(Rosario3) Según explicaron desde AI, el proyecto pretende «consagrar una protección más completa a la libertad religiosa». Sin embargo, aclararon que este derecho ya está garantizado en el país. «En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra la profesión libre de culto, protegiendo la libertad religiosa y de conciencia. A su vez, el artículo 19 establece incluso que nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe», añade el texto.
Amnistía Internacional alertó sobre el artículo 7 del proyecto, que proclama el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones. Ese punto establece que toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica» incluyendo a los funcionarios públicos.
De aplicarse, consideran que se trataría de un «retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la objeción de conciencia, pasando ésta a ser casi la regla». «En efecto, el texto sólo instituye como requisito que la creencia religiosa sea «sincera» presumiendo la «buena fe» del objetor por la existencia de dicha norma religiosa», expresa el documento.
Por último, dieron cuatro ejemplos de cómo afectaría la vida de la sociedad en caso de ejecutarse la iniciativa que fue enviada por el gobierno nacional al Congreso hace dos semanas:
- Un docente podría negarse a impartir una clase sobre la «teoría de la evolución» por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación.
- Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos.
- Un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas.
- Pone en vilo la ley de Educación Sexual Integral, porque cualquier docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier otra religión.
«Desde Amnistía Internacional promovemos y defendemos el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este texto, sin embargo, lejos de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos de las personas y lo público», agrega la carta al tiempo que expresa: «(La organización) Solicita a las autoridades revisar la norma en cuestión puesto que echa por tierra todos estos derechos constitucionalmente protegidos, comprometiendo, asimismo, la responsabilidad internacional del Estado argentino. A su vez, pugna porque se genere un debate abierto, participativo y trasparente sobre la temática en cuestión».
