(El Confidencial) En un auto firmado el pasado 5 de abril, un coronel auditor que ejerce como magistrado sustituto del citado juzgado declara a dos comandantes y un brigada como investigados por presionar supuestamente a la chica para que esta pusiera fin a su embarazo.
La denunciante era alumna de la Academia de Artillería de Segovia –donde se preparan los internos para acceder a la escala de suboficiales de la mencionada especialidad del Ejército de Tierra– y se quedó embarazada durante el citado periodo de formación. Según explicó ella misma en la denuncia que interpuso ante el Juzgado Togado Militar de Valladolid una vez acabó los estudios, en ese momento se enfrentó a un duro dilema.
Tras informar a sus jefes de que se encontraba en estado de gestación, algunos de ellos le dijeron que si seguía adelante y finalmente tenía al niño, tendría que repetir curso y no podría incorporarse a la academia hasta enero del año siguiente. Por contra, añadieron los mismos mandos, si lo que pretendía era terminar los estudios a tiempo, debía optar por no tener al bebé.
Así lo explicó la propia chica en su denuncia, que no presentó hasta que acabó la mencionada época de formación. Tras su escrito, la mujer prestó declaración en el Juzgado Togado de Valladolid, donde acusó a los mandos de coaccionarla durante su paso por la academia. En concreto, admitió que abortó «motivada por las coacciones que había sufrido» por parte de sus jefes, que en el momento de los hechos eran un brigada y dos capitanes.
Estos dos últimos ascendieron posteriormente a comandante, lo que provocó que el Juzgado Militar de Valladolid decidiera inhibirse a favor el Togado Central, que es el competente para investigar los delitos imputados a esta escala profesional y las superiores. En un primer momento, este último tribunal devolvió el asunto al juzgado vallisoletano porque este no había «individualizado las conductas concretas que imputaba a cada aforado así como los indicios de prueba». Fue entonces cuando el tribunal territorial tomó declaración a la denunciante y cursó de nuevo la inhibición.
El Tribunal Militar Central, a través del citado auto del pasado 5 de abril, se declaró competente para investigar los hechos y a los tres denunciados, a los que previsiblemente tomará declaración en los próximos días con la necesaria asistencia de abogado.
