(C-Fam/InfoCatólica) En 2018, Cleveland se unió a otros miembros del Comité de Derechos Humanos para adoptar la Observación General 36, que afirmaba por primera vez que la cláusula del «derecho a la vida» del tratado incluía el derecho al aborto.
La Observación General 36 también afirmaba que los gobiernos deben «eliminar las barreras existentes que niegan el acceso efectivo de las mujeres y las niñas al aborto seguro y legal», incluidas las leyes que protegen a los proveedores médicos que se oponen a realizar abortos por motivos de conciencia.
«La Sra. Cleveland cree que un experto internacional debe tener la última palabra en la determinación de las políticas de Estados Unidos que regulan los abortos, y no los tribunales estadounidenses», dijo un experto de la ONU al Friday Fax. «Si alguna vez la llamaran para asesorar sobre el sistema de la ONU y le preguntaran si Estados Unidos tiene derecho a legislar sobre el aborto, diría que no porque el Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo que el aborto es un derecho internacional».
La clara predisposición de Cleveland a favor de la autoridad de los organismos internacionales de derechos humanos sobre el gobierno y los tribunales estadounidenses queda ejemplificada en una carta de 2019 enviada por Cleveland al secretario de Estado Michael Pompeo en la que se le reprochaba duramente la creación de la Comisión de Derechos Inalienables convocada para promover auténticos derechos humanos como el voto, la religión y la prensa.
«El gobierno de Estados Unidos está vinculado a ciertas obligaciones codificadas en tratados ampliamente ratificados», afirmaba la carta. «El movimiento internacional de los derechos humanos se basa en el trabajo minucioso de los movimientos sociales, los académicos y los diplomáticos, a través de los acuerdos y las leyes internacionales».
Cleveland también dijo que el propósito de la Comisión, proporcionar asesoramiento «sobre derechos humanos al Secretario de Estado, basado en los principios fundadores de nuestra nación y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948», era «perjudicial para el esfuerzo global de proteger los derechos de todas las personas y un desperdicio de recursos».
Comparando a Estados Unidos con una dictadura, la carta afirmaba que el mandato de la Comisión -distinguir la diferencia entre derechos «inalienables» y nuevos derechos positivos concedidos por los gobiernos- sólo servía para justificar el descarte de derechos inconvenientes reconocidos por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Según la Observación General 36, el aborto a petición es uno de esos derechos inconvenientes reconocidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero no por el gobierno de Estados Unidos. Si los mecanismos internacionales de derechos humanos tuvieran autoridad para dictar la política de EE.UU., entonces no sólo estaría obligado a permitir el aborto a petición hasta el nacimiento, sino que estaría obligado a financiar estos abortos porque ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cleveland también se quejó de que muchos miembros individuales de la Comisión, entre los que se encontraban clérigos y académicos, eran conocidos por su enfoque en la libertad religiosa y sus «posiciones extremas» sobre el aborto y la agenda homosexual/transgénero.
Dado que el Departamento de Estado ejecuta la ayuda exterior en todo el mundo, incluidos los programas de asistencia sanitaria a los que se aplica la Enmienda Helms, los críticos también han expresado su preocupación por el sesgo proabortista de Cleveland, unido a la reciente señal de la Administración Biden de que pretende reinterpretar la Enmienda Helms.
Si embargo, en la audiencia de confirmación de esta semana, ningún senador cuestionó la posición radical de Cleveland sobre el aborto, incluidos los senadores ostensiblemente provida James Risch (R-ID), Marco Rubio (R-FL), Ron Johnson (R-WI), Mitt Romney (R-UT), Rob Portman (R-OR), Rand Paul (R-KY), Todd Young (R-IN), John Barrasso (R-WY), Ted Cruz (R-TX), Mike Rounds (R-SD) y Bill Hagerty (R-TN).
