(Crux/InfoCatólica) Según la abogada Martha Molina, una activista católica que ha estado documentando actos de persecución orquestados por el régimen del presidente Daniel Ortega y que actualmente está exiliada en Estados Unidos, decenas de personas solían recibir comida caliente de las misioneras todos los días y ahora no pueden encontrar asistencia en ningún otro lugar.
«En León, como en todas las ciudades nicaragüenses, hay una gran población sin hogar. Los voluntarios que trabajaron con las monjas me dijeron que esas personas están ahora desamparadas», declaró Molina a Crux.
Según el diario local La Prensa, la mayoría de las personas a las que ayudaron las misioneras pasan la noche en parques de la ciudad y cerca de un hospital. Algunos son drogadictos y varios padecen enfermedades psiquiátricas.
Cuando ven pasar a alguno de los voluntarios por la región donde la fraternidad solía distribuir alimentos, se acercan a ellos y les preguntan por las misioneras. Según el informe, al menos 100 personas se enfrentan ahora al hambre.
La casa del grupo fue visitada por funcionarios de la autoridad nicaragüense de migración a altas horas de la noche del 2 de julio. Los empleados pidieron inspeccionar el lugar donde vivían tres misioneras, entre ellos dos brasileñas y una paraguaya.
«Tras la inspección, las autoridades pidieron a las hermanas que recogieran sus pertenencias y subieran a un autobús de la Dirección General de Migración, que las trasladó a Managua a las 23.30 horas. No hubo invasión, violencia ni detención», afirma un comunicado emitido por el grupo.
En Managua, las misioneras fueron informados de su deportación y trasladados a la frontera con Honduras. Allí tomaron un autobús con destino a El Salvador, donde colegas de la misión salvadoreña de la orden les dieron la bienvenida.
«Nuestras misioneras ya se preparaban para cerrar la misión en Nicaragua por razones migratorias, dado que no pudieron iniciar el proceso para establecerse en el país [...] Estaban dentro del período de prórroga de sus visados», añade el comunicado. La misión duró siete años.
El Instituto, también conocido como Fraternidade O Caminho («Fraternidad del Camino»), fue fundado en 2001 en São Paulo, Brasil, por el padre Gilson Sobreiro. Junto con hermanas y misioneros laicos, Sobreiro empezó a ayudar a drogadictos de la periferia pobre de la ciudad.
Pronto la fraternidad creció, incluyendo a jóvenes misioneros y también a antiguos adictos que se convirtieron y se unieron al trabajo con el grupo. La Fraternidade O Caminho tiene hoy misiones en América, Europa y Mozambique, en África.
La noticia de su expulsión por el régimen de Ortega provocó la indignación de la disidencia nicaragüense y de la Iglesia brasileña.
El obispo Pedro Luiz Stringhini, de Mogi das Cruzes, diócesis a la que está vinculada oficialmente la fraternidad, dijo a Crux que él «y la diócesis repudian la persecución que la Iglesia está sufriendo por parte de la dictadura nicaragüense.»
«Es aún peor si tenemos en cuenta la labor que realiza la Iglesia, la ayuda que presta a las personas más necesitadas en varios aspectos además de la evangelización, incluyendo la labor social», declaró Stringhini a través de su responsable de prensa.
Según Molina, las misioneras de la fraternidad «no tenían ningún activismo político y nunca habían criticado a la dictadura nicaragüense.» «Sin embargo, se vieron afectados por el régimen», dijo.
Molina afirmó que Ortega tiene un plan para expulsar a todos los misioneros extranjeros y miembros del clero como parte de su guerra contra la Iglesia Católica. A los religiosos y religiosas nicaragüenses que trabajan en otros países e intentan regresar también se les ha negado la entrada, dijo.
«El régimen crea excusas burocráticas, acusando a los misioneros católicos de no presentar un determinado documento, por ejemplo. Pero cuando intentan presentarlo, las autoridades se niegan a aceptarlo», declaró.
Más de 3.000 organizaciones cívicas, entre ellas varias católicas y protestantes, han sido cerradas, denunció Molina.
Álvaro Leiva Sánchez, dirigente de la Asociación Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos (ANPDH) desde el exilio en Costa Rica, dijo a Crux que el régimen de Ortega suele cerrar esas organizaciones y confiscar sus bienes.
«La dictadura lanzó su cruzada represiva en 2018, especialmente contra organizaciones cívicas encabezadas por personas identificadas como disidentes. Más tarde, fue a por los defensores de los derechos humanos. En 2019, comenzó a perseguir a obispos, sacerdotes y misioneros católicos», dijo Leiva Sánchez.
Recordó los casos de varios miembros del clero que fueron detenidos y obligados a abandonar el país.
«Los que se resistieron al exilio, como el obispo Rolando Álvarez Lagos, están presos por razones políticas», agregó. Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por rebelión, fue puesto en libertad brevemente la semana pasada, pero fue devuelto a un centro penitenciario tras negarse a abandonar Nicaragua.
Estas medidas represivas están diseñadas «para sostener en el poder a esa pareja de criminales [Ortega y su esposa Rosario Murillo], que se aferran al poder con una locura obsesiva», dijo Leiva Sánchez.
