(Bruno Moreno/InfoCatólica) Malta es, junto con Filipinas y el Vaticano, uno de los tres países del mundo que no aceptan el divorcio. Y el único en la Unión Europea. Esta postura excepcional del pequeño país mediterráneo se debe, en buena parte, a la fuerte influencia del Catolicismo, que sigue siendo la religión oficial del Estado. El artículo 2 de la Constitución establece, además, que “las autoridades de la Iglesia Católica Apostólica Romana tienen el deber y el derecho de enseñar qué principios son correctos y cuáles son erróneos”.
Esta situación, sin embargo, ha recibido últimamente diversos ataques. El verano pasado, Jeffrey Pullicino Orlando, un parlamentario nacionalista, presentó una propuesta de ley que buscaba acabar con esta peculiaridad jurídica y social de Malta, introduciendo una legislación sobre el divorcio similar a la de otros países europeos. Los obispos malteses se opusieron públicamente a esta propuesta, y el Arzobispo de Malta afirmó: “La Iglesia siempre ha hablado sobre la belleza y la importancia del matrimonio, que es la base de la familia, como un regalo fundamental de Dios. Esto es válido para el matrimonio sacramental y también para el matrimonio como institución natural”. Precisamente por eso, la Iglesia habla tanto para sus miembros como para “muchos otros miembros de la sociedad que querrían escuchar opiniones alternativas, para poder tomar mejor una decisión informada, como ciudadanos responsables”.
El mismo Papa Benedicto XVI defendió la actual situación maltesa en su visita a la isla, declarando: “Vuestra nación debe seguir defendiendo la indisolubilidad del matrimonio como institución natural además de sacramental y la verdadera naturaleza de la familia, al igual que defiende la sacralidad de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y el respeto debido a la libertad religiosa”. Varios políticos importantes sostienen esta misma postura, como el ex-Presidente Eddie Fenech Adami, que afirmó: “Seguimos vinculados por el principio de que el matrimonio es para toda la vida y deberíamos estar orgullosos de ello”.
Aunque la propuesta de ley original del parlamentario maltés no prosperó, el Partido Laborista presentó recientemente una moción para debatir el tema con vistas a la celebración de un referéndum. A pesar de algunas voces en contra, todo parece indicar que los malteses tendrán que pronunciarse próximamente en referéndum sobre si quieren o no que se adopte una legislación similar a la de la mayoría de los países del mundo. Este referéndum será el primero que se celebra en Malta desde 2003, fecha en la que los malteses apoyaron mayoritariamente la entrada del país en la Unión Europea. El Primer Ministro, Lawrence Gonzi, propuso el jueves pasado la fecha del 28 de mayo de este año para el referéndum sobre el divorcio, mientras que Joseph Muscat, el líder del Partido Laborista opositor, preferiría adelantar la fecha del mismo, que aún no ha sido decidida definitivamente.
El Partido Nacional Demócrata-Cristiano, actualmente en el poder, ha declarado oficialmente su oposición a la aceptación del divorcio, a pesar de la discrepancia de algunos de sus miembros, como el propio Jeffrey Pullicino Orlando. Según las encuestas publicadas recientemente en diversos periódicos malteses, existe una ligera mayoría en contra del divorcio, pero ambos bandos se parecen lo suficiente como para que resulte difícil prever el resultado de la consulta popular.
Tras la integración en la Unión Europea, los partidarios del divorcio juegan incesantemente la carta de la integración y la homogeneidad con el resto de Europa y el mundo, donde el divorcio es algo normal. De hecho, el último cambio realizado en relación con el divorcio en Malta se debió precisamente a la presión internacional. Desde 1975, Malta reconoce los divorcios producidos en otros países, incluso los realizados entre ciudadanos malteses, pero no admite el divorcio dentro de sus fronteras, ni siquiera entre extranjeros, creando así una especie de “doble baremo”.
Por su parte, aquellos que se oponen al divorcio señalan que su aceptación exportaría a Malta la inseguridad familiar presente en otros países, recordando que, en varios países de Europa, acaban en divorcio la mitad de los matrimonios que se celebran. Un cambio en la legislación exigiría renegociar el concordato de Malta con la Santa Sede, que recoge la prohibición del divorcio entre sus cláusulas. La Iglesia teme, además, que la aceptación legal del divorcio en Malta sea el primer paso para una futura introducción del aborto, el matrimonio homosexual y otras innovaciones que se han ido haciendo cada vez más frecuentes en los demás países europeos.
