(Bitter Winter/InfoCatólica) En el mes de mayo, el Gobierno coaccionó a Lin Yuntuan –un ex administrador apostólico nombrado por el Vaticano para la arquidiócesis de Fuzhou– y a más de 100 sacerdotes para que se unieran a la Asociación Patriótica Católica China (APCC), amenazando con arrestar a cualquier miembro del clero que se negara a someterse al control del Gobierno.
Después de la firma del acuerdo entre China y el Vaticano en 2018, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha estado presionando a todo el clero católico para que se una a la APCC. Los clérigos que se niegan son perseguidos y a menudo arrestados, sus iglesias son frecuentemente acosadas, los símbolos religiosos destruidos, y muchas de las iglesias son eventualmente clausuradas. El 28 de junio, el Vaticano publicó nuevas directrices que establecen que la Santa Sede no exigirá a los objetores de conciencia católicos unirse a la APCC.
De acuerdo con una fuente en la arquidiócesis de Fuzhou, al firmar el acuerdo de solicitud elaborado por el Gobierno, el clero de la diócesis aceptaba el principio de una Iglesia católica «independiente, autónoma y autoadministrada» y obedecer el liderazgo de la APCC. Las autoridades amenazaron a algunos sacerdotes con demoler sus iglesias si se negaban a firmar, mientras que a otros se les prometió clemencia por su apoyo hacia lo que se conocía como la Iglesia Clandestina. «Si se unen a la APCC, no les provocaremos ningún problema. No sean necios. De lo contrario ¡serán duramente golpeados!», manifestaban los funcionarios en sus conversaciones con el clero.
Durante mucho tiempo, el administrador Lin se ha negado a afiliarse con el Gobierno chino y ha puesto énfasis en la necesidad de mantenerse en contacto con la Iglesia católica romana. Lo menos que podían hacer el administrador y los sacerdotes era intentar modificar el contenido de la solicitud para unirse a la APCC, siguiendo el precedente de la diócesis de Mindong en la provincia sureña de Fujiang. Antes de firmarla, el obispo de Mindong, monseñor Guo Xijin, insistió en insertar prerrequisitos relacionados con la pureza de la fe.
De forma similar, se agregaron dos términos a los acuerdos de solicitud con el clero de Fuzhou; a saber: no violar los principios de la fe y la conciencia católicas y mantener contacto con la Iglesia católica romana. Después de llevar a cabo estas revisiones, todos firmaron el acuerdo y se lo enviaron al obispo.
El acuerdo revisado fue inaceptable para las autoridades chinas. Siguieron hostigando a los sacerdotes para que firmaran el texto original, afirmando que debían hacer lo que ordena el Gobierno central. Las amenazas e intimidaciones continuaron y el Gobierno aplicó presión sobre el clero, empleando un «sistema de contratación de una persona, una política», que es cuando varios funcionarios presionan a un sacerdote al mismo tiempo. «Eres legítimo sólo cuando el Gobierno central te hace legítimo», reprocharon los funcionarios a los sacerdotes.
No obstante, el administrador Lin y los sacerdotes perseveraron. De acuerdo con uno de los sacerdotes de la diócesis, enviaron el borrador del acuerdo al representante de la Santa Sede en Hong Kong, monseñor Javier Herrera Corona, quien supuestamente afirmó que el acuerdo de solicitud preparado por el Gobierno no podía firmarse.
A finales de mayo, los sacerdotes y el administrador Lin lograron mantener su postura y firmaron los acuerdos con los prerrequisitos añadidos.
«Todos los sacerdotes firmaron de manera uniforme el acuerdo, principalmente, para impedir que el PCCh ‘dividiera y venciera’ y desintegrara a la diócesis desde dentro», explicó uno de los sacerdotes.
De mayo a junio, al menos diez sitios de reunión católicos que no eran parte de la Iglesia Patriótica Católica en la ciudad de Fuzhou fueron clausurados por la fuerza por el Gobierno local con el pretexto de que «violaban las leyes de la construcción». Antes de los cierres, «funcionarios de enlace religioso» y funcionarios del comité vecinal fueron enviados para entrar a hurtadillas en las iglesias con el fin de obtener información.
El 9 de junio, numerosos empleados fueron enviados a proteger la entrada de una iglesia católica en Fuzhou y prohibieron a la congregación entrar a orar. Para impedir que los creyentes entraran a la iglesia sin que las autoridades se dieran cuenta, llenaron el cilindro de la cerradura de la iglesia con pegamento. El comité vecinal, funcionarios del comité de la villa y la policía patrullaron los alrededores de la iglesia por varios días.
«Funcionarios del Departamento de Asuntos Étnicos y Religiosos provincial, la estación de policía local, y funcionarios de oficinas subdistritales y comunitarias frecuentemente vienen a presionarnos ahora», dijo el director de la iglesia con un tono de impotencia. «A menudo toman fotos o nos convocan a una ‘transformación ideológica’. El PCCh nos hace distanciarnos de la religión y someternos al Gobierno».
Un sacerdote que solicitó permanecer en el anonimato comparó las negociaciones entre el Vaticano y China con un cordero que negocia con un lobo hambriento. «El PCCh es una dictadura. Cada día en el que el Partido Comunista está en el poder es un día sin libertad de creencias, y seguiremos siendo perseguidos», dijo el sacerdote, quien añadió que el PCCh no sólo está dirigiendo sus baterías hacia el catolicismo, sino que está intentando controlar y erradicar a todas las religiones. «Las acciones del PCCh no sólo violan la ley internacional, sino, también, la Constitución china».
