(Efe) La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el 10 de julio pasado la elección de Astor Escalante como nuevo fiscal general en lugar de Romeo Barahona, cuya gestión de tres años concluyó el 18 de septiembre, y ordenó repetir el proceso bajo el argumento que la elección no le correspondía a la legislatura pasada, sino a la actual, que empezó el 1 de mayo.
«El tema es nombrar al fiscal cuanto antes, es necesario, es imperativo, diría yo», aseguró el arzobispo. Son los señores diputados los que tienen la palabra, qué mecanismo usar (para elegir), siempre y cuando sea de acuerdo con la ley, (...) ojalá que lo hagan pronto», enfatizó el prelado.
Los partidos políticos con representación en el Parlamento iniciaron el 3 de septiembre pasado una negociación para elegir al nuevo fiscal, pero aún siguen sin ningún acuerdo. La negociación empezó tomando en cuenta a los 47 candidatos que se presentaron para la elección del 24 de abril, en la que resultó electo Escalante, pero finalmente la lista se redujo a tres. Romeo Barahona, quien aspiraba a la reelección; Astor Escalante y el abogado Luis Antonio Martínez son los nominados a la Fiscalía salvadoreña.
Desde el 19 de septiembre, el fiscal general adjunto, Ovidio Portillo, desempeña la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la institución funciona con normalidad. No obstante, temporalmente la institución es dirigida por el auditor de la FGR, Higinio Marroquín, debido a que Portillo está incapacitado por problemas de salud, según anunció la semana pasada dicho organismo, sin dar más detalles.
