(Servimedia) La proposición, que se debatirá en Pleno, indica que España es «aconfesional», por lo que «debe tener un trato neutral y de equidad con las distintas confesiones desde el respeto a la libertad religiosa e ideológica que recoge la Constitución española».
Sin embargo, el partido señala que «el Estado entrega a la Iglesia católica más de 10.000 millones de euros anuales entre aportaciones directas e indirectas», como por ejemplo «asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, financiación de personal que imparte religión católica y de centros de ideario católico, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local».
Por ello, la iniciativa establece varias medidas, entre las que destacan «revisar los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia católica con el objetivo de su desaparición, en particular, en lo que respecta a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)», así como «suprimir progresivamente la asignación tributaria a la Iglesia católica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)».
Asimismo, aboga por “establecer mecanismos que prescriban que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas, incluida la Iglesia católica, se doten de nitidez y transparencia en el gasto, tal y como se exige a todos aquellos que reciben dinero del Estado, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas”.
Por último, pide al Gobierno «denunciar los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, derivados del Concordato de 1953 en parte todavía vigente, para su revisión», puesto que «los tratados internacionales se deben ajustar a la Constitución española de 1978 especialmente en lo que se refiere a los artículos 14, 16 y 27 y también, como señala el artículo 10.2 de la misma, a la Declaración de Derechos Humanos de 1948 especialmente en lo que se refiere a los artículos 2, 18, 19, 20, 25 y 26».
La formación morada ha propuesto estas medidas porque considera que «la práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada confesión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas».
