(HO/InfoCatólica) La Corte Constitucional dio este nuevo paso radical para fomentar el aborto después de que en mayo de 2006, dominada por una mayoría liberal, decidiera derogar por cinco votos contra tres los artículos 121, 122 y 123 del Código Penal, que establecían una prisión entre uno y seis años para casos de aborto. De esta forma, dejaba de ser delito en Colombia el matar al niño en el vientre de la madre en los casos de violación, malformación del feto y cuando se estimara "riesgo" para la vida de la madre o del niño. La decisión suponía una victoria para el poderoso lobby proabortista estadounidense, representado por la abogada Mónica Roa, directora de programas de la organización Women's Link Worldwic.
Tras el nuevo fallo de la Corte Constitucional emitido ayer, que afecta a los menores que se educan en Colombia, numerosos colectivos sociales, y especialmente la comunidad educativa afectada, ha reaccionado alarmada rechazando de plano la sentencia. Respondiendo a esta alarma social, Ordóñez Maldonado ha afirmado en este sentido que elevará ante el Tribunal un incidente de nulidad contra la sentencia T388 de 2009, en la que se ordena a los ministerios de Protección Social y de Educación promover campañas masivas relacionadas con "los derechos sexuales y reproductivos, en especial relacionadas con el tema del aborto como derecho".
Entre las reacciones cívicas que se han pronunciado contra el fallo, destacan la de los educadores de los centros religiosos: "Los educadores católicos no vamos a enseñar eso", ha asegurado monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal. "Vamos a enseñar el respeto a la vida". Y fue tajante: "No nos puede obligar a ello".
La orden obliga a hacer ajustes en la educación sexual, y serán los ministerios de Educación y Protección Social los que determinen a partir de qué grado se impartirá la información. En un país además de amplia mayoría católica, el Estado, dicen algunos entendidos, está entre la espada y la pared. Así lo planteó en una entrevista el ministro de Protección Social.
De nuevo el lobby porabortista estadounidense abandera la radical medida
Mónica Roa vuelve a ser de nuevo la abanderada de esta causa, que trata de imponer la ideología abortista, ahora encima atentando directamente contra la libertad de educación y atentando contra el derecho de los padres, como primeros educadores, a decidir sobre los valores en los que desean que sean educados sus hijos.
"No vamos a cambiar la realidad de un país, la mentalidad de un día para otro", reconoció Roa al diario El País en declaraciones recogidas por Aciprensa, reconociendo así la pura intención de adoctrinamiento ideológico que esconde esta imposición. "El cambio cultural es más duro que la lucha legal", añadía.
Al margen de los padres y negación de la objeción de conciencia
En este sentido, Roa ve en la sentencia de la Corte una herramienta valiosa para propiciar el cambio cultural. La obligación de impartir esta información en las aulas supone sólo un 10% de las órdenes y presiones contempladas en la sentencia. Entre otras, estipula que las jóvenes a partir de 14 años pueden abortar sin tener el consentimiento previo de los padres. La información que recibirán los alumnos deja claro que no se puede apelar a la objeción de conciencia institucional para esquivar la obligación de practicar un aborto. Los jueces tampoco pueden negar las tutelas con el argumento de que el aborto va en contra de sus creencias.
"La sentencia es una guía de cómo se debe prestar el servicio", resume Roa con total frialdad. "Después de este fallo ya no hay más excusas para acudir a prácticas ilegales o a argumentos de desconocimiento de la norma".
Los proabortistas se están topando con el gran rechazo cívico y sanitario a la victoria abortista que lograron en la Corte Constitucional en 2006. Hospitales y médicos se niegan a perpetrar abortos.
