(InfoCatólica) PSOE, Ciudadanos y Más Madrid sumaron sus votos ayer en el pleno de la Asamblea de Madrid para sacar adelante una Proposición no de Ley (PNL) presentada por Unidas Podemos, en la que insta al Gobierno regional a denunciar «los casos de coacciones que se produzcan frente a las clínicas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo». PP apoyó a Vox y votó en contra de la PNL.
Supuestamente, según Beatriz Gimeno, portavoz de Unidas Podemos, el 90 % de las mujeres que han acudido a abortar a un centro se habrían sentido acosadas cuando miembros de grupos provida han intentado «introducirlas en furgonetas» [NdR. las llamadas Ambulancias Vida o Clínica +Mujer Móvil)], utilizando «folletos con informaciones falsas», acciones en las que participa precisamente la actual parlamentaria de Vox, Gádor Joya, junto con otros miembros de grupos provida como Derecho a Vivir.
La diputada de Más Madrid Alicia Gómez ha afeado a «la derecha demagoga y falsa» que ejerzan «coacciones» en el ejercicio de un derecho. «No cabe que ustedes hagan lo que les dé la gana», ha aseverado Gómez.
La parlamentaria de Vox, Gádor Joya, ha respondido con firmeza: «Ustedes pretenden criminalizar a todos aquellos que muestran la verdad, porque temen que, si las mujeres y la sociedad en general se dan cuenta de que es mejor dar vida que acabar con ella, muchos vean peligrar sus negocios y sus chiringuitos ideológicos».
La Proposición no de ley, cuyo carácter no es vinculante, exige a la Comunidad que se persone en los procedimientos judiciales derivados de dichas denuncias y «actuar contra el reparto de información falsa sobre los efectos de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la salud». Estaba fechada el 15 de noviembre de 2019. Dias antes la diputada por Vox de la Asamblea de Madrid, Gádor Joya, había explicado su participación como coordinadora de la plataforma Derecho a Vivir en la iniciativa Ambulancia Vida, que comenzó a funcionar el 24 de septiembre de 2016 frente al negocio abortista Dator de Madrid.
En ella se involucraron voluntarios de la Escuela de Rescatadores de Madrid fundada por el doctor Jesús Poveda: voluntarios conductores y médicos especialistas que desde entonces han ofrecido a las mujeres que se plantean abortar ante un embarazo inesperado una información que se les oculta en el interior de los negocios abortistas: la ecografía, con el sonido del latido de su hijo.
La Proposición no de Ley también reclama que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. «El aborto no es un fracaso, es un derecho», ha subrayado la diputada de Unidas Podemos Beatriz Gimeno, que ha señalado que la interrupción voluntaria del embarazo está regulado en la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Gimeno, que ha cifrado en un 25 % el número de embarazos que acaban en aborto, ha emplazado a los poderes públicos a que garanticen que las mujeres puedan ejercer este derecho «libre de presiones» y «sin obstáculos», frente los «grupos antielección» que acuden a las clínicas abortivas y evitar que ejerzan «coacciones» en el ejercicio de un derecho.
Por parte de Ciudadanos, la diputada Ana García ha explicado que la enmienda presentada por su partido, que pide «reforzar la consideración de delito perseguible de oficio de aquellas conductas que impidan el ejercicio libre del derecho al aborto», y garantizar que la Comunidad pueda personarse en cualquier procedimiento abierto por coacciones.
Desde el PSOE, la diputada Lorena Morales ha recalcado que las instituciones deben «poner todos los medios para acabar» con estas situaciones en las que «atosigan, insultan y dan información falsa» a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo. «Todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva», ha recordado la parlamentaria, al tiempo que ha apuntado que lo que ha hecho el PP «es enseñar la patita una vez más» al votar junto a Vox.