(Fides) Decenas de representantes de iglesias y comunidades cristianas de los Estados Unidos firmaron una carta enviada al Secretario de Estado de los E.E.U.U., Mike Pompeo, para expresar su preocupación sobre el proyecto de ley sobre la posible confiscación de tierras eclesiásticas que todavía está estudiando el Parlamento israelí.
«Los patriarcas y los jefes de las iglesias de Jerusalén» se lee en la carta «consideran que esta legislación es una amenaza para su existencia», y esta preocupación «no se puede subestimar». La misiva de los jefes de las iglesias estadounidenses a Pompeo también recuerda que en febrero, cuando se presentó por primera vez el proyecto de ley a la Knesset, los Jefes de las Iglesias de Jerusalén cerraron durante tres días la Basílica del Santo Sepulcro como gesto de protesta pública para denunciar la «campaña sistemática contra las iglesias y la comunidad cristiana en Tierra Santa, en flagrante violación del `Status Quo´».
En el punto de mira hay propiedades inmobiliarias eclesiásticas que en el pasado se habían alquilado por largos períodos, hasta por 99 años, al Fondo Nacional Judío, y que en los últimos tiempos los mismos sujetos eclesiales, para hacer frente a sus deudas, habrían vendido a grupos privados. El Parlamento israelí pretende con el proyecto de ley garantizar al Estado de Israel la posibilidad de confiscar esas tierras y bienes raíces para evitar, según ellos, posibles disputas sobre la propiedad y especialmente para proteger los intereses de los inquilinos actuales.
En febrero, el cierre del Santo Sepulcro sobrevino tras el anuncio del gobierno de Israel de que buscaría una solución al conflicto de la mano de las iglesias presentes en Tierra Santa. La negociación iba a ser llevada a cabo por un comité presidido por Tzachi Hanegbi, ministro israelí para la cooperación regional. Después de casi nueve meses sin noticias, los exponentes cristianos que firmaron la carta a Pompeo le piden que trabaje con los líderes israelíes para «garantizar que este proyecto de ley se pare».
La carta fue firmada, entre otros, por la archidiócesis Cristiano-Ortodoxa Antioqueña de Norteamérica, y por representantes de la Iglesia Ortodoxa Armenia, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Evangélica Luterana en América y la Iglesia Presbiteriana.
