(Efe) Podemos reivindicaba eliminar lo que considera unos «delitos medievales», pero en el pacto se apuesta por una reforma para «restringir al máximo» la posibilidad de que la discusión libre de diferentes ideas y opiniones sea perseguida penalmente.
En el texto del acuerdo, que incluye también importantes modificaciones en la denominada «ley mordaza», se destaca que España es una democracia madura «que demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del derecho internacional».
Se considera así «imprescindible» un debate público en el que se expresen libremente ideas y opiniones, «sobre todo de las más minoritarias e incluso excepcionales, basadas en diferentes ideologías y concepciones sobre la vida» y se coincide en que una persecución penal «desincentiva claramente» ese debate libre e informado.
El delito contra los sentimientos religiosos está tipificado en el artículo 525 del Código Penal y ha provocado procesos judiciales como el de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o el del actor Willy Toledo.
Ese artículo castiga con multa de ocho a doce meses a quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.
Las injurias a la Corona, por su parte, están recogidas en los artículos 490 y 491, con penas que van desde multas a condenas de entre seis meses y dos años de prisión.
El Gobierno y Podemos también han consensuado propuestas para la ponencia que se constituirá el próximo jueves en el Congreso para reformar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.
Sobre la proposición inicial presentada por el PNV, apuestan por revisar «en profundidad» las garantías del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, así como del derecho de reunión, para que «en ningún caso» la ausencia de comunicación previa impida su ejercicio, siempre que sea de forma pacífica.
También proponen que la identificación en comisaría cuando no sea posible acreditarla de forma física o telemática sea «excepcional» y por un tiempo máximo de dos horas -frente a las seis actuales- y que los cacheos corporales solo se puedan realizar cuando existan «indicios concretos y comprobables» y nunca con desnudo total o parcial de la persona.
El acuerdo incluye asimismo garantizar que la identificación de los agentes esté «visible en todo momento», restringir el papel de los empleados de seguridad privada en tareas de seguridad pública y que la cuantía de las sanciones se ajuste a la capacidad económica del multado.
Entre las reformas del Código Penal el compromiso recoge revisar los tipos «hiperregulados» por el PP, como el artículo 315, que castiga los piquetes de huelga.
