(Agencias/InfoCatolica) La decisión ministerial ha sido criticada, entre muchas otras asociaciones médicas, por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Organización Médica Colegial y por el Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología.
Para el Cgcom el anuncio realizado por la ministra es “una clara banalización del consumo de la píldora, especialmente entre la población joven que podría hacer uso de esta oportunidad de planificación sin una valoración médica y un seguimiento de su seguridad detectando a tiempo cualquier problema médico que pudiera presentarse”. La organización médica añade que “la píldora de emergencia es un medicamento y, como tal, no está exento de riesgos por lo que antes de su administración debe ser el médico quien haga la valoración del beneficio o riesgo que esta prescripción supondrá para cada paciente en particular”.
Desde Semergen calificaron la medida de “innecesaria” y confesaron su preocupación “ya que prescindir del consejo y supervisión médica conlleva un riesgo sanitario para las pacientes”.
La Organización Médica Colegial ha advertido que, como la píldora anticonceptiva de emergencia "no está exenta de riesgos", debe ser el médico quien valore la relación de beneficio/riesgo para cada paciente antes de su administración. Los médicos de dicha organización replantean la propuesta de la ministra y sugieren que en vez de venderse en farmacias por 20 euros, se dispense de forma gratuita en los centros de salud, que a su entender ofrecen la misma facilidad de acceso y que además permite que el médico "pueda informar de manera individualizada a cada paciente y detectar cualquier desviación que pudiera producirse".
Por su parte, los especialistas de Atención Primaria advierten de que “muchas chicas podrían usar la píldora del día después como un método anticonceptivo habitual a pesar de ser un método de urgencia. Además, el momento de la prescripción es aprovechado por los facultativos para detectar situaciones de riesgo, ver si existen enfermedades de transmisión sexual e informar, por lo que evitar este paso podría resultar un inconveniente”.
Los ginecólogos se unen a sus colegas y acusan al gobierno de frivolidad "ya que la generalización del uso de la píldora postcoital como anticonceptivo convencional podrá hacer que aumenten tanto los embarazos no deseados como las enfermedades de trasmisión sexual”.
En esa misma línea se pronunció el presidente del Comité de Bioética de la SEGO, el doctor José Zamarriego, quien denunció que la decisión del gobierno es “una imprudencia grave porque el medicamento debe recetarlo un médico y además aconsejar, dar normas, ilustrar y educar. Lo más seguro es que se convierta en un anticonceptivo más con las consecuencias que inevitablemente van a suceder: más embarazos y más enfermedades de transmisión sexual”.
