas de caer por debajo del umbral de la pobreza severa y, como resultado, descuidar otras necesidades fundamentales del hogar. Esta lucha por encontrar un equilibrio entre todas las necesidades esenciales de la familia se convierte en un desafío constante, ya que, a pesar de los esfuerzos y estrategias implementadas, a menudo resulta difícil alcanzar un nivel de vida digno», explicó Daniel Rodríguez.
El esfuerzo que debe hacer una familia para adquirir un techo donde vivir también está al alza. Hoy son necesarios 7,7 años de renta bruta anual para comprar una vivienda contra los 2,9 años que eran necesarios en 1987. «No solo se necesitan más años, sino que, en la mayoría de los casos, los ingresos se conforman desde diversas fuentes, ya que hay muchos más hogares que cuentan con más de dos aportes gracias a la incorporación de la mujer al mercado laboral», subrayó el sociólogo de la Fundación Foessa.
La compra de una vivienda no es la única causa de tensión que sufren las economías domésticas. La mitad de las familias que cuentan con una casa en alquiler también sufren estrés financiero. Según datos de EINSFOESSA 2021, con datos de 2020, un tercio de la población en alquiler están en situación de estrés moderado y, lo que es aún más preocupante, el 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero. Esto quiere decir que el pago del alquiler supone más del 60% de sus ingresos.
«Como hemos aprendido en la Gran Recesión financiera de 2008, estas situaciones precarias pueden ser la antesala de crisis aún más graves, como los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Cuando las familias luchan constantemente para cubrir los costos de la vivienda, se vuelven vulnerables a la pérdida de sus hogares y al colapso financiero», señaló Daniel Rodríguez.
Fórmulas para subsistir
En un intento por encontrar soluciones económicas y sostenibles, cada vez más familias se ven obligadas a recurrir a fórmulas como el subarriendo de habitaciones. En apenas cinco años, el porcentaje de familias con esta casuística ha experimentado un notorio aumento, llegando al 6,6% en 2022 (más de 1,2 millones de hogares).
También se está registrando un incremento notorio en el número de familias que residen en viviendas inseguras, llegando al 23,2% en 2021, lo que implica que más de 4,2 millones de hogares viven en pisos compartidos o cedidos sin contrato en vigor o en situación de desahucio.
De manera paralela, la cifra de familias que habitan viviendas inadecuadas, aquellas que no cumplen con las condiciones mínimas dignas para la vida cotidiana, también ha experimentado un preocupante aumento pasando del 25% en 2018 al 30% en 2021 (5,6 millones de familias).
«Nos encontramos, por tanto, con muchas familias que se enfrentan a una especie de dilema insuperable: la difícil elección entre vivir en condiciones no dignas, como compartir espacios reducidos, lidiar con el hacinamiento y soportar malas condiciones de vida, o, por otro lado, enfrentar una asfixia económica marcada por un estrés financiero abrumador, que a su vez puede afectar gravemente la salud, especialmente la salud mental», aseveró Daniel Rodríguez.
Seis propuestas
La dificultad de acceso a viviendas dignas y a precios asequibles se presenta, por tanto, como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. «Desde Cáritas y la Fundación Foessa, una vez más, abrazamos este desafío y llamamos a la acción conjunta. Este informe nos recuerda que, como sociedad, debemos comprometernos a construir un futuro en el que nadie se vea excluido y donde las condiciones de vida dignas sean una realidad para todos los ciudadanos», afirmó la secretaria general de Cáritas Española.
El estudio propone algunas consideraciones tanto en la esfera de los ingresos como en la de los gastos para mejorar el equilibrio financiero de los hogares. Para ello considera decisivo:
- Acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Por un lado, es decisivo ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles. Por otro, incrementar el número de viviendas de emergencia, lo que garantizaría un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad y, en última instancia, que nadie se quedase sin techo por adversidades económicas.
- Planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tenga en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora, facilitando la conciliación; un acceso a la formación que no sea exclusivamente online para evitar la brecha digital, y programas formativos acompañados de acciones socio educativas para las personas que constituyen colectivos prioritarios.
- Abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral. Para lograrlo, debemos trazar un camino que continúe en la senda de la reducción de la temporalidad en los contratos y la parcialidad en las jornadas, permitiendo que más personas accedan a empleos a tiempo completo con todos los beneficios que ello conlleva. Y, por último, en esta lucha contra la precariedad, también se deben mejorar los ingresos, garantizando que estos sean justos y reflejen adecuadamente su contribución a la sociedad.
- Realizar los cambios legislativos necesarios para que las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría, mujeres, alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social.
- Establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular. Pero también se hacen necesarios la simplificación normativa o la posibilidad de que las prestaciones se asignen automáticamente a las personas que cumplan los requisitos sin necesidad de que éstas tengan que ser quienes las soliciten.
- El mencionado sistema de garantía de ingresos mínimos también debe ofrecer suficiencia en los montos, es decir, que estén de acuerdo tanto a los precios reales y al coste de la vida, como a la composición familiar. Además, es necesario el compromiso tanto del Estado central como de las autonomías ofreciendo complementariedad entre las prestaciones brindadas por cada uno de los niveles de la administración pública.
