(InfoCatólica) El 29 de septiembre la mesa de contratación comprobó «que no había ofertas presentadas», por lo que propuso que se declarara desierto el concurso, algo que se hizo oficial el 17 de octubre.
La Xunta de Galicia (ndr: gobierno autonómico) pretendía cubrir la falta de médicos -por objeción de conciencia- y medios para realizar abortos en sus hospitales públicos.
La portavoz de la clínica coruñesa Arce, Carmen Veira, reconoció al diario Abc que no se postularon porque los precios que ofrecen «son demasiado bajos». Concretamente se dan cifras de lo que costaba hace trece años matar al no nacido «Pagan muy poco, la licitación es infumable. Ofrecen 350 euros por aborto farmacológico y 570 por aborto quirúrgico, y eso no cubre costes», asegura Veira, que revela que se han visto obligados a despedir a personal porque «estamos en pérdidas».
En la actualidad, las mujeres residentes en Galicia que quieren abortar y no encuentran cómo hacerlo en un hospital público, son derivadar a abortorios que prestan el servicio recibiendo dinero púbico conforme un contrato que finaliza el próximo mes de noviembre.
La Consejería de Salud del gobierno gallego ha asegurado que ninguna mujer se quedará sin abortar, para lo cual está examinando qué medidas tomar.
El artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 autoriza la utilización de un procedimiento negociado sin publicidad. Esto significa que es posible acordar un contrato y su precio con una empresa privada sin llevar a cabo una convocatoria pública. Además, se puede volver a licitar el servicio, realizando cambios en algunas condiciones con el objetivo de fomentar la participación de clínicas interesadas.
