(Agencias/InfoCatólica) Además de la cuestión del aborto, que ha surgido en el turno de preguntas y respuestas, en el desayuno convocado por el Fórum Europa Tribuna Catalunya, el abad ha centrado su discurso, ante representantes políticos y civiles de la sociedad catalana, en la necesidad de aplicar un “humanismo cristiano” en la economía actual, frente la crisis actual que, a su juicio, esconde una “crisis de valores”.
Además, el abad ha considerado “normal” la presencia de senyeres (banderas catalanas) en los actos masivos durante la visita del Papa a Barcelona el 6 y 7 de noviembre para dedicar el templo de la Sagrada Familia al culto. El Abad se ha referido a esta cuestión calificando de “normal el hecho de que haya banderas del país que lo recibe”. “Como creo que las habrá también gallegas en Santiago de Compostela”, ha añadido, al tiempo que ha apuntado la posibilidad de que también haya banderas españolas.
En cualquier caso, ha señalado que “lo importante” no son las banderas, sino el mensaje y la reflexión que estimulará Benedicto XVI con su viaje a la capital catalana.
La nueva Ley de Aborto, condenada expresamente por la CEE en varias ocasiones
Sobre la “Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, de 3 de marzo 2010, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha realizado varias declaraciones condenando la nueva Ley de Aborto. Así, en la Declaración de la Comisión Permanente de la CEE, de 17 de junio de 2009, Sobre el Anteproyecto de “Ley del aborto”: atentar contra la vida de los que van a nacer, convertido en “derecho”, los obispos españoles afirmaban con rotundidad que “de llegar a convertirse en Ley, supondrían un serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y, en definitiva, un daño muy serio para el bien común”.
También en la Nota de prensa tras la 94º reunión de la Asamblea Plenaria, el 27 de noviembre de 2009, la CEE reiteraba que “este Proyecto de Ley ‘constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta’”, por lo que “nadie que atienda a los imperativos de la recta razón puede aprobar ni dar su voto a este proyecto de ley”. Por el contrario, proseguía,
“los católicos estamos por el “sí” a la vida de los seres humanos inocentes e indefensos que tienen derecho a nacer; por el “sí” a una adecuada educación afectivo-sexual que capacite para el amor verdadero; por el “sí” a la mujer gestante, que ha de ser eficazmente apoyada en su derecho a la maternidad; por el “sí” a leyes justas que favorezcan el bien común y no confundan la injusticia con el derecho”.
Finalmente, en la fecha de su entrada en vigor, el 5 de julio de este año, una Nota de la CEE afirmaba tajantemente que
“Es necesario recordar que se trata de una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral -en particular, la católica- ya que, desde el punto de vista ético, empeora la legislación vigente por los siguientes motivos fundamentales. Primero, y sobre todo, porque considera la eliminación de la vida de los que van a nacer como un derecho de la gestante durante las primeras catorce semanas del embarazo, dejando prácticamente sin protección alguna esas vidas humanas, justo en el tiempo en el que se producen la gran mayo ría de los abortos. En segundo lugar, porque establece un concepto de salud tan ambiguo que equivale a la introducción de las llamadas indicaciones social y eugenésica como justificación legal del aborto. En tercer lugar, porque impone en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y de género”.
Mons. Pujol reiteró en septiembre la obligación de no obedecer en conciencia a las leyes que van en contra de la vida humana
Se da además la circunstancia de que hace sólo un mes, en su carta Religión y sociedad civil, el arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol precisaba, en relación con obligación de obedecer a las autoridades y las leyes, que los católicos deben prestar como ciudadanos, que “esto implica también la obligación de no obedecer en conciencia cuando las leyes de las autoridades civiles se oponen a las exigencias del orden moral”, lo cual “es especialmente grave si esas leyes van en contra de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural”.
