(Agencias/InfoCatólica) El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este jueves de forma íntegra el recurso interpuesto por Vox contra la actual Ley de Educación, también conocida como Ley Celaá.
La propuesta del ponente del sector conservador, Ricardo Enríquez, que pretendía anular dos de los aspectos más polémicos de la Ley -el relativo a la exclusión de toda financiación pública de los colegios que separan por sexos y sobre la nueva regulación de las escuelas de educación especial-, ha sido rechazada por la mayoría progresista.
El Constitucional avala pues que no es contrario a la Constitución denegar ayudas públicas a los colegios que diferencien por sexos, algo que había sido cuestionado por varias sentencias de los tribunales españoles, incluído el propio Constitucional.
Y también sentencia que la Administración no está obligada a tomar en consideración sólo la voluntad de las familias de estudiantes con necesidades especiales que quieran educarlos en centros ordinarios.
Lo cierto es que desde que se cambió la composición del Tribunal Constitucional, dando paso a una mayoría progresista, dicha institución del Estado ha acelerado el paso para aprobar toda la legislación inicua concebida por los gobiernos de izquierdas y, en el caso del aborto, mantenida por la derecha. Dicha celeridad contrasta con la negligente y prevaricadora lentitud de ese mismo tribunal cuando contaba con mayoría conservadora.
