Desde que se ha hecho público el fallo del Tribunal Supremo por el que se pretende impedir a los padres el derecho a objetar contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, se ha producido una cascada de declaraciones de todas las partes implicadas en este proceso. Las mismas van desde la alegría nada disimulada del gobierno, la izquierda social y la izquierda religiosa -fiel sierva de aquella- por un lado, a la decepción y cautela de los que no estamos dispuestos a que el Estado dicte la moral para nuestros hijos.

La sentencia no permite la objeción de la forma en que ha sido planteada hasta ahora en los tribunales, pero parece ser que no cierra del todo la puerta a futuras objeciones si se aborda la cuestión de forma diferente. Además, nos informan de que el texto pedirá al Gobierno que modifique los contenidos de la materia de forma que se evite el adoctrinamiento y la imposición de criterios morales en las aulas, especialmente a través de libros de texto y profesores. Lo cual es realmente curioso porque si el gobierno no hace tal cosa, ¿seguirán los padres sin tener derecho a objetar? ¿acaso no han objetado ya precisamente por el contenido de la asignatura?

Lo que se juega en todo este asunto es algo fundamental. Ni más ni menos que derecho de los padres a discernir qué es lo mejor para sus hijos o si eso lo decide el gobierno o un juez. Y yo lo siento mucho, pero ni diez mil gobiernos ni ochocientos mil jueces pueden tomar por mí la decisión sobre cuáles son los valores en los que quiero educar a mis hijos. Por ejemplo, yo les enseño que el aborto es un asesinato, que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado, que el matrimonio homosexual va en contra de la ley natural y que las urnas no pueden servir nunca para legitimar el mal pues, como dijo Juan Pablo II, “la democracia no puede mitificarse convirtiéndola en un sustitutivo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. Fundamentalmente, es un `ordenamiento´ y, como tal, un instrumento y no un fin. Su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse” (Evangelium Vitae, 40). Y yo pregunto: ¿quién es el gobierno o un tribunal para impedirme que mis hijos reciban en la escuela una enseñanza contraria a esas ideas?

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Llevamos ya demasiado tiempo teniendo que soportar todo tipo de menosprecios y gestos poco amigables por parte de un sector importante de la comunidad religiosa judía. A Pío XII lo tienen enfilado por su papel durante el Holocausto, a pesar de que todas las evidencias históricas demuestran que fue la Iglesia Católica, y Pío XII en particular, la que más judíos salvó de las garras nazis. De hecho, cuando el Papa Pacelli murió, la totalidad de las personalidades mundiales judías le alabó. También se han molestado cuando el Papa Benedicto XVI ha introducido una plegaria por la conversión de los judíos en una fecha del calendario litúrgico. Y ahora el Gran Rabinato de Israel rompe relaciones con la Santa Sede porque ha remitido la excomunión al obispo Williamson, de la FSSPX, que hizo unas declaraciones ciertamente desafortunadas sobre las cámaras de gas nazis. No les importa que el superior de la Fraternidad haya pedido perdón ni que haya prohibido a Williamson volver a abrir la boca sobre ese tema. Tampoco tienen en cuenta el hecho de que la revocación de la excomunión no tiene nada que ver con ese asunto y que la Iglesia se haya ratificado en su condena del nazismo y del Holocausto.

¿Qué pretenden exactamente los líderes religiosos judíos con este tipo de gestos? ¿por qué no aceptan las disculpas de monseñor Fellay y la censura a Williamson? ¿por qué su interés en dar la espalda a un Papa que quiere mantener relaciones cordiales con ellos?

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Paco Pepe les llamó “secuases". Su comportamiento es el de auténticos sectarios. Y lo que Roma está haciendo con el asunto de Lumen Dei, posiblemente presionada por algunos prelados irresponsables, empieza a oler a huevo podrido.

Se nombró a don Fernando Sebastián como Comisario Pontificio. Se negaron a aceptarlo. Se les conminó a aceptar su autoridad. Se siguieron negando. Se les puso una fecha límite para aceptar lo que el propio Vaticano les ordenó. Se siguieron negando. ¿Solución de Roma? Levantar la fecha límite, sin consultar previamente dicho paso al Comisario, al cual han dejado en una situación que como menos habría que calificar de “alucinante".

Javier Morán, que suele estar bien informado, comenta que uno de los adalides de estos sectarios es monseñor Osoro. Dada la actitud previa en este asunto del arzobispo electo de Valencia, esa noticia es perfectamente creíble. Menos lo es que el cardenal Rouco ande metido en el ajo. Más vale que no sea así.

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Cuando al arzobispo Marcel Lefebvre procedió a ordenar como obispos a cuatro sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, el Papa Juan Pablo II anunció la excomunión de los cinco a través del motu proprio Ecclesia Dei. En el mismo se podía leer lo siguiente:

“Al realizar ese acto, a pesar del monitum público que le hizo el cardenal Prefecto de la Congregación para los Obispos el pasado día 17 de junio, el reverendísmo mons. Lefebvre y los sacerdotes Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta, han incurrido en la grave pena de excomunión prevista por la disciplina eclesiástica” (Código de Derecho Canónico, can. 1.382).

El artículo del canon citado reza así:

1382 El Obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración, incurre en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica.

Parece, por tanto, fuera de toda duda que la excomunión era conforme a la ley que la Iglesia se ha dado a sí misma y, de hecho, el que los obispos ordenados por Lefebvre hayan solicitado al Papa Benedicto XVI que les remitiera esa pena es un reconocimiento explícito de la licitud de la misma.

Ahora bien, el mismo código de derecho canónico que se aplicó a monseñor Lefebvre contiene los siguientes artículos:

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Cuando ayer leí la carta abierta que José Manuel Vidal y Jesús Bastante escribieron a los obispos españoles, pensé si era oportuno que hiciera algo parecido. Pero, a decir verdad, aunque ayer se celebró la festividad de San Francisco de Sales, que es uno de mis santos favoritos y el patrón de los periodistas, no tengo nada claro que a estas alturas de la película yo pueda ser considerado como un periodista más. Llevo demasiado poco tiempo en esto y estamos ante una profesión lo suficientemente importante como para que cualquier advenedizo se adjudique a sí mismo el título de periodista. Por otra parte, Religión en Libertad es evidentemente un medio de comunicación. Y como yo lo dirijo, tampoco voy a caer en el absurdo de afirmar que no juego algún papel en el mundo de la información sociorreligiosa de este país. Es obvio que si ReL tiene identidad propia y sus líneas están ya marcadas, se debe en buena medida, para lo bueno y para lo malo, a mí.

Vidal y Bastante afirman que que las relaciones de la Iglesia como institución con los medios de comunicación y, sobre todo, con los periodistas especializados en información religiosa dejan mucho que desear. Pues será con algunos medios, digo yo. Quizás con la mayoría, pero desde luego no con todos. Y dado que no es con todos, lo más sensato es que cada cual hable por sí mismo. Me aburren mucho aquellos que parecen dar por hecho que siempre es la Iglesia, y no ellos, la que tiene que ceder y cambiar para que esa relación mejore. Cuando existe una absoluta ausencia de autocrítica, y eso es muy típico en la práctica totalidad de la profesión periodística, los juicios de valor suelen ser absolutamente parciales.

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