(CNA/InfoCatólica) El proyecto de ley AB 1356 declara ilegal filmar o fotografiar a pacientes o empleados en un radio de 30 metros de una clínica de aborto «con la intención específica de intimidar a una persona para que no se convierta en paciente, proveedor o asistente de servicios de salud reproductiva o siga siéndolo».
El segundo proyecto de ley, AB 1184, permitiría a los asegurados, incluidos los menores, mantener la confidencialidad por el uso de «servicios sensibles» ante el titular de la póliza de seguro, generalmente los padres.
Este último proyecto de ley exige a las compañías de seguros que «atiendan las solicitudes de comunicación confidencial de información médica», independientemente de que «su divulgación pueda poner en peligro al individuo»
Aborto y ¿tratamientos de cambio de sexo?
La ley, que entrará en vigor en julio de 2022, menciona específicamente la «salud sexual y reproductiva» y la «atención de afirmación de género» como «servicios potencialmente sensibles»
La oficina de Newsom anunció las leyes como un fortalecimiento del estatus de California como un «refugio» para las mujeres que buscan abortos.
«Esta medida se produce después de los ataques a la atención de la salud sexual y los derechos reproductivos en todo el país, incluyendo el fracaso de la Corte Suprema de Estados Unidos para bloquear la prohibición del aborto en Texas después de seis semanas.
California es un líder nacional en materia de protecciones y derechos de salud reproductiva y sexual, y las acciones del gobernador Newsom hoy dejan claro que el estado seguirá siendo un refugio para todos los californianos, y para los que vienen de fuera del estado buscando servicios de salud reproductiva aquí»
Un grupo de legisladores republicanos escribió a Newsom antes de que firmara los proyectos de ley, instándole a vetarlos.
«Deberíamos animar a los padres y a la familia a involucrarse en la vida de sus hijos, no alejarlos aún más de ella», dice la carta, firmada por nueve senadores estatales.
También argumentaron, en un tono más pragmático, que la AB 1184 pondría a los asegurados en la «posición imposible» de ser responsables económicamente de las facturas contraídas por sus hijos dependientes, pero sin medios para verificar la procedencia de esos pagos debido a las nuevas normas de confidencialidad.
