(Zenit/ACI/InfoCatolica) Así mismo –informa la Agencia CatólicaVenezolana de Noticias (ACVN)-- , el prelado hizo un llamamiento a que se respeten a la población y a la nación hondureña todos sus derechos, contemplados en su Constitución nacional.
De igual manera, envió un mensaje de cercanía fraterna al cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa en el que expresa su “acompañamiento al cardenal Rodríguez Maradiaga, con quien estoy muy hermanado y oramos por la recuperación de la situación en este hermano país, sobre todo porque se respete el estado de derecho, se busque la consolidación de la democracia y se respeten los espacios civiles y que los militares aprendan a ocupar los lugares que les corresponden y atenerse a las funciones propias que la Constitución les otorga”.
El sábado, en un comunicado oficial dado a conocer por el Presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, los prelados de este país centroamericano explicaron la delicada situación política actual y reiteraron su exhortación a todos y cada uno de los sectores involucrados al diálogo para superar esta crisis y que estimaban “fundamental respetar el calendario del Tribunal Supremo Electoral que garantice las elecciones del próximo mes de noviembre”.
En el texto titulado “Edificar desde la Crisis”, los obispos hondureños, de acuerdo con las informaciones recabadas "en las instancias competentes del Estado (la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo Electoral) y muchas organizaciones de sociedad civil", afirmaban que “las instituciones del Estado democrático hondureño, están en vigencia y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho. Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras”.
Los prelados expresaban que no apoyaron la destitución de Zelaya ni tampoco sus intenciones reeleccionistas, y recordaban que el artículo 102 de la Constitución de Honduras señala que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero”. Por ello, resaltan, “todos merecemos una explicación de lo acaecido el 28 de junio”.
Seguidamente indican que “conforme a lo contemplado en el Artículo 239 de la Constitución de la República ‘Quien proponga la reforma’ de este Artículo, ‘cesa de inmediato en el desempeño de su cargo y queda inhabilitado por diez años para el ejercicio de toda función pública’. Por lo tanto, la persona requerida (Zelaya), cuando fue capturado, ya no se desempeñaba como Presidente de la República”.
Para concluir su análisis indican que “con fecha 26 de junio de 2009, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, nombró un Juez Natural que giró la orden de captura contra el ciudadano Presidente de la República de Honduras, a quien se le supone responsable de los delitos de: contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Pública y del Estado de Honduras”.
Tras recordar su comunicado del pasado 19 de junio en el que llaman al diálogo, los obispos de Honduras se dirigen a los distintos actores políticos y les solicitan “no dejarse llevar por los egoísmos, la venganza, la persecución, la violencia y la corrupción. Siempre se pueden buscar caminos de entendimiento y reconciliación, más allá de los intereses partidistas o de grupo”.
El comunicado oficial del episcopado hondureño afirma también que “si el sistema interamericano se limita a proteger la democracia en las urnas, pero no le da seguimiento a un buen gobierno, a la prevención de las crisis políticas, económicas y sociales, de nada servirá el reaccionar tardíamente frente a ellas”, y concluye exhortando “al pueblo fiel a intensificar la oración y el ayuno solidario para que reine la justicia y la paz”.
