(LifeSiteNews) Un panel de tres jueces de la junta ejecutiva del Departamento de Salud de Indiana ha votado para bloquear la apertura de una nueva instalación de aborto por un proveedor de «salud de la mujer» con un registro médico plagado de escándalos.
En enero, los funcionarios de salud estatales negaron la solicitud de la Alianza para la Salud Integral de la Mujer (WWHA) de Texas para obtener una licencia para abrir una ubicación en South Bend, Indiana, argumentando que había presentado información incompleta e inconsistente en su solicitud. La jueza administrativa de Indianápolis, Clare Deitchman, dictaminó que la evaluación carecía de pruebas en septiembre, pero ahora un panel ha reafirmado la decisión original del estado.
La decisión de 2-1 se produjo el miércoles después de un período «sin precedentes» de deliberación superior a 90 minutos. El panel estuvo compuesto por el juez de derecho administrativo Brian Lowe y los miembros de la junta Richard Martin y Joanne Martin. No revelaron quién fue el voto disidente y se negaron a dar más detalles sobre su decisión, citando el hecho de que el caso estaba en curso. Se espera una «orden final» que explique formalmente su decisión en los próximos días.
Cada lado recibió diez minutos para presentar su caso, durante el cual la abogada principal del departamento de salud, Rebecca Brelage, argumentó que Deitchman no había considerado todas las pruebas del estado contra WWHA, es decir, el «problema central» de que la organización no había presentado información adecuada sobre sus afiliados. El grupo no reveló que la fundadora de WWHA, Amy Hagstrom Miller, es propietaria de seis clínicas con fines de lucro, que según WWHA no cuentan como «afiliados».
WWHA también administra instalaciones de aborto en Illinois, Maryland, Minnesota y Texas. Un informe del departamento de salud del estado en 2017 encontró numerosos delitos contra la salud y la seguridad en sus ubicaciones de Texas desde 2011 a 2017, incluidos equipos oxidados, instrumentos de usos sin desinfectar y esterilizar adecuadamente, que carecen de los procedimientos de operación escritos adecuados, el almacenamiento inadecuado de productos químicos peligrosos y superficies insalubres, falta de seguimiento con los pacientes, agujeros en el piso y más.
Este historial de incumplimientos con los estándares médicos básicos no detuvo a WWHA para convertirse en un defensor de la salud de la mujer en los medios de comunicación, y en vencedor de la decisión del Tribunal Supremo de 2016 en el caso Whole Woman's Health vs. Hellerstedt para derribar los requisitos de admisión del estado de Texas y estándares de construcción de instalaciones de aborto.
La abogada principal de WWHA, Dipti Singh, calificó la decisión del panel de «extremadamente decepcionante», pero dijo que sus clientes esperarán la orden final antes de decidir su próximo movimiento. La Consultora Jurídica del Medio Oeste de WWHA, Sharon Lau, se quejó de que «nadie más ha intentado abrir una clínica en el estado de Indiana en 10 años creo» porque «este proceso de concesión de licencias es increíblemente gravoso».
Los pro-vida estaban, naturalmente, más complacidos. La decisión es «una gran victoria para las mujeres y las familias», dijo la directora ejecutiva de St. Joseph County Right to Life, Jackie Appleman, al South Bend Tribune. También le dijo a WSBT 22 que su grupo «lo seguiría hasta el final» y «apoyaría al departamento de salud del estado hasta el final».
«Creo que esto ha demostrado que el aborto no es necesario o deseado en South Bend», dijo Appleman. «Las mujeres ya tienen todos los recursos que necesitan».
A pesar de la sugerencia de Lau de que Indiana es demasiado dura con los funcionarios, Indiana Right to Life argumentó este verano que el estado tenía que hacer más para investigar si los abortistas informaban sobre abortos en niñas menores de 16 años. Ese impulso fue en respuesta a 48 informes de consumidores (mujeres que abortaron) contra nueve reportes de los abortistas (compañías que practican el aborto) de Indiana, que presuntamente no cumplieron con los requisitos de denuncia de posibles abusos sexuales.
