(Asia News) Los últimos datos de la Policía Nacional (PNF) llevan a más de 6.600 la cifra de muertos oficiales en la guerra contra la droga, impulsada por el presidente filipino Rodrigo Duterte.
El Cnel. Bernard Banac, portazov de la PNF, declaró ayer que en los últimos seis meses han perdido la vida 1.600 personas. La publicación de las estadísticas se da luego de que Duterte admitiera, en un mitin realizado en Malabon City el 2 de abril pasado, que la difusión de las drogas ha aumentado en el país, a pesar de las violentas políticas represivas adoptadas. El 12 de junio, en Cagayan De Oro City, el presidente confesó que el sector más pobre de la población es el más golpeado por la represión.
Los grupos de activistas pro-derechos humanos exigen una investigación a fondo sobre la política contra el narcotráfico que lleva adelante la administración: según los activistas, esta es responsable de más de 30.000 muertos -incluyendo aquellos perpetrados por mano de «justicieros».
Tras ganar la presidencia en julio del 2016, el presidente Duterte lanzó una guerra sin precedentes contra los narcóticos ilegales, con la promesa de matar a decenas de miles de criminales. El 27 de noviembre de 2018, la Agencia Filipina de Lucha contra la Droga (PDEA) -el departamento que opera bajo la supervisión directa de la Oficina de la Presidencia- publicó un informe en el cual certificó la muerte de 4.999 «personalidades vinculadas a la droga».
El Cnel. Banac declaró ayer que a este número deben agregarse «al menos» otras 1.600 víctimas, registradas entre enero y mayo de este año. El aumento se debe a que los sospechosos han opuesto resistencia armada frente a los agentes», explicó el vocero de la policía a cuantos cuestionaron las razones del semejante pico. El funcionario agregó que en los operativos conducidos en los últimos seis meses, murieron 49 agentes de la policía y 144 resultaron heridos.
La Iglesia católica se cuenta entre las pocas voces que denuncian la violencia de la guerra de Duterte contra el narcotráfico. En respuesta a las críticas por los asesinatos extrajudiciales, Duterte en más de una oportunidad ha arremetido duramente contra obispos y sacerdotes.
El creciente número de muertos reaviva el pedido de los activistas, que exigen una investigación a fondo por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) o por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC). En marzo del 2018, el gobierno de las Filipinas comunicó oficialmente su decisión de abandonar el Estatuto de Roma, tratado a través del cual fue instituida la CPI. El mes anterior, el Tribunal para los crímenes internacionales, con sede en La Haya (Países Bajos), había emprendido una investigación preliminar en virtud de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad en los operativos contra la droga realizados por Manila.
