(InfoCatólica/Aica) El próximo 4 de agosto los uruguayos irán a las urnas para decidir si quieren un referéndum que derogue la Ley para Personas Trans aprobada en el parlamento el pasado mes de octubre. Una normativa que reconocía privilegios a un colectivo de unas 1.000 personas. Si un 25% del padrón electoral, unas 650.000 personas, vota a favor, se llevará a cabo la consulta. Esta nueva campaña se produce después del largo y tenso debate que llevó a la aprobación de la ley.
Oposición de la Conferencia episcopal
La Iglesia en Uruguay ya valoró este proyecto de ley en mayo de 2018:
«Aprovechando la discriminación que sufre un determinado grupo, se está pretendiendo alterar todo el tejido social fraterno creado por nuestra sociedad democrática y consagrado en nuestra Constitución», decía el texto. La comisión de Familia y Vida de los obispos uruguayos criticaba las definiciones de género de la propuesta legal y añadía: «la ciencia y la común experiencia, en oposición a las afirmaciones anteriores, enseñan que el sexo biológico es independiente de toda ley y de toda convención humana».
Cardenal Sturla
«Estoy en contra de varios artículos de la ley porque están basados en la ideología de género y establecen una disociación género-sexo que es incompatible con el sentido común y con la antropología cristiana. Pero la ley ampara a un pequeño grupo de personas que han sido discriminadas y ellas merecen por esta situación ser tenidas especialmente en cuenta», expresó el arzobispo de Montevideo, Uruguay, cardenal Daniel Sturla SDB, en referencia al prerreferéndum por la ley trans que se votará en el país el domingo 4 de agosto.
El purpurado uruguayo expresó su postura mediante una carta, en la que dejó en claro que no concurrirá a votar y que dejará que «cada católico con madurez y libertad decidirá lo que le parezca más oportuno».
El arzobispo fundamentó su postura en que se debe «buscar otros caminos para poder cambiar los artículos de la ley» y «atender y reparar la situación de discriminación que han sufrido las personas trans».
Otros obispos se posicionan a favor de la derogación
A diferencia del cardenal Sturla, otros prelados uruguayos confirmaron que concurrirán a votar.
Uno de ellos fue el obispo de Minas, monseñor Jaime Fuentes, quien aseguró a que votará por el prerreferéndum porque no está de acuerdo con los «fundamentos antropológicos» que propone la Ley sobre identidad de género.
«No tengo nada contra las personas trans pero votaré porque no estoy de acuerdo con los fundamentos de la concepción antropológica de la Ley, con la concepción de qué es el ser humano, qué es la sexualidad».
Por su parte, el obispo de Canelones, monseñor Alberto Sanguinetti, confirmó que también concurrirá a votar en el prerreferéndum para derogar la ley de personas trans. Fundamentó su posición al indicar que la Ley impone la ideología de género y no soluciona la problemática de la personas trans.
«El sufrimiento de las personas trans es terrible y tienen un alto índice de suicidio, pero no creo que se arregle porque se haga la cirugía», dijo en su momento, y afirmó que esto «no se arregla por ley» sino «uno por uno».
En tanto, monseñor Arturo Fajardo, obispo de San José, señaló que aún no tiene claro si concurrirá a votar o no, y que tomará la decisión en el correr de la semana. «Voy a volver a leer el texto, tengo que estudiar mejor el tema», dijo.
«Por el momento puedo confirmar que no estoy de acuerdo con algunos aspectos de la Ley, que los veo negativos, como los de ideología de género. Hay elementos que hay que respetar mucho, por ejemplo el de la patria potestad de los padres, quienes son los responsables de la educación en lo que respecta a la sexualidad. El artículo primero es el que me parece que tiene más elementos que me preocupan más», agregó, a la vez que aclaró que «no es un tema de discriminación». «Es un grupo que ha sufrido mucho, hay que atenderlo e integrarlo a la sociedad, facilitarles el acceso al trabajo y a la educación», puntualizó.
La decisión de los obispos Fuentes y Sanguinetti va en línea con lo expuesto por la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal del Uruguay cuando el 18 de julio, en un comunicado se manifestó a favor de votar.
