(CNA/InfoCatólica) La semana pasada, el EPF presentó un «informe de investigación» llamado «Punta del iceberg: Financiadores religiosos extremistas contra los derechos humanos de la sexualidad y la salud reproductiva en Europa 2009 - 2018», con la intención de influir en la votación sobre el informe Matic en el Parlamento Europeo. El informe pretende que el aborto se considere un derecho humano y un servicio esencial de salud pública, y atenta contra la objeción de conciencia del personal médico. La votación tendrá lugar hoy jueves 24 de junio.
El documento, firmado por Neil Datta, secretario del EPF, pretende ser una exposición de «54 actores de financiación antigénero activos en Europa, así como de los principales canales a través de los cuales los extremistas religiosos generan financiación y cómo circula la misma».
Según el informe, «la imagen que se desprende es la de una comunidad transnacional de extremistas religiosos afines y actores de la extrema derecha que toman decisiones estratégicas de financiación a través de las fronteras internacionales»
El extenso documento enumera un sinfín de organizaciones e individuos a los que tacha de «antigénero» sin aportar prueba alguna. En el capítulo dedicado a la Iglesia Católica, el documento critica al Vaticano, a algunos cardenales europeos como Christoph Schönborn, a la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) y a otras organizaciones e individuos sin ningún orden en particular.
Según el documento, «hay varias comunidades religiosas católicas que promueven objetivos antigénero y que tienen igualmente un peso financiero», En el documento se menciona al movimiento laico italiano Comunión y Liberación, a Luca Volontè de la Fundación Novae Terrae, a los Caballeros de Colón con sede en Estados Unidos, al Fondo Chiaroscuro, a los Legionarios de Cristo, a «la familia Slim de México», al Opus Dei, a la Fundación Lejeune, a la española Fundación Valores y Sociedad, al italiano Movimento Per la Vita y al sacerdote redentorista polaco Tadeusz Rydzyk; CitizenGO y, por último, como gran revelación, «varios funcionarios del Vaticano» que «desempeñan papeles directos en iniciativas antigénero».
Otras organizaciones pro derechos humanos bien establecidas y reputadas también son pintadas como instituciones de extrema derecha que canalizan millones de euros hacia una agenda pro-vida y pro-familia.
Financiados por los agentes del Nuevo Orden Mundial
Irónicamente, EPF recibe el apoyo de las organizaciones más ricas del planeta. El EPF cuenta con una lista casi interminable de organizaciones multimillonarias como la Fundación Bill y Melinda Gates, la IPPF, la Comisión Europea, la Open Society Foundations de George Soros, el Wallace Global Fund, la Fundación MacArthur, la Summit Foundation y la Hewlett Foundation (una de las propietarias de Hewlett-Packard)
Según un primer análisis de «Punta del iceberg» realizado por el European Center for Law and Justice (ECLJ), «el informe es largo y muy detallado. Entre un batiburrillo de think tanks conservadores estadounidenses y oligarcas rusos, apunta a sólidos grupos provida y profamilia, a políticos provida (Gudrun Kugler y Anna Záborská), a familias católicas europeas, a think tanks (Hudson Institute, ECLJ y Alliance Defending Freedom - ADF) y, en general, a la Iglesia Católica».
El ECLJ también señala que «el momento de este informe es significativo, ya que se ha publicado en vista de la próxima votación en el Parlamento Europeo dedicada a los derechos sexuales y reproductivos».
El EPF ha propuesto una enmienda en la que se afirma que la UE «...está preocupada por la inclusión en el registro de transparencia de la UE de organizaciones como Ordo Iuris, ADF International, Alliance VITA, European Dignity Watch, la Federación de Asociaciones Familiares Católicas de Europa (FAFCE), la Federación Europea por la Vida y la Dignidad Humana One of Us, Profesionales por la Ética y World Youth Alliance Europe, que de este modo están autorizadas a trabajar abiertamente con las instituciones públicas para la disminución de los derechos de las mujeres y de los DSSR (ndr: salud y derechos sexuales y reproductivos).»
Si se aprueba, la resolución sería la primera lista negra masiva de organizaciones cristianas y de derechos humanos en la Unión Europea.
