(ACN/InfoCatólica) Las víctimas se llamaban Yasa, Pinu, Naka y Pedi, y eran un matrimonio, su hija y su yerno. Los cuatro eran campesinos y pertenecían al Ejército de Salvación, un grupo religioso protestante.
Fueron decapitados en la aldea de Lemban Tongoa, en el distrito de Sigi (Sulawesi Central). El ministro de Seguridad, Mohammad Mahfud, informó de que fue el actual líder del grupo, Ali Kaliora, quien perpetró una de las muertes y además dio orden de quemar casas de cristianos, algunas de las cuales se usaban como lugares de culto. Le acompañaban siete secuaces.
El Gobierno indonesio puso en marcha una operación con más de 100 policías y soldados para intentar capturar a los terroristas. Kaliora se hizo con el liderazgo del MIT después de que en julio una operación de fuerzas especiales acabara con Santoso, que con el nombre de guerra de Abu Wardah estaba al frente de esta filial del Estado Islámico.
Respuesta de los católicos
Según informa la Agencia Fides, La Organización de Mujeres Católicas de Indonesia (WKRI), la Asociación de Intelectuales Católicos (ISKA) y la Organización de la Juventud Católica han expresado su consternación y preocupación por el ataque. Han pedido a las instituciones que intervengan rápidamente para salvar a la nación de estos peligrosos actos de terror. Los grupos católicos han condenado enérgicamente «las brutales acciones que afectan la vida humana y nublan la conciencia de la nación». «Pedimos a toda la sociedad indonesia que tenga el valor de detener estos actos violentos y promover la unidad. Debemos participar activamente en romper la cadena de violencia e intolerancia», asegura en un comunicado Karolin Margret, presidenta de la Juventud Católica.
El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, se hizo eco de la noticia el domingo. «Deseo que nunca más se use la violencia en nombre de ninguna religión», afirmó en Twitter. «Que descansen en paz».
Conflicto latente
En un mensaje televisado en la noche del domingo, el ministro de Seguridad pidió a todas las comunidades religiosas del país que no reaccionaran con violencia al asesinato. Algunos de estos grupos han expresado su sorpresa por el silencio del presidente Joko Widodo, sobre todo después de que hace unas semanas enviara sus condolencias a Francia tras el atentado islamista de Niza. Con todo, AsiaNews cita algunas fuentes cercanas al mandatario, que aseguran que su silencio «no significa que no le preocupen los asesinatos», y que «no necesita operaciones de publicidad explotando la situación con pronunciamientos públicos».
Entre 1999 y 2001, el distrito de Poso, donde se han produjo el asesinato múltiple, fue escenario de una serie de conflictos violentos entre grupos cristianos y musulmanes. Eso facilitó que se instalaran en la zona grupos yihadistas procedentes de Filipinas, y el surgimiento de otros que siguen operativos a pesar de la firma de un acuerdo de paz en 2002.
Catequistas asesinados
El asesinato de la familia se ha producido solo un mes después de la muerte, el 26 de octubre, de un catequista católico a manos de las fuerzas de seguridad. Rufinus Tigau, catequista de 28, era catequista y traductor de la parroquia de San Miguel Bilogai en el distrito de Intan Jaya, en la provincia de Papúa. Un muchacho de 12 años, Meinus Bagubau, sufrió heridas por arma de fuego.
Un portavoz del ejército aseguró que la muerte de Tigau se debía a que era miembro de un grupo armado separatista, una acusación que la diócesis de Timika ha puesto en duda. El 7 de octubre otro catequista, Agustinus Duwitau, también sufrió varios disparos, aunque sobrevivió.
A las voces de los obispos que el 1 de noviembre se reunieron con el Gobierno para compartir su preocupación, se han sumado varios grupos cristianos que, unos días después, presentaron un informe detallado sobre lo ocurrido. Las comisiones de Justicia y Paz de las diócesis de Timika y Merauke, de los Franciscanos de Papúa y la ONG Franciscans International calificaron lo ocurrido de una ejecución extrajudicial. Y exigieron que «se terminen inmediatamente las violaciones de derechos humanos en Papúa, en particular por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad indonesias, y que se realice una investigación independiente y creíble» sobre este caso.
