(AsiaNews) Para combatir la difusión del nuevo coronavirus en Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte amenaza con aplicar una represión similar a la ley marcial, para impedir que las personas violen las medidas de aislamiento y el bloqueo a la circulación. Las palabras del jefe de Estado, que en el pasado ya había amenazado con disparar a cualquiera que viole la cuarentena, siguen a la alerta lanzada por las autoridades debido al «incremento» en el número de vehículos que circulan por las calles de Manila. Cabe recordar que en la capital está vigente una prohibición de la circulación de vehículos, en el marco de las medidas contra el COVID-19.
Las restricciones que se aplican desde hace un mes afectan a casi la mitad de los más de 110 millones de habitantes del archipiélago filipino. «Pido disciplina» dijo ayer Duterte en la televisión, y agregó que «si no me escuchan, los militares y la policía lo harán». Será su tarea, agrega, «aplicar las normas de distanciamiento social» y el «toque de queda». «Es como la ley marcial… ustedes eligen».
Para los filipinos, evocar la ley marcial quiere decir regresar a los años de la más oscura dictadura de Fernando Marcos. Hoy, solo pueden salir de casa los trabajadores de los servicios esenciales y aquellos que deben comprar alimentos y medicamentos. Lo cierto es que muchos violan la cuarentena y caminan por las calles y plazas sin ninguna razón que lo justifique. Otros, que están sin empleo, optan por salir temprano en busca de trabajo.
En el país hay casi 6.000 casos del nuevo coronavirus y poco menos de 400 víctimas oficiales. Un número que sin duda crecerá, porque las autoridades han aumentado el número de hisopados diarios para diagnosticar el virus. En tanto, prosiguen las ayudas de la Iglesia para las personas que más sufren los efectos de la pandemia y las medidas de contención: Mons. Gerardo Alminaza, obispo de San Carlos, ha hecho un llamamiento a la cúpula del gobierno pidiendo un mayor sostén para los trabajadores en dificultades.
«Pedimos encarecidamente –subraya el prelado a través de CBCPNews– que el Departamento de Trabajo destine los fondos necesarios para proteger a las personas que están en dificultades, tanto si son empleados de pequeñas, medianas o grandes empresas». Mons. Alminaza subraya que muchos no han recibido el dinero ni su salario desde que se introdujeron las medidas de aislamiento, y que «sus familias hoy se encuentran sin ninguna fuente de ingresos y no cuentan con los artículos de primera necesidad». Compete al gobierno introducir o hacer que las empresas apliquen todos los dispositivos de protección disponibles, desde fondos de desempleo a préstamos de dinero, en vista de las dificultades por la pandemia.
