(Efe) El Cimi precisó que, de ese modo, se elevó a 563 el número de muertes violentas de indígenas en los últimos diez años.
También alertó de que 43 de los 60 asesinatos contabilizados el año pasado fueron cometidos en el estado de Mato Grosso do Sul, que es escenario de los más graves conflictos de tierras entre las tribus y los grandes hacendados de la región.
El Cimi atribuyó ese aumento de la violencia a la «omisión del poder público» por sus retrasos en demarcar las tierras indígenas, que son parte del origen de los conflictos que ocurren en diversos puntos de Brasil.
Como ejemplo de esa «omisión», afirmó que ya han sido delimitadas 44 nuevas áreas indígenas, cuya aprobación definitiva sólo depende de una decisión de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
También sostuvo que «con una media anual de cinco homologaciones de tierras indígenas, el Gobierno de Rousseff es el que menos se ha ocupado» de ese asunto desde 1985.
El secretario ejecutivo del Cimi, Cleber Buzatto, declaró al presentar el informe que «la vida de los pueblos indígenas está vinculada a la tierra», y que por ello «el Gobierno tiene que, con urgencia, saldar la deuda histórica que tiene con los indios».
Según Buzatto, «ese será el único modo de crear las condiciones fundamentales para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas».
