(CNA/InfoCatólica) Según la constitución boliviana, la Defensoría del Pueblo está encargada de defender los derechos humanos y funciona independientemente del gobierno.
La marcha del 27 de octubre se llevó a cabo luego de que algunas instituciones gubernamentales y la prensa boliviana e internacional denunciaran que la Iglesia Católica en Bolivia intervino u obligó a una niña de 11 años, que estaba embarazada por violación, a negarse a abortar, continúar con el embarazo, y ser trasladada a un albergue.
Varias organizaciones intentaron que la menor se hiciera un aborto; sin embargo, la niña y su madre se opusieron.
La niña fue dada de alta del hospital el 26 de octubre y, en una carta manuscrita del 27 de octubre, desistió formalmente de seguir adelante con el aborto. Posteriormente, el menor fue trasladado a un albergue de la Iglesia Católica en Santa Cruz de la Sierra, decisión de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.
Desde entonces, la acción caritativa de la Iglesia en Bolivia se ha enfrentado con ataques y acusaciones de presunta injerencia en las decisiones de la familia del menor.
Las imágenes del 27 de octubre muestran grafitis y carteles pegados en las paredes de las oficinas del obispo con varios mensajes a favor del aborto como: «no madres infantiles», «violadores», «no son pro-vida», «quítate los rosarios de nuestros ovarios», «si hay violación, hay aborto», «violadores y sacerdotes perversos». Algunos signos parecen haber sido hechos por niños.
En un video, se puede ver a decenas de personas afuera de las oficinas del obispo protestando.
En un comunicado rendido al programa «No Mentiras» que transmite la cadena de televisión PAT, la doctora Susana Inch, asesora legal de la Conferencia Episcopal de Bolivia, dijo que «varios de los que estuvieron en el ataque llevaban chalecos de la Defensoría del Pueblo». Inch dijo que se presentará una denuncia contra la agencia ya que «hay daños a la propiedad y las personas han sido identificadas. Es absurdo, la forma en que lo hicieron, todos los asuntos legales serán tratados en el sistema legal».
En la misma entrevista, Cruz dijo que encabezó la violenta manifestación.
«Si la Conferencia Episcopal está preocupada por la participación de la Defensoría del Pueblo, porque ha identificado los chalecos del Defensor del Pueblo, les digo que yo personalmente fui y encabecé la manifestación desde la Defensoría del Pueblo a la Conferencia Episcopal en el ejercicio de nuestras funciones para denunciar las violaciones de derechos humanos que la Iglesia está cometiendo en este momento.
Si está tan preocupado por la propiedad, no nos sorprendería que esté preocupado por la propiedad y no por los casos de tortura que está llevando a cabo».
En un comunicado a la BBC, Cruz acusó a la Iglesia Católica y a los grupos pro-vida de presionar a la niña y a su madre «para que cambien de opinión y desistan de seguir adelante para interrumpir el embarazo».
La menor quedó embarazada en la ciudad de Yapacaní en el distrito administrativo de Santa Cruz luego de sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelo de 61 años, quien ahora se encuentra detenido. La niña tiene 21 semanas de embarazo.
Víctor Hugo Valda, Delegado de Salud de los obispos de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, dijo a ACI Prensa, la agencia de noticias hermana en español de la CNA, que la Iglesia no interfirió ni intervino de ninguna manera y que a partir de este momento «nadie ha hablado ni con la niña ni con la madre. Lo que hizo la Iglesia fue comparecer personalmente el lunes en el hospital para que se respete la voz de la niña y de la madre que no quiso interrumpir el embarazo, y porque además, obligarla a abortar sería un crimen. La Iglesia estuvo presente para eso y para preguntar por el estado de la niña», explicó.
Valda también criticó que se esté «acusando a la Iglesia de secuestrar» al menor.
«Para que quede claro, la institución que tomó la decisión de adónde debe ir la niña, y que trasladó físicamente a la niña, de (el hospital) al albergue, fue la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia», señaló.
El delegado de salud de los obispos también reiteró que la Iglesia no estuvo «físicamente presente durante el traslado de la menor ni participó en las decisiones sobre la niña. Decidieron llevar a la niña a esta casa después de que la Iglesia se lo ofreciera públicamente», enfatizó.
La Secretaría General de los obispos instó a las autoridades del país el 26 de octubre a respetar y proteger el derecho a la vida y la salud de la niña de 11 años y su bebé por nacer.
«Ambas vidas merecen y deben ser protegidas. Afirmamos que tanto los derechos de la niña, como los del bebé que crece en su vientre, deben ser protegidos, ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto delictivo» del que el perpetrador debe ser responsabilizado», dijo la conferencia episcopal en un comunicado del 26 de octubre.
Los obispos destacaron «que nadie puede ser obligado a realizar abortos, ni siquiera dada la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito, incluso por motivos en los que ha sido despenalizado (como la violación) y nadie puede ser forzado, ni siquiera el personal de salud, para cometer este delito».
